La década precarizada: el Estado, fuente de trabajo informal

Cristina anunció un plan para “combatir” la precarización laboral en las Pymes. Sin embargo, los ministerios cuentan con miles de trabajadores contratados y tercerizados. Una herramienta de disciplinamiento político y un doble discurso  

Cristina dice, ahora, que se propone acabar con el trabajo informal.  Se olvidó de mencionar, sin embargo, que es el Estado la principal fuente de trabajo informal en Argentina. En cada una de las dependencias y ministerios municipales, provinciales o nacionales, se viola la ley y se explota a los trabajadores, en una política que, además, sirve para “aleccionar” a los empleados a partir de la dependencia laboral. 

Las cifras 

Solo en el Estado Nacional, el 16% de los trabajadores se encuentra bajo contrato. Pero si no se consideran los ministerios de Seguridad y Defensa, donde se encuentra el personal policial y de fuerzas armadas, el porcentaje de contratados del empleo público nacional llega al 40%. Este 40% no posee los derechos de una relación de dependencia: vacaciones, licencia por maternidad, aguinaldo, días de estudio, negocian su salario individualmente y no tiene aseguradora de riesgos de trabajo, entre otras cosas.

Esta realidad varía según cada ministerio. En Jefatura de Gabinete directamente los contratados duplican a los trabajadores de planta. En el Ministerio de Trabajo, el 70% del personal de la administración tiene contratos anuales, es decir, está precarizado (ver aparte). A su vez, resulta llamativo también el caso de Desarrollo Social, conducido por Alicia Kirchner, donde casi el 80 por ciento de sus empleados son contratados.

Tampoco se debe olvidar a los trabajadores que reciben distintos tipos de planes de empleo, ya sea nacionales o provinciales, y que terminan realizando tareas similares a cualquier otro trabajador público con una remuneración inferior y el no reconocimiento de sus derechos como trabajador. A pesar de todo esto, para el Estado no hay registro de infractores, ni multas, ni pérdida de beneficios.

Disciplinamiento político 

Además de no tener una estabilidad laboral que le permita pensar a futuro, proyectar u obtener créditos, los trabajadores precarizados por el Estado tienen otras desventajas respecto a la llamada planta permanente: sus salarios son más bajos y se contemplan de distinta forma las vacaciones y los bonos por título. Pero sin dudas, su principal problema es el disciplinamiento político al que son sometidos en sus puestos de trabajo. Con la amenaza de perderlo todo,  deben apoyar a los mismos funcionarios que no les reconocen derechos. Así, en muchos casos, suelen llenar palcos en los actos políticos, y en tiempos donde los militantes coparon las oficinas del Estado, deben mostrar permanente obediencia política a sus superiores. 

A sabiendas de esta situación, que constituye hoy un sistema promovido por el propio kirchnerismo para alinear a la tropa y evitar cargas impositivas, Cristina Kirchner anunció que combatirá el trabajo informal con un plan que apunta a las pymes. Pequeñas y medianas empresas, el sector productivo de la nación que más empleo da, y que en tiempos de crisis como los actuales, ve peligrar su subsistencia económica. Una vez más, el gobierno busca apretar a los emprendedores, a los que producen, y agiganta las deterioradas estructuras de un elefante blanco que tambalea. El Estado, en la era K, es una fuente de trabajo informal. Y el elefante está agotado. 

La paradoja del Ministerio de Trabajo 

En términos técnicos, los factores que definen el trabajo precario son, entre otros, aquellos contratos que no tienen obra social, no tienen aportes jubilatorios y poseen fecha de finalización. Hay diversas maneras de informalizar al trabajador, una de ellas es la tercerización, muy utilizada en las dependencias del Estado, que contratan mano de obra a través de un intermediario. El recurso más habitual, aquí, es que los ministerios realicen “convenios de asistencia” con las universidades nacionales. 

El mismo Ministerio de Trabajo, en 2008, firmó un documento con el Banco Mundial para combatir esta situación, donde define la precariedad como “una inserción laboral endeble de los trabajadores asalariados. (…) Da cuenta de características ocupacionales que impulsan, o al menos facilitan, la exclusión del trabajador del marco de su ocupación y se expresan en la participación intermitente en la actividad laboral, la existencia de condiciones contractuales que no garantizan la permanencia de la relación de dependencia (contratos de tiempo parcial, eventual, etc.)”. 

Ahora bien, si nos apartamos de los papeles y del relato, el ministro Carlos Tomada tiene que dar cuenta de las numerosas irregularidades que ocurren bajo su ala. Y es a él, vaya paradoja, a quien Cristina delegó la tarea de combatir el trabajo informal. Así las cosas, el kirchnerismo se embarca en una nueva misión: distorsionar la realidad, y tapar la mugre bajo las amplias alfombras de sus ministerios. 

Promesas tras el paro 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la lucha contra el trabajo informal está paralizada desde hace años. El Indec da cuenta, en sus últimos informes, que para el segundo trimestre de 2013, la proporción de trabajadores que no tienen aportes jubilatorios, ni obra social, ART, indemnización en caso de despidos, negociación colectiva, y tantos otros derechos adquiridos, es la misma que en los años 2011 y 2012. Es decir, desde 2010, no se hace nada para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero Cristina vuelve hoy a hacer promesas al respecto, justo después del contundente y masivo paro general. 

Ordenan el pase a planta de profesionales

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, a cargo de Luis Federico Arias, ordenó a la administración pública bonaerense pasar a planta permanente a varios auditores del IOMA que, desde hace varios años, venían trabajando como contratados. En algunos casos, los profesionales están hace dos décadas trabajando de forma irregular.

El fallo judicial se produjo luego de que el gremio Supttioma iniciara una causa judicial contra el Estado Provincial, reclamando “eliminar el trabajo en negro en el IOMA”.

Según se informó, “la sentencia reconoce elementales derechos a la estabilidad del empleado público, siendo una de las doce causas que se encuentran judicializadas con el ánimo de defender derechos de los empleados públicos. Además viene a constituirse en un fecundo antecedente para los próximos reclamos que se encuentran en vías de dinamizarse”. La acción contencioso administrativa fue promovida por Idelmar Raúl Seillant, María Adela Silvera, Sandra Rodríguez, Silvia Adela Gutiérrez; Adriana Benavidez; Edith Graciela Díaz y Sandra Bottero. Se reconoció el derecho de los actores a la estabilidad en el ejercicio de sus respectivas funciones, como médicos auditores del IOMA.