La estrategia judicial para frenar la ley de Abastecimiento
El G-6 que nuclea a la UIA, banqueros, el campo, la construcción y el comercio ya contactó a abogados expertos en derecho constitucional y administrativo para plantear una acción declarativa por inconstitucionalidad en tribunales la semana próxima. El grupo quiere ser la punta de lanza del reclamo, adelantarse a la aplicación de la norma por parte del gobierno y evitar que lluevan amparos dispersos por empresa o sector en distintos puntos del país.
El titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere insistió en declaraciones radiales precisó que la nueva Ley de Abastecimiento “viola, por lo menos, tres principios constitucionales fundamentales: el derecho a la propiedad; el de asociarse para ejercer industria lícita; y también vemos que hay una delegación de facultades judiciales en el Ejecutivo”.
El G-6 no va a esperar a que se reglamente la norma para ir a la Justicia. Hoy ya fue promulgada en el Boletín Oficial, por lo tanto, ya está vigente. El grupo empresario se quiere plantar como la cabeza política que desafiará al gobierno ante tribunales. No quiere que ninguna empresa o asociación menor se desgaste en la pelea judicial y hasta pueda perder ante los magistrados provinciales, generalmente más porosos a la presión política.
La idea de plantear una acción declaratoria de inconstitucionalidad es que la medida tenga un alcance nacional para todos los afectados. El estudio Cassagne, experto en este tipo de amparos, ya fue contactado para ser parte del equipo legal. El gran cerebro legal del G-6 será el constitucionalista Daniel Sabsay, quien ya aceptó el desafío. También se busca sumar a los expertos en derecho constitucional Jorge Vanossi y Alberto García Lema como consejeros y así sumar peso político y jurídico.
Los empresarios se animan a cuestionar en la Justicia una ley que el gobierno considera clave para bajar la inflación y proteger a los consumidores. "La justicia ya no es la de antes. Estamos ante el fin de un ciclo político", confían fuentes del sector que llevará su reclamo a tribunales.