La Justicia suspendió los aumentos de luz en la Provincia

El magistrado platense Luis Arias hizo lugar a una medida precautelar que había presentado la Defensoría del Pueblo bonaerense. La misma ordena dejar sin efecto los nuevos cuadros tarifarios y refacturar el servicio. El gobierno provincial apelará la decisión

La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata resolvió ayer suspender los aumentos de la tarifa de luz para los usuarios de La Plata y el interior de la Provincia de Buenos Aires, al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

Las subas habían sido facturadas por las empresas Edelap, Eden, Edes y Edea y por las cooperativas eléctricas bonaerenses. En ese sentido, el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de La Plata, Luis Federico Arias, ordenó que las empresas eléctricas facturen nuevamente los servicios.

El texto del fallo ordena dejar sin efecto “la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios para la distribución del servicio público de energía, autorizados mediante la Resolución nº 22 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia”.

El magistrado planteó que ante esta medida las empresas no deben afectar la prestación de los beneficios de la tarifa social, del servicio que se ofrece a los electrodependientes ni a las entidades de bien público.

Diez días atrás, el gobierno provincial había habilitado a las distribuidoras eléctricas a aplicar un aumento promedio del 58,1% en las facturas de luz. El Gobierno nacional dispuso un incremento promedio del 39% desde febrero para las concesiones de Edesur y Edenor. El resto de las provincias siguió ese camino, pero Buenos Aires esperó un tiempo para aplicar el nuevo cuadro tarifario.

Finalmente, el 9 de mayo pasado se publicó en el Boletín Oficial bonaerense la resolución que establece el incremento. El promedio establecido fue del 58%, aunque con variaciones, según la distribuidora.

Esta cifra estimativa se desprende de la suma del aumento del 39,2% que autorizó en febrero pasado el gobierno de Mauricio Macri a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), más un incremento del 18,9% que el Ejecutivo bonaerense autorizó a aplicar a las cuatro empresas distribuidoras (Edelap, EDEN, EDEA y EDES) y a las cooperativas que cumplen esa función en el interior de la Provincia.

La suba que había entrado en vigencia dejaba asimismo la puerta abierta para una segunda recomposición, en diciembre, de alrededor del 7%. De esta forma, el incremento de 2017 sería en total de un 65%.

Sin embargo, luego se conoció que el nuevo cuadro tarifario incluía aumentos muy superiores, los cuales cuando finalice el año oscilarán entre el 107% y el 126% .

Subas aplazadas

Cuando fue oficializada la actualización de las tarifas, se estimaba que un cliente de Edelap que venía pagando $200 mensuales pasaría a abonar $306, lo que representa una suba del 50%, y que en diciembre la tarifa escalaría a $329. En el caso de los clientes del norte bonaerense (Eden) su boleta aumentaría un 43%, trepando de $310 mensuales a $479.

Un hogar promedio, con la prestataria Edea (en la Costa Atlántica), pagaba por la luz alrededor de $270 cada 30 días, mientras que ahora le llegaría una factura promedio de $414, lo que también representa un 50% de incremento. Pero el más marcado es el de Edes (sur bonaerense), donde se esperaba que suba un 70%, pasando de $310 a $ 480.

Pese a la difusión de estos datos, el juez Arias destacó en su fallo que “los valores de las tarifas incluyen aumentos del orden del 60% y que en algunos casos -particularmente en la región del Gran La Plata- supera el 100% para usuarios residenciales, todo lo cual supone un apartamiento del principio de tarifas justas y razonables”.

La resolución que se oficializó en los primeros días del mes también establece un tope al incremento para la tarifa social: ningún hogar con ese beneficio pagará más de $50 mensuales. Como parte de la misma disposición, se incluyó un plan de inversiones que implica obras para este año por 580 millones de pesos y más de 5.800 en cinco años.

Según la resolución, la empresa Edelap se compromete a invertir 1.307 millones de pesos; EDEA, 600 millones; EDEN, casi 3.000 millones y EDES, otros 983 millones de pesos.

El lunes, la Defensoría propondrá en el juzgado un ámbito de diálogo con los funcionarios de Infraestructura de la Provincia para conversar sobre la política tarifaria.

El gobierno bonaerense aportará información

Luego de conocido el fallo, el juez Luis Arias explicó que “nosotros hemos pedido informes al Poder Ejecutivo, estamos a la espera de esa información. A partir de allí lo vamos a analizar con un poco más de profundidad para confirmar la medida cautelar o modificar esta decisión que hemos tomado, y después vendrá la decisión de fondo”.

Por su parte, advirtió que “aquí hay varios problemas: además de la razonabiliad de la tarifa, hay que tener en cuenta que estaban previstas diversas inversiones y hay una discusión de si las mismas deben formar parte de las tarifas o no, si tienen naturaleza tarifaria o bien tributaria”. 

“Hay que definir diversas cuestiones, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con el gran impacto y el aumento que han tenido las tarifas”, señaló.

Desde el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, conducido por Roberto Gigante, señalaron a este medio que la medida establecida por la Justicia va a ser apelada. “Estamos sujetos a derecho, se le va a dar la información que pide el juez”, indicaron desde esa cartera bonaerense.

Por su parte, el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, celebró el fallo, considerando que “reconoce una de nuestras grandes preocupaciones, que es la que tiene que ver con que los consumidores están hace tiempo afectados por subas en todos los servicios”. 

“Seguiremos defendiendo el bolsillo de la gente, porque es inadmisible que el único camino que se tome sea que los usuarios se hagan cargo de todas las fallas del sistema”, expresó.