Lo confirmó el ministro Gustavo Ferrari

La Provincia desplazó a más de 800 agentes del Servicio Penitenciario

El ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, confirmó que, además, se iniciaron otros 5.000 sumarios. Este medio había adelantado el apartamiento de 4.308 efectivos de la Bonaerense

Luego de que diario Hoy  revelara que la gobernadora María Eugenia Vidal había desplazado a más de 400 agentes de la Policía Bonaerense e iniciado 10.761 sumarios en esa fuerza, el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, confirmó ayer que la purga también llegó al Servicio Penitenciario (SPB), con 847 agentes exonerados y 5.000 sumarios en trámite. Fueron removidos, además, 64 jefes: cinco de la plana mayor, nueve subsecretarios generales, seis titulares de complejo, ocho secretarios y 36 directores de unidades.

Ferrari ratificó que estos desplazamientos son producto de la decisión política de “terminar con el autogobierno del Servicio Penitenciario” que imperó durante “décadas” y que generó una “percepción de impunidad consolidada”. 

En declaraciones periodísticas, el ministro provincial sostuvo que desde que la gobernadora dispuso la intervención del SPB en noviembre, se encontraron “56 personas condenadas por la Justicia que estaban activas, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 agentes que tenían probation”.

Libre albedrío

Entre las irregularidades encontradas, el titular de la cartera de Justicia bonaerense indicó que se descubrió que había “más personal administrativo que dentro de las cárceles; médicos que estaban en sus consultorios y cobraban un sueldo del Servicio Penitenciario y hasta unidades sin doctores”.

“Estamos ordenando traslados hacia las cárceles y se están produciendo renuncias masivas porque, claro, algunos médicos nunca pensaron en ir a los penales. La idea era quedarse en La Plata o en algún otro lugar, cobrar un sueldo del SPB y no ir a ejercer su profesión donde había que hacerlo”, agregó.

En cuanto a los 5.000 sumarios en trámite, Ferrari recordó que “no todas las sanciones” pueden ser “expulsivas”, por lo que hasta ahora no sabe “cuántos terminarán también siendo desvinculados del Servicio Penitenciario”, aunque “muchos (de los agentes sumariados) están en disponibilidad preventiva”.

En ese sentido, el funcionario de Vidal precisó que para evitar que se reproduzca el autogobierno en el SPB están “enviando el nuevo estatuto a la Legislatura provincial”, ya que el vigente data de 1980, cuando gobernaba la dictadura, y “mantiene una estructura en la que evidentemente los derechos humanos y la administración civil no existían”.

La primera purga

El lunes pasado, este medio adelantó que 800 policías se encontraban en trámite de proceso de expulsión.

También contó que, desde el 10 de diciembre de 2015 y hasta el 31 de marzo pasado, la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) había iniciado 10.761 sumarios a integrantes de la Policía Bonaerense, de los cuales 4.308 fueron apartados, 1.152 resultaron suspendidos, 405 exonerados y 354 terminaron detenidos. 

Irregularidades por doquier

Una de las primeras medidas tomadas por el área de Auditoría y Control de Gestión del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuando la gobernadora de la Provincia María Eugenia Vidal ordenó intervenir la fuerza, fue pedir el registro de reincidencia y cruzarlo con la base de datos de los 23.000 agentes. 

El resultado del entrecruzamiento de datos fue la identificación de 56 efectivos condenados, 67 procesados, 62 con causas elevadas a juicio y 215 con probation. Un total de 400 policías condenados por delitos que seguían cobrando su sueldo. 

Desde el sector aseguran que en los últimos años, no se les pedían antecedentes penales a quienes ingresaban en el SPB .

Otra de las fuertes irregularidades halladas por el personal de la auditoría fue el alto índice de inasistencias detectado.

Según fuentes del sector, antes de la intervención no había control alguno de asistencia en las unidades. Cuando desde la auditoría empezaron a hacerlo, en noviembre pasado, se dieron cuenta de que la gran mayoría de las personas del área de salud penitenciaria (médicos, enfermeros, psicólogos) no cumplía el tiempo mínimo de trabajo. 

Encontraron que figuraban 8.000 agentes desempeñándose en tareas administrativas, pero de ese total, solo 543 estaban inscriptos en el escalafón administrativo. El resto pertenecía al escalafón general, por lo que cobraban un 35 por ciento más pero debían estar en las unidades, en contacto con los presos, cosa que no se cumplía. 

Desde entonces, muchos trabajadores están siendo enviados nuevamente a las unidades penales, lo que está desencadenando una larga lista de renuncias.

A su vez, según consignan los encargados de realizar las auditorías en el SPB, se decidió que a partir de ahora solo cobren viáticos y horas extras quienes trabajan en las cárceles, y no el personal administrativo. 

“Es un incentivo para quienes están en contacto con los internos, ya que es un trabajo de riesgo comparado con las tareas de oficina, en las que el riesgo más grande es quedarse sin tinta para la impresora”, explicaron desde el sector”.

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