Las provincias con la soga al cuello
Las administraciones provinciales serán las más perjudicadas por la restricción crediticia que implica el fallo de la Justicia estadounidense en favor de los holdouts, ya que este año requerirán de necesidades de financiamiento por 45 mil millones de pesos.
La situación cobra especial importancia ante el pago de la primera cuota del aguinaldo, en un contexto en el que además del Estado nacional, la deuda de cinco provincias (Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Salta y Neuquén) y la de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una baja en la calificación por parte de Standard & Poor's, añadió la entidad.
"A diferencia de la Nación, que es asistida por el Banco Central y se ve beneficiada por el efecto de la devaluación en los recursos del comercio exterior, las provincias no pueden emitir para financiar su déficit, sus gastos son muy inflexibles a la baja (el 50% corresponde a salarios) y el efecto positivo de la devaluación alcanza a sólo 2 por ciento de sus ingresos totales", señaló.
Precisó que "este año las provincias deberán cubrir necesidades de financiamiento cercanas al 1,5% del PBI ($ 45.000 millones), por encima del 1 por ciento de 2013", por lo que "el endeudamiento era central para cerrar las cuentas de las provincias en 2014", al punto que "la mayor parte de los presupuestos provinciales 2014 cerró con déficit a ser financiado (en más de un 80%) con emisión de deuda".
"Así se entiende que las provincias miraban con buenos ojos el giro en la estrategia de financiamiento externo realizado por el Gobierno Nacional con el CIADI, Repsol y el Club de París, ya que esto representaba una oportunidad para salir a los mercados internacionales y hacerse de recursos a tasas más bajas", consideró.
Muchas provincias "optaron por esperar a la resolución de la Corte para colocar deuda en los mercados externos", pero la resolución judicial adversa "alteró los planes provinciales en el corto plazo", advirtió.
Otra muestra de impunidad:
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral tuvo que cerrar, a contramano de su voluntad, una denuncia por presuntas irregularidades en la construcción de represas en Santa Cruz "Presidente Néstor Kirchner" y "Gobernador Jorge Cepernic".
Canicoba Corral dijo que la fiscalía no había instado la acción penal en la denuncia que habían planteado los radicales Ricardo Gil Lavedra (ex diputado y ex juez) y Manuel Garrido (diputado y ex fiscal). Por eso, reclamó a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, una reforma judicial para actuar en casos como este, donde existe un "vacío legal".
En agosto pasado, una denuncia periodística advirtió sobre irregularidades que se habrían producido en el proceso licitatorio para la construcción de las represas de Santa Cruz, que implicaba una inversión de 21.600 millones de pesos.