Ley de Emergencia administrativa: Piden declarar la inconstitucionalidad

Los gremios del Estado presentarán esta semana una acción judicial por considerar que la norma impulsada por Vidal violenta la constitución provincial y precariza el trabajo del empleado público. El recurso será presentado ante la Suprema Corte de Justicia

La Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica aprobada el pasado 19 de mayo por la Legislatura bonaerense, sigue trayendo fuerte polémica en el seno político provincial, lo que ha llevado a que diferentes gremios del Estado, presenten esta semana una acción originaria de inconstitucionalidad de la normativa ante la Suprema Corte de Justicia.

Con este recurso, se busca atacar los flancos débiles de una iniciativa que ha generado el rechazo unánime del ámbito trabajador, por representar la misma una mayor precarización laboral  y por ser un retroceso en materia sindical, ya que se modifica la ley 10.430 de Régimen para el Personal de la Administración Pública, facilitando la contratación de empresas privadas para realizar tareas en organismos públicos.

La presentación, que será hecha ante el máximo tribunal entre mañana y pasado, consistirá en una acción originaria de inconstitucionalidad, ya que así lo determina el Código de Procedimientos, que dice que luego de dictarse una ley, hay 30 días para plantear directamente a la Suprema Corte de Justicia provincial un recurso extraordinario para que sea tratado en forma acelerada y sea de rápida resolución.

Severas críticas

Para los gremios que realizarán el recurso, entre ellos el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (SOEME), que conduce el ingeniero Marcelo Balcedo, ATE que dirige Oscar De Isasi o el Suteba al mando de Roberto Baradel, entre otros, la ley impuesta por la gobernadora María Eugenia Vidal, tiende a la “precarización laboral” y a la “discriminación” del empleado público.
Una de las críticas está dada por el régimen de contrataciones del Estado, que antes existía todo un procedimiento que cumplir pasando por diferentes organismos, garantizando la transparencia de los contratos, y que la ley de Cambiemos estipula que a los 10 días de presentado en el organismo, si no hay una respuesta positiva, se presume que dicho organismo dio el visto bueno, acabando así con el sistema republicano de gobierno, que es el control administrativo y constitucional.

La desproporcionalidad de la ley, hace que se eliminen los controles, y al realizar esto, el Ejecutivo podría imponer como le plazca una modalidad de contratación totalmente alejada a los convenios establecidos, pudiendo así emplear personal amigo para la realización de diversas tareas, pagándole por su servicio un sueldo altamente superior al que cobra un empleado estatal, que la norma indica en hasta 160.000 pesos por mes, unas quince veces más de lo que cobra un trabajador bonaerense promedio.

Para los gremios, todas estas formas de contratación, son precarizadas e inconstitucionales, y sirven solamente para disciplinar a los trabajadores.  La ley para hacer contrataciones fuera de la planta permanente del Estado, dice que son tareas limitadas en el tiempo y que no puedan ser hechas por el personal de planta permanente del Estado, quitando así el principio de estabilidad que regía al empleo público en la provincia, y la introducción de empresas privadas en el ámbito estatal..

Además, se considera a la normativa discriminatoria, porque solo se puede contratar personal profesional y técnico, excluyendo así al resto del universo de los trabajadores, que es el personal obrero que cubre diversas tareas en los organismos públicos.

Un nuevo golpe para la administración de Vidal, que ve como una ley que ella misma había declarado como “vital” para la supervivencia de su gobierno, se ve sumergida en una severa polémica en la Justicia, que deberá ahora decidir si la normativa es constitucional o no, poniendo al gobierno de Cambiemos contra la espada y la pared.

Una pelea en varios frentes

No solo desde lo judicial la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica impuesta por el gobierno de María Eugenia Vidal está siendo atacada, sino que la presentación hecha por los legisladores del peronismo en la Cámara baja para pedir la nulidad de la misma, sigue su curso.

Desde la oposición, los diputados sostienen que al momento de sancionarse la iniciativa en el recinto, el mismo estaba sumergido en un caos, que incluyó golpes, empujones, gritos e insultos, lo que hizo que no pudiera existir un registro claro de los legisladores presentes al momento de emitir su voto.

Además, el PJ destaca que al haberse realizado una votación a libre cerrado, sin ningún clase de discusión por haber prohibido el debate, no se permitió el sufragio en forma particular, así como tampoco el recuento nominal de los votos.

Quien encabeza este levantamiento contra la norma, fue el diputado Walter Abarca, quien se ha encargado de sostener públicamente que este proyecto “es una fiel copia de la flexibilización laboral ejecutada por el gobierno de Fernando de la Rúa, que tantas desgracias trajo para el país”.

Con esta acción, el PJ busca atacar a la iniciativa del PRO desde todos los ángulos posibles en el ámbito legislativo, tratando así de frenar una ley que genera el rechazo de todo el universo sindical.

“Esta normativa flexibiliza los controles del Estado”

Por Roberto Baradel (Titular de Suteba)
Especial para Hoy

Nosotros, en conjunto con otros gremios del arco estatal de la provincia de Buenos Aires, estamos terminando de armar la presentación judicial que presentaremos en los próximos días buscando la inconstitucionalidad de la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica.

Con esta iniciativa, el gobierno lo que intenta es desconocer lisa y llanamente los alcances de la Ley 10.430 de Régimen para el Personal de la Administración Pública, en cuanto al tema del nombramiento de personal y despido de personal, pudiendo hacer las autoridades prácticamente lo que se les antoje respecto a este tema, precarizando aún más la situación de los trabajadores del Estado.

Además, esta normativa flexibiliza el tema de los controles del Estado, donde no existe el procedimiento mínimo y adecuado que deberían tener todas las  convocatorias que se lanzan desde el Ejecutivo para diferentes procesos de licitación y demás.

“Es una ley antidemocrática”

Por Susana Mariño (Secretaria Adjunta del SOEME)
Especial para Hoy

Hacemos esta presentación legal, simplemente porque esta ley es antidemocrática, era innecesaria y no cubre para nada las necesidades de la modernización del Estado, sino todo lo contrario, porque a lo único que apunta es que se hagan contrataciones directas de personal pasando por encima de la Ley 10.430.

Se busca acabar con el principio de estabilidad de los trabajadores del Estado, contratando por 2 o 3 meses. Se finalizan los contratos hoy existentes, renovándolos como les dé la gana, contratando a otro personal por 3 o 6 meses, y a todo eso lo hacen sin ningún control del Estado.

Los funcionarios van a tener la facultad de nombrar por fuera de las leyes, asesores con altísimos sueldos, saliendo de las paritarias y sin control alguno, o sea, que un funcionario contratará por 1 o 3 meses o lo que quieran, a asesores que pueden cobrar altísimas subas por fuera de cualquier convenio.

“Se violenta la legislación laboral”

Por Oscar De Isasi (Titular de ATE provincia de Buenos Aires)
Especial para Hoy

El gobierno de María Eugenia Vidal está dispuesto a avanzar con el ajuste en la provincia de Buenos Aires a cualquier precio, y para ello no escatima en propuestas escandalosas como la Ley de Emergencia Administrativa y Tecnológica en todo el territorio provincial.

Nosotros vamos a plantear la inconstitucionalidad de esta Ley, principalmente porque se violenta la legislación laboral y la Constitución Provincial.

Con lo impuesto por la gobernadora, lo que se hace es precarizar aún más las relaciones laborales, generando contratos basura que quitan los escasos derechos laborales que todavía tienen los trabajadores, rompiendo con la posibilidad de poder pasar a planta permanente a quienes están contratados por el Estado bonaerense.

Lo que está claro con esto, es que se busca disciplinar a los trabajadores para que acaten medidas y decisiones injustas como esta ley.

“Es una iniciativa violatoria del principio constitucional”

Por Pablo Abramovich (Titular de la Asociación Judicial Bonaerense)
Especial para Hoy

La constitución es muy clara, y la misma se establece que en el empleo público, uno de los principios es la estabilidad, con lo cual os mecanismos que buscan implementar  son los mismos que tuvimos en los años ’90, afectando las condiciones de estabilidad a través de contratos de locación de servicios o de contratos de locaciones de obras.

Es una iniciativa violatoria del principio constitucional, lo único que hace es perjudicar el proceso de jerarquización que es necesario en la función pública. Necesitamos trabajadores con estabilidad, que se formen y con buenos salarios, para poder garantizar un Estado que sea capaz de dar respuesta a los ciudadanos, con lo cual, estamos absolutamente en contra de lo que dice esta ley, que habilita al Estado a contratar mediante locaciones de servicios, personal que debería ser personal estable del Estado provincial.

“Se abre el camino a privatizaciones”

Por Fernando Corsiglia (Presidente de la CICOP)
Especial para Hoy

Somos críticos de esta ley, porque por un lado promueve la precarización, habilitando al Ejecutivo a avanzar rápidamente en condiciones de contratación que están por fuera de la ley, y por otro lado, favorece la posibilidad de negocios al establecer plazos muy pequeños para generar los procesos de licitación correspondientes. Vemos que hay una alta probabilidad de que se generen negocios fuera de lo que deberían ser los cánones habituales.

Se abre el camino a privatizaciones y mayores precarizaciones. Esas posibilidades están reñidas con lo que planteó la población en su decisión electoral y lo que planteamos nosotros como trabajadores.

En lo que respecta a la Salud, nosotros lo vemos como preocupante y como un avance contra los derechos y estabilidad de los trabajadores. Nosotros estamos en pleno plan de lucha con el gobierno respecto de nuestra situación salarial y laboral.