Macri y Aguad, imputados por el acuerdo con el Correo

Así lo dispuso el fiscal Zoni, en un dictamen que también alcanzó al director de Asuntos Jurídicos de Telecomunicaciones, Juan Mocoroa. Las acusaciones se dan en el marco de las denuncias penales que se realizaron tras conocerse los detalles del acuerdo entre la empresa de la familia presidencial y el gobierno de Cambiemos 

El Presidente Mauricio Macri, el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, y el director de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio, Juan Mocoroa, fueron imputados penalmente por el fiscal federal Juan Pedro Zoni como consecuencia del acuerdo que el Gobierno alcanzó con el Grupo Macri por la deuda del Correo Argentino SA. La medida fue impulsada ante el juez federal Ariel Lijo, a quien el fiscal pidió las primeras medidas de prueba para investigar la negociación. 

La acción penal fue promovida por Zoni a raíz de dos de las denuncias que llegaron a Comodoro Py: la de un abogado particular, Daniel Igolnikov, y la de la agrupación política Nuevo Encuentro. La medida judicial se dio horas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, solicitara en conferencia de prensa una audiencia de carácter “urgente” con la Cámara Federal, a fin de abordar y tratar las pautas del convenio que realizó el Estado. 

En este marco, hay otras tres denuncias: una de otro abogado particular y una del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, las cuales recayeron en el juez Rodolfo Canicoba Corral; la tercera acusación fue presentada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Qué argumentó el fiscal 

El representante del ministerio público no precisó los cargos imputados, pero consideró que el caso merece una investigación porque “se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”. El acuerdo fue firmado a los seis meses de que Macri asumiera el poder y, en este sentido, Zoni aseguró que la indagación sobre los hechos es necesaria para “corroborar la existencia de conductas delictivas estrechamente vinculadas al proceso concursal” del Correo.

Por otro lado, en el dictamen emitido por el fiscal, Mocoroa aparece descripto como un funcionario incompetente para realizar la negociación, que “desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario de forma directa o indirecta de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquel”.

Zoni solicitó investigar qué responsabilidad penal le cabe a los funcionarios públicos y particulares, en referencia a todos los que participaron en forma directa o indirecta a lo largo de este caso, en el que “el interés público no habría sido protegido de la forma adecuada”. En el dictamen se solicita también analizar el cambio de estrategia de defensa del Estado en el concurso preventivo, “mediante el cual se prestó conformidad a una propuesta abusiva que implicaría un perjuicio fiscal”, indicó el fiscal. 

El Congreso debatirá la millonaria condonación 

Diputados del Frente Renovador y senadores del GEN invitaron para el próximo martes a las 15 horas al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, a que brinde información sobre el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino. Tras una conferencia de prensa ofrecida desde el salón Delia Parodi en la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge (Unidos por una Nueva Argentina) señaló que se trata de “un proceso que requiere transparencia por los valores e intereses que están en juego”.

“Queremos dar una solución con las herramientas con las que contamos para determinar en qué momento el Estado va a recuperar los fondos que les corresponden”, aseguraron desde diputados, y además solicitaron la presencia para el próximo martes de Franco Macri, padre de Mauricio, y de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.

En este sentido, el diputado de Cambiemos, Mario Negri, aseguró que el oficialismo no tiene inconvenientes en que el ministro Aguad concurra a dar explicaciones sobre el acuerdo, por el cual se perdonaría en un 99% la deuda que mantiene la familia presidencial con el Estado.

Cronología del caso

28/06/2016 

Se firmó la propuesta que estableció el pago del Grupo Macri al Estado nacional por un total de $296 millones, a 15 años y con un interés del 7% (unos 600 millones de pesos en total).

08/02/2017

La fiscal Gabriela Boquín dictaminó que debe rechazarse el acuerdo, ya que implicaría una quita de más de $4.000 millones en la actualidad y de más de $70.000 millones a 2033.

09/02/2017

El ministro Oscar Aguad salió a cruce de Boquín. Dijo que sus cálculos eran “erróneos” y que Franco Macri no tiene los recursos suficientes para solventar la deuda.

10/02/2017

La Oficina Anticorrupción (OA) abrió un expediente para analizar el acuerdo y determinar se si violó la Ley de Ética Pública.

10/02/2017

La fiscal Gabriela Boquín amplió su dictamen señalando que Franco Macri actuó con “mala fe procesal” al no informar al juzgado que tramita su quiebra sobre la existencia de una denuncia contra el Estado nacional. 

12/02/2017

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, solicitó que se abra un sumario administrativo para investigar a los funcionarios que intervinieron en el actual convenio.

13/02/2017

La Procuración General del Tesoro dispuso la apertura de un sumario administrativo para “esclarecer los hechos denunciados” y “establecer las responsabilidades administrativas”.

14/02/2017

Después de una semana, el Gobierno dio una respuesta oficial a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en la que consideró que “no hay “conflicto de intereses”.

14/02/2017

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó al Presidente Mauricio Macri y al ministro Oscar Aguad por la comisión de presuntas irregularidades en el acuerdo alcanzado.

La AGN cuestionó el pedido del Gobierno

Después de una semana de silencio por el polémico acuerdo entre el Estado nacional y Correo Argentino SA, que representaría una quita de 70.000 millones de pesos de deuda para la familia Macri, el Gobierno nacional decidió brindar ayer una respuesta a través de una conferencia de prensa a cargo del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

El funcionario nacional anunció que el Gobierno pedirá que la Auditoría General de la Nación (AGN) realice un “informe técnico” sobre el convenio por el pago de la deuda, antes de que el Poder Ejecutivo suscriba “a una postura definitiva” sobre el tema.  

Sin embrago, Peña incurrió en un grave error procesal y en el organismo de control pusieron reparos sobre su anuncio. Desde la Auditoría señalaron que el organismo depende del Congreso y no del Poder Ejecutivo. Por eso, se debe esperar un pronunciamiento del Parlamento antes de actuar. 

El titular de la AGN, Oscar Lamberto, explicó que la Auditoría ya había realizado la planificación anual del organismo y que por ello podría resultar dificultoso analizar un eventual acuerdo por el Correo. 

En este contexto, el presidente de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, José Mayans, adelantó que convocará para el miércoles de la semana próxima a la Comisión, a pedido de los legisladores del oficialismo que quieren que la AGN audite el convenio del Gobierno nacional con el Correo. Consideró que esa determinación se tomará “por la trascendencia y la repercusión del caso”.

Para Stolbizer, “el caso es grave”

La diputada del GEN, Margarita Stolbizer, justificó la convocatoria promovida por Diputados al ministro Aguad, al manifestar que se trata de “un caso grave”, dado que “no es el primero ni el único caso en el Gobierno de conflicto de intereses”. Además, solicitó que se resuelva en el “plano institucional”. La legisladora nacional definió el acuerdo como “perjudicial para el Estado”, pero dijo creer “en la buena fe” de su principal impulsor, el titular de Comunicaciones.

Sin embargo, la diputada advirtió que el convenio dejó a la administración central “al límite de la violación de la ética pública”, por involucrar al Presidente Macri y a su familia. “Hoy estamos frente a esta situación porque nos enteramos de que una fiscal dice que el acuerdo celebrado por el gobierno de Macri con el padre es abusivo y perjudicial para el Estado”, manifestó Stolbizer. 

“De lo perjudicial, a esta altura, casi no caben dudas”, amplió la legisladora, y agregó que “se debían de aquel momento (en referencia al año 2001) 300 millones, dólares o pesos, porque justo es un momento para el que no sabemos exactamente cómo se hace el cálculo”, debido a la convertibilidad, “y con el plan de pagos, hoy, en el mejor de los casos, van a pagar 100 millones o 120 millones de pesos, o sea 8 millones de dólares”. 

La diputada, que salió a criticar la decisión del Gobierno desde que trascendieron los detalles del acuerdo, advirtió sobre “el conflicto de intereses con el propio Presidente” y su familia, a pesar de que no dio una opinión definitiva sobre “la posibilidad de que exista un delito”.

Se aguarda por una respuesta de Carrió

En los últimos días ha sido llamativo el hermetismo de la Coalición Cívica (CC) y de su líder, importante aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, frente al sospechado acuerdo avalado por el Gobierno nacional en beneficio de la familia del Presidente.

El lunes, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, entregó a la CC un informe legal y el expediente del acuerdo entre el Gobierno y la empresa Correo Argentino SA, de Franco Macri. Por su parte, mañana se daría un pronunciamiento por parte de la diputada respecto al caso.

La legisladora porteña de la CC y mano derecha de Carrió, Paula Oliveto, señaló a este medio que Lilita concurrirá mañana al Congreso de la Nación, ámbito que eligió para realizar sus eclaraciones ante la prensa sobre el mencionado convenio entre el Estado y la familia Macri.

La ultraoficialista Alonso ya no cree en el Presidente 

La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, demandó una “paciencia razonable” para que el organismo que conduce investigue el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, asegurando que no pone “las manos en el fuego por nadie”. En declaraciones pronunciadas en el día de ayer, la funcionaria comunicó que “hasta tanto no veamos los papeles me parece irresponsable tener una opinión prima facie, porque no es nuestra tarea”. 

Alonso explicó en este sentido que, “como órgano de control, a la Oficina lo que le corresponde es estudiar el caso y analizarlo en profundidad, de acuerdo a los estándares de la Ley de Ética Pública”, tarea que según ella “lleva tiempo”. “No va a ser eterno, pero por supuesto va a tener un tiempo de desarrollo y evolución razonable”, indicó. 

En referencia a si cree en Mauricio Macri, la directora de la OA, hasta el momento acérrima militante del PRO, contestó que solo tiene confianza plena en sí misma, dado que no puede “poner las manos en el fuego por ningún otro funcionario”.

Negocios familiares: un vicio de la gestión Macri

Panamá Papers

Mauricio y Franco Macri son investigados por los posibles delitos de lavado de dinero y evasión impositiva, a raíz de su participación en dos sociedades offshore. 

Blanqueo de Capitales

A través de un decreto, el jefe de Estado amplió la extensión de la medida a los familiares de funcionarios públicos, aspecto que había sido desestimado por el Congreso.

Soterramiento del Sarmiento

Por decreto, el Gobierno asignó 45.000 millones de pesos a las obras que incluyen entre sus empresas contratistas a Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Obra del Paseo del Bajo

Se le otorgó a Calcaterra el tramo más costoso de la construcción, por el que recibirá 3.100 millones de pesos.