Mafia de la muerte: más detalles escalofriantes

La Justicia platense avanza con distintas medidas para esclarecer las maniobras por las cuales se podrían haber ocultado decenas de homicidios. En tanto, otra funcionaria judicial detectó cuatro maneras para hacer desaparecer cadáveres en un marco de impunidad

Mientras el fiscal Jorge Paolini define la fecha de citación de la funcionaria del Registro de las Personas, Liliana Calduch, por las gravísimas irregularidades detectadas en la Morgue policial de La Plata, trascendieron más detalles sobre las distintas maneras de ocultar muertos.

En la edición de ayer, este diario informó en exclusiva los presuntos manejos entre empleados de la Morgue policial local que falsificaban certificados de defunción, casas de sepelios y el área que centraliza esos certificados en el Registro de las Personas, por los que bien se podrían ocultar crímenes. Pericias caligráficas y varios testimonios son los elementos con los que cuenta Paolini.

Ahora, la funcionaria de la Procuración General de la Provincia, la licenciada en informática Soledad Escobar, en diálogo con este medio explicó distintas formas por las cuales se hacen desaparecer cuerpos. “En la Provincia matar con impunidad es más fácil que aplastar a una cucaracha”, afirmó Escobar.

La licenciada en Informática detectó por lo menos cuatro métodos para alterar documentos públicos y manipular la identidad de los óbitos y las inhumaciones. Cabe destacar que Escobar fue sumariada de manera irregular por sus investigaciones por la exprocuradora María del Carmen Falbo. Ella detectó cuatro métodos que permiten desaparecer, ocultar o cambiar la identidad de los muertos o, dicho de otro modo, disponer en forma impune de los vivos: 1) inhumación de cuerpos con identidad falsa; 2) inscripción como NN de cuerpos que en realidad han sido identificados; 3) doble inscripción, cambiando el lugar de defunción; 4) solicitud de inscripción de cuerpos que ingresaron a la Morgue luego de una exhumación.

La funcionaria recordó la historia de Gabriela, que en 2013 enterró dos veces a su padre, Jaime Isla. Luego de un largo derrotero judicial le entregaron un cajón con un cuerpo que enterró el 22 de noviembre de 2013. Pero al día siguiente su tía le indicó que ya lo habían enterrado en enero. Los restos de Isla descansan en una de las dos sepulturas que llevan su nombre en el cementerio, pero nadie sabe quién ocupa la otra. El cuerpo se inscribió por segunda vez mediante el “Formulario 25”, un instrumento que permite la identificación mediante dos testigos cuando no es posible hacerlo por DNI o huellas dactilares. En este, y en el resto de los casos, los testigos son empleados de la Morgue.

Otro caso que ejemplifica la segunda modalidad es lo que pasó con el cuerpo de Cristian Madril, que ingresó en enero de 2012 a la Morgue, donde se realizó una pericia dactiloscópica que permitió identificarlo. A pesar de la identificación, la defunción se inscribió el 28 de mayo como NN masculino y fue inhumado en el Cementerio local. Los datos constan en el sobre del óbito encontrado en la Morgue, y fueron suficientes para encontrar a su familia en apenas cuatro horas. Los hijos, que ignoraban lo sucedido, buscaban a su padre desde hacía más de dos años.

Distintos formularios, diversas normativas

La tercera metodología se explica así: los datos del fallecido se consignan en el denominado “Formulario 03”. Los funcionarios de la Morgue pueden cambiar el lugar de defunción e inscribir un mismo óbito en distintas jurisdicciones.

La última modalidad se da por la falta de un registro digitalizado y único, sumada a la desidia o complicidad de funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial provincial, que permiten a la Policía solicitar que se inscriba la defunción de un cuerpo exhumado, es decir, ya registrado. Luego, el cuerpo original es devuelto a su sepulcro con el procedimiento normal, y queda una inscripción de defunción disponible que puede utilizarse para hacer desaparecer otro cadáver.

Escobar resaltó un problema reglamentario y se refirió a la Ley provincial 14.078, del año 1963, que perfecciona la impunidad al permitir las “inscripciones tardías”, en franca violación de la ley nacional. “El problema normativo está en que la ley nacional indica que hay que inscribir la muerte dentro de las 48 horas de ocurrida, en cambio a nivel provincial se señala que debe inscribirse dentro de las 48 horas de la comprobación hecha por un médico. Y así es como encontramos en la Morgue de La Plata cuerpos que están desde hace años, y de los cuales ningún profesional comprobó la causal del deceso”, concluyó Escobar.