Imputaron a los jueces de la Corte que aprobaron el 2x1 para represores

La medida la tomó el fiscal Guillermo Marijuan, iniciando de este modo una investigación contra Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, acusados de “violar el contrato social de los argentinos”

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz luego de que se presentara una denuncia en su contra por aprobar el fallo que habilitó el beneficio del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última Dictadura Militar.

“Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última Dictadura Militar de nuestro país”, asegura el dictamen. La denuncia contra tres de los integrantes del máximo tribunal fue presentada por el abogado Marcelo Parrilli a raíz del fallo que benefició al represor Luis Muiña.

A partir de estas imputaciones, Marijuan solicitó al juez federal Daniel Rafecas que abra la investigación en contra de los jueces y ordene medidas de prueba en base a una denuncia presentada por el delito de prevaricato, lo que implica dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.

Medidas de prueba

El fiscal solicitó que se pida copia del fallo de la Corte con el voto de los tres ministros que favoreció la situación de Muiña mediante la aplicación del 2x1, y también de los pronunciamientos del caso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó. “El cómputo de pena y aplicación de las normas referenciadas por los ministros de la Corte en su pronunciamiento deben valorarse en el marco de un proceso penal por el cual Luis Muiña fue condenado y declarado responsable de la comisión de Delitos de Lesa Humanidad”, afirmó Marijuan.

“Con el respeto que la investidura de los señores magistrados me merecen, y no escapando al suscripto que los hechos aquí develados podrían ser considerados una cuestión de puro derecho, he de solicitar que se ponga en conocimiento a Highton, Rosatti y Rosenkrantz de la existencia del legajo” en su contra, dispuso. Además, requirió a Rafecas que tome “toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa”, al mismo tiempo que advirtió que los hechos denunciados “podrían ser considerados una cuestión de puro derecho”. 

En la denuncia, Parrilli argumentó que la “solución a la que arribaron los ministros re­sulta contraria a las leyes e instrumentos internacionales que rigen en la materia”. Por otro lado, el letrado recordó que la Ley del 2x1, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, no estaba vigente cuando Muiña cometió los hechos por los que se lo imputa, en 1976. Además, cuando fue detenido estaba derogada, en 2007, lo mismo que cuando fue condenado, en 2011.

Vinculan al Gobierno 

“El denunciante vinculó los alcances de ese pronunciamiento con ciertas declaraciones que se habrían hecho públicas por parte de diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, como así también con el modo en que fueron designados inicialmente dos de los ministros de la Corte que conforman el máximo tribunal de Justicia de la Nación”, destacó el fiscal, vinculando a la decisión de los jueces a la influencia del Go­bierno macrista. 

El abogado también recordó que Highton de Nolasco obtuvo un fallo favorable para permanecer en su cargo pese a superar la edad de 75 años, que se fija como límite. Cabe recordar que el Gobierno, pudiendo hacerlo, desistió de apelar dicho fallo, permitiendo a la magistrada permanecer en su cargo. 

“Etchecolatz va a quedar libre y a mi viejo no lo buscan”

Rubén López, hijo del desaparecido Jorge Julio López, lamentó ayer el beneficio para genocidas y represores que aprobó la Corte Suprema, asegurando en ese contexto que el excomisario Miguel Etchecolatz “va a quedar libre y a mi viejo no lo buscan”. “La coyuntura judicial y política que estamos pasando en estos días es muy difícil de explicar, mucha bronca, dolor, se hace difícil explicar lo que uno siente”, expresó.

Jorge Julio López fue víctima del terrorismo de Estado vivido durante la última Dictadura, permaneciendo secuestrado y torturado varios años en distintos centros clandestinos de detención. Poco después de brindar testimonio y hacer declaraciones que condenaron a Etchecolatz a prisión perpetua, desapareció el 18 de septiembre del año 2006. Hasta el día de hoy no existen noticias sobre su paradero.

“Las leyes están hechas para que los hombres, que son jueces, las interpreten al pensamiento que tiene ese juez”, dijo Rubén López, pero asimismo consideró que “la ley es una sola y debería aplicarse de una sola manera”. Además afirmó que “los delitos de lesa humanidad no tienen una ley superior más benigna. Agraviaron a la humanidad, no solo a los 30.000 detenidos y desaparecidos, agraviaron al mundo”.

En este marco, ya se presentaron 16 pedidos de excarcelaciones por 2x1. Las defensas de al menos 14 condenados y dos imputados en causas por delitos de lesa humanidad pidieron ser beneficiados en tribunales federales de diversas jurisdicciones del país. En cinco casos en los cuales los jueces ya se pronunciaron, las solicitudes fueron rechazadas.

Carrió, polémica: el fallo demuestra “independencia” y “es correcto”

La diputada nacional Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica (CC) e integrante de la alianza Cambiemos, rompió el silencio ayer y habló en referencia al fallo de la Corte que aplicó el 2x1 en el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad. “Demuestra la independencia que tiene el Poder Judicial”, aseguró, intentando desligar al Gobierno de la decisión del máximo tribunal, y calificó que la medida fue jurídicamente correcta aunque se trate de una “mala ley”. 

La legisladora sostuvo: “El fallo de la Corte es correcto, pero yo no lo hubiese votado así”, y aprovechó el momento para recordar que ella fue informante “del proyecto de nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida de Patricia Walsh y Marcela Rodriguez”. 

Carrió expresó que, en caso de que tuviera que pronunciarse al respecto, hubiese votado en coincidencia con el juez Maqueda, quien votó en disidencia. 

Carrió, que pidió no culpar a la Justicia, hizo estas declaraciones al ingresar a la Cámara baja, donde los distintos bloques buscan consensuar un proyecto común para excluir a los condenados por crímenes de lesa humanidad de los alcances del 2x1. De aprobarse esta propuesta, se inhibirá cualquier reducción de penas a los genocidas.