Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar

EDITORIAL

Por Myriam Renée
Chávez de Balcedo
Directora del diario Hoy


El título de la nota remite a la célebre frase que fue inmortalizada por Juan Domingo Perón, quien con estas palabras salía al cruce de los típicos políticos guitarreros, que trabajaban como meros relatores de la realidad y se despachaban con críticas sin realizar ningún tipo de propuesta superadora.

Ya pasaron varias décadas del primer gobierno peronista, y los políticos guitarreros se han multiplicado, tanto en el oficialismo como en la oposición. Eso no es todo: la palabrería fácil también se enquistó en otros estamentos del Estado, como el poder legislativo y el poder judicial.

En ese contexto, si bien es importante que desde la Corte Suprema se realicen advertencias acerca del impacto negativo que está teniendo el narcotráfico en nuestro país (ver Máximo descontrol: el narcotráfico pisa cada vez más fuerte en el país), nada les impide a los jueces -que trabajan a lo largo y ancho del país- ir más allá de la crítica por la crítica misma. Ellos también son funcionarios públicos, cuyos sueldos se pagan con el aporte que realizamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.

Ante los estragos que están ocasionando los narcos, los responsables de administrar Justicia tienen que actuar en consecuencia.  Deberían ser los primeros en ponerse al frente de la batalla contra este flagelo, reclamando los recursos que son necesarios al poder político, pero sin olvidarse que los jueces y fiscales tienen la obligación de encarar acciones rápidas y efectivas para atacar a los mercaderes de la muertes que hacen oscuros negocios con los estupefacientes. Es más: muchos funcionarios judiciales también deberían realizar una profunda autocrítica, ya que son múltiples los casos de delincuentes –entre ellos narcotraficantes- que entran a la cárcel por una puerta y salen por la otra en cuestión de días, como consecuencia de decisiones abolicionistas adoptadas en la comodidad de los despachos.  

La burocracia, las peleas por las jurisdicción entre jueces federales y provinciales antes los baches de la ley de desfederalización que impulsó el gobierno K, sumado al complicidad que siempre existen entre algunas manzanas podridas de la magistratura y el crimen organizado, son cuestiones que también influyeron para que los narcos hayan logrado instalarse en nuestro país con suma facilidad en los últimos diez años.

En la provincia de Buenos Aires, también hay funcionarios del Poder Ejecutivo dedicados a relatar la realidad. Un claro ejemplo se registró el fin de semana cuando el Ministro de Justicia, Ricardo Casal, reconoció que “creció sustantivamente la violencia en los delitos”. Eso y decir que la tierra gira alrededor del sol, es prácticamente lo mismo. Es una obviedad manifiesta.

El problema, en la provincia, es que también existe un error de diagnóstico. Pretender que la violencia delictiva se elimine de un día para el otro, a partir de la sanción de una ley que prohíbe la tenencia de armas para uso civil, es un absurdo. La inseguridad y la violencia extrema que se viven en las calles sólo podrán ser desterradas a partir de cambios profundos en el modelo económico, que es la gran fábrica de exclusión y miseria que existe en la Argentina. En este punto el sciolismo hace agua: seguir pegado al gobierno K, planteando modificaciones superficiales que no cuestionan los cimientos de un modelo que llevó a que tengamos a uno de cada cuatro compatriotas viviendo en situación de pobreza o indigencia, es incurrir en el gatopardismo.

La sanción de una ley, por sí sola, nunca va a generar mayor seguridad a la ciudadanía. Se requiere para ello de planes estratégicos que modifiquen las estructuras que han llevado a que la Argentina, que hasta hace algunas décadas era el país más desarrollado de Latinoamérica, actualmente tenga una gran parte de su territorio arrasado por la marginalidad.