Millonarios y embargados

En el podio de las denuncias

1) Julio de Vido. Exministro de Planificación

Por haber incumplido con sus deberes en la concesión de obras y haber omitido las tareas de control, suma con este su cuarto procesamiento. Ya pesaban en su contra la compra de material ferroviario inservible, la tragedia de Once e irregularidades en contratos. 

2) Lázaro Báez. Dueño de Austral Construcciones

Con el de ayer, el presunto testaferro de los Kirchner suma su tercer procesamiento, luego de las acusaciones por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

3) Cristina Kirchner. Expresidenta de la Nación

Por haber perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional, la expresidenta tuvo ayer su segundo procesamiento, tras el ordenado por el juez Bonadio en la causa del dólar futuro

Datos judiciales

- $10.000 millones es el embargo récord que el juez Julián Ercolini trabó contra Cristina Kirchner.

- US$ 3.300 millones es la cifra con la que se favoreció a Báez en 52 contratos viales, de los cuales un 50% habrían quedado inconclusos, pese a haberlos cobrado con sobreprecios por encima del 65%.

- Asociación ilícita y corrupción: son las palabras que más se reiteran en la resolución judicial de 794 páginas.

- “Amigo presidencial”: así define el juez la relación entre Báez y los Kirchner.

- Los procesados: además de la expresidenta Cristina Kirchner, fueron procesados y embargados el empresario Lázaro Báez, los exfuncionarios Julio de Vido, José López y Carlos Kirchner (primo del expresidente), junto con exautoridades de Vialidad Nacional y Provincial.

“Se empieza a hacer justicia”, dijo Carrió

Tras conocerse el procesamiento y embargo contra la expresidenta Cristina Kirchner por ser presunta coautora de “asociación ilícita” y “administración fraudulenta”, la diputada nacional por la Coalición Cívica ARI (CC-ARI), Elisa Carrió, salió rápidamente a celebrar la medida judicial.

“Se empieza a hacer justicia. Esta es la causa por asociación ilícita que iniciamos con la CC-ARI Nacional en 2008”, recordó Lilita.

A su vez, en su cuenta de Twitter, la aliada de Cambiemos sostuvo que es “necesario que alguien alguna vez vaya preso y que haya un nunca más a la impunidad”. 

Por su parte, la legisladora porteña por la CC-ARI, Paula Oliveto, afirmó que “si hoy hay un poco de justicia es gracias a Elisa Carrió. Había que denunciar a CFK cuando tenía todo el poder. Ahora es fácil”.

En tanto, el compañero de bloque de Carrió, Fernando Sánchez, fue más crítico. “Se tomó 8 añitos (el juez Julián) Ercolini. Y después se preguntan por qué los argentinos no confiamos en el Poder Judicial”, dijo, para finalmente rematar: “Queremos justicia, sin jueces cómplices, lentos o temerosos que garanticen la impunidad de los delincuentes, y recuperar el dinero robado a los argentinos”.

Ratificaron al juez Bonadio en la causa del dólar futuro

Tras el procesamiento y millonario embargo por la causa que investiga concesiones viales al empresario Lázaro Báez, la expresidenta Cristina Kirchner sufrió ayer un nuevo revés judicial en el otro caso por el que está procesada: la que investiga las operaciones con dólar futuro al final de su gobierno.

En concreto, la Corte Suprema de Justicia ratificó al juez federal Claudio Bonadio al frente del caso en el que la exmandataria está a un paso del jucio oral.

Según se informó oficialmente, la Corte también confirmó a los jueces de la Cámara Federal que habían avalado a Bonadio en el expediente, al rechazar una serie de planteos de la exmandataria. 

La recusación intentada se había apoyado en la “enemistad manifiesta” alegada por la defensa con respecto al magistrado. A su vez, se había puesto en duda la imparcialidad de los vocales de la Cámara Federal intervinientes, a raíz de su decisión de confirmar al juez en el conocimiento de la causa.

Con la venta de dólar futuro, grandes corporaciones, bancos extranjeros, empresarios y hasta los flamantes reemplazantes de Alfonso Prat Gay en el ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, habrían comprado a fines del año pasado la divisa a $10,50, mientras en el mercado internacional se vendía a $15. Según calculó Bonadio, esa maniobra “irracional” y “fraudulenta” le costó al Estado nacional más de $77.000 millones.