Nuevo escándalo involucra a Bonafini y Schoklender

Un convenio por 151 millones de pesos firmado por el gobierno porteño y la Fundación Madres de Plaza de Mayo quedó en el centro de la polémica por el desvío de fondos. La AGN denunció que no le dejaron ver el contrato. Una mancha más a los pañuelos blancos

El negocio con los más humildes es una de las prácticas más deleznables del clientelismo político. Villa El Cartón surgió en los años ‘90 debajo de la autopista AU7, intersección Lacarra y General Roca en la Capital Federal, y durante el kirchnerismo creció hasta convertirse en un gran asentamiento.

Allí las familias habían llegado a un acuerdo en 2005 con el entonces jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, de que se les iba a proveer de viviendas. Ibarra fue destituido y remplazado por Jorge Telerman, quien a través de de su ministra de Derechos Humanos, Gabriela Cerrutti, les confirmó la realización de las casas luego de un incendio que sufriera la villa en enero de 2007.

Lo que nadie sabía en su momento es que quien se iba a hacer cargo de la construcción de las viviendas, era la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de la Misión Sueños Compartidos que dirigía el parricida Sergio Schoklender, mano derecha de Hebe de Bonafini.

La derrota de Daniel Filmus frente a Mauricio Macri en 2007 depositaron al expresidente de Boca al frente de la ciudad. Con él vinieron reclamos de Bonafini por no hacerse cargo de la situación, lo que llevó a Macri a ceder a las presiones de las Madres y firmara el convenio Nº 251/2008, que incluía 151 millones de pesos para la construcción de las viviendas.

La Auditoría General de la Nación (AGN) denunció que no pudo recibir el contrato para la construcción de estas 780 casas en el asentamiento “Villa Cartón” ubicada en la Avenida Castañares y Avenida General Paz, ni de parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo ni de parte del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires ni de la Asociación civil “Las esperanzas de un cambio”.

Pero la situación no quedó allí, sino que para la concreción de este proyecto se sucedieron una serie de anomalías que terminaron con el sueño de los vecinos de tener la casa propia. Según la ley, el 20% del presupuesto lo pondría la ciudad y el 80% la Nación, pero sólo el 50% de las viviendas se hicieron a pesar de cobrarse el presupuesto total de la obra, y la otra mitad que no obtuvo una casa se tuvo que conformar con un subsidio de 15.000 pesos.

Luis Gasulla, autor del libro “El negocio de los Derechos Humanos”, aseguró a Hoy que “el presupuesto general para la construcción de esas viviendas se mandó por completo a pesar de que sólo el 50% de las viviendas fueron construidas. Después con otro convenio actualizado por la inflación, se le dieron 41 millones de pesos más”.

Para el investigador, “Bonafini confiaba plenamente en los manejos que hacía Schoklender, y ella quería quedar bien con el gobierno y no le importaba que la Fundación no presentara los balances a la Inspección General de Justicia (IGJ), que secuestraran los libros de actas y no los presentaron ante la Justicia. Es una filosofía de vida, ellos se mueven fuera de la ley. Este convenio es el más escandaloso y en el que más plata hubo”.

Uno de los aspectos centrales de este contrato para la realización de las viviendas, está en la firma por parte de una asociación civil, como lo era “Las esperanzas de un cambio” constituida por vecinos de la Villa El Cartón, y que según distintas voces, se les falsificaron las firmas a sus apoderados para poder llevar adelante la obra.

“No dieron copia del convenio a la AGN porque era recontra trucho, hay diferencias porque están falsificadas las firmas, hay tres personas que dicen que figuraban en el convenio y que no estuvieron presentes al momento de la firma. En este convenio falsifican las firmas a las delegadas de esta ONG, que son las hermanas Pacheco y Miriam Aquino”, detalló Gasulla.

Nuevo negocio turbio que envuelve a Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender en la construcción de viviendas que no llegó a quienes más lo necesitaban y que no dan ninguna clase de explicaciones a la AGN por el destino de los fondos, creyéndose dueños de una impunidad inagotable por sus cercanías con el poder oficial.