Once: asesinaron a un testigo clave

Fue hallado muerto con cuatro disparos en la espalda. Sólo le robaron el celular. No se descarta un mensaje mafioso vinculado con la causa. Piden protección a quienes declaren en el juicio.

A menos de dos semanas de cumplirse un año de la masacre ferroviaria de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, la causa se quedó sin uno de los testigos clave en un grave  y confuso episodio. 

El viernes por la mañana, el maquinista Leonardo Andrada, uno de los dos que condujeron la formación siniestrada el 22 de febrero del año pasado, fue hallado muerto con cuatro disparos en la espalda en el partido bonaerense de Ituzaingó. 

Andrada es el motorman que le entregó la formación a Marcos Córdoba -el conductor que está imputado por el siniestro- en la estación Castelar.  “Suena todo muy raro, y un robo evidentemente no fue”, señaló la abogada María del Carmen Verdú, que, en carácter de querellante, representa a un grupo de familiares de las víctimas. 

“Ya había declarado en la etapa de Instrucción, y ahora lamentablemente cuando se realice el juicio oral y público, no podrá”, deploró. Una semana después del choque, Andrada le dijo al juez de la causa, Claudio Bonadío, que ese día la formación 3772 salió de Moreno rumbo a Once “sobrecargado”, porque no había habido servicios durante los 18 minutos previos (ver aparte). 

No descartan nada 

El delegado de la Unión Ferroviaria Edgardo Reynoso confirmó el hecho, y pidió una “investigación a fondo y el castigo de los responsables”. “Al principio aparentaba ser un robo, pero tenía el dinero encima, sólo le faltaba el celular”, dijo. 

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió la mañana del viernes en Villa Ariza, un barrio de Ituzaingó, y Andrada fue atacado mientras esperaba un colectivo temprano a la mañana en la esquina de las calles José María Paz y Malabia. “Estaba yendo al trabajo”, señaló Reynoso. 

Horacio Caminos, secretario de prensa del gremio que nuclea a los maquinistas del sector ferroviario, La Fraternidad, aseguró que no podían descartar “absolutamente nada”, en torno a los motivos del hecho. En ese sentido, comentó que con las primeras pericias se habría concluido que Andrada recibió tiros de lejos y uno de cerca, “lo cual hace suponer un remate”. 

Por su parte, otro delegado de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero", reflexionó: “Lo mataron por la espalda, no le robaron el dinero que tenía encima, sólo faltaba el celular. Nosotros estamos esperando que el tema se esclarezca porque nos llama mucho la atención”. La muerte de Andrada se encuentra bajo investigación de la comisaría primera de Ituzaingó, y la información difundida hasta el momento permite el crecimiento de las sospechas sobre un mensaje mafioso a quienes declaren en el juicio oral.  Cabe recordar que esta causa toca grandes intereses políticos y económicos derivados de los negociados entre poderosos empresarios transportistas y funcionarios del Gobierno. En ella están imputados dos exSecretarios de Transporte del kirchnerismo (Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi) y empresarios del transporte amigos del poder (ver aparte). 

La declaración de Andrada ante la Justicia

Leonardo Andrada era uno de los testigos centrales de la masacre ferroviaria de Once porque manejó la formación en el tramo previo al del accidente y sabía perfectamente en qué condiciones la entregó. 

Según explicó al juez federal Claudio Bonadío una semana después del accidente, él había tomado el manejo del tren a las 6.44 de la mañana en la estación de Castelar, camino a Moreno, y no había advertido inconvenientes.

 Pero aclaró que en Moreno, de regreso a Once, el tren partió “sobrecargado” porque no había salido en los 18 minutos previos ninguna otra formación. Y calculó que a lo largo de las estaciones, el tren llegó a acumular entre 1.800 y 2.000 pasajeros , “el triple de la capacidad que la formación debe llevar”, explicó. 

Según aseguró Andrada, ante esa circunstancia, el tren, de regreso a Once, iba más lento y había que frenarlo “con mayor antelación”. Dijo que se trata de “algo habitual”. 

“Ya en la primera formación se notaba esta situación, y a medida que seguía subiendo gente, aumentaba la incapacidad de frenado”, añadió el testigo.  

La declaración es central porque detalla una situación de “riesgo” que caracterizó como “habitual”, y afirma terminantemente que la formación tenía problemas en el frenado debido a la sobrecarga de pasajeros. 

Reclaman protección al gobierno

La exfuncionaria Graciela Ocaña se manifestó ayer a través de la red social Twitter sobre el sospechoso asesinato de Leonardo Andrada: “Asesinan a testigo clave de la causa #Once. Exijamos esclarecimiento de este crimen. No a la impunidad. Justicia y castigo. Nunca más  un 22F”.  

Luego fue más a fondo con el tema y reclamó al Gobierno que “en lugar de pelearse x la Ley de Medios, debe dar protección a los testigos claves de la  causa Once”. 

Una causa que toca intereses políticos y económicos

La causa judicial que investiga la masacre de Once toca gruesos intereses políticos y económicos. El deterioro del sistema ferroviario está íntimamente ligado al negocio de los subsidios realizado entre empresarios cercanos al kirchnerismo, funcionarios del Gobierno Nacional y falsas empresas tercerizadas: todo un entramado mafioso. Por esta razón, la querella encarada por la familia de Lucas Menghini Rey, el joven que fue encontrado sin vida dos días después dentro del tren, pidió que a los acusados, excepto al maquinista Córdoba, se los juzgue por “asociación ilícita”. 

Cabe recordar que los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi , y otros ex funcionarios kirchneristas que debían controlar a las empresas ferroviarias están imputados por “estrago culposo” y “fraude” al malversar los subsidios recibidos del Estado. Por estos delitos pueden terminar presos hasta 11 años, según la acusación que hizo el fiscal Federico Delgado al pedir a mediados de enero elevar el caso a juicio cuanto antes.

 ”No hay excusas: los procesados sabían que manejaban una bomba de tiempo que carecía de seguro. Es obvio que se privilegió un negocio por sobre el servicio”, escribió el fiscal Delgado.

“El Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar”, dijo y describió que “esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal”.