Hotesur: más pruebas hunden a Máximo

Hallaron documentación que certifica que el hijo de Cristina Kichner abrió una cuenta corriente en el Banco de Santa Cruz para manejar el dinero del complejo hotelero. Fue en noviembre de 2013. La familia presidencial más comprometida en maniobras de lavado de dinero

La investigación judicial que más preocupa y altera a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la denominada causa Hotesur, donde su familia y en especial su hijo, Máximo, están seriamente involucrados en presuntas operaciones de lavado de dinero, con sumas millonarias.

Ayer trascendió que el hijo de la Presidenta abrió el 1º de noviembre de 2013 una cuenta corriente del Banco de Santa Cruz para manejar dinero de Hotesur S.A. que incluye el hotel Alto Calafate (propiedad de los Kirchner), con lo que se confirma la participación activa de Máximo en la empresa cuestionada, negada en forma sistemática por el gobierno nacional.

Alto Calafate es una de las sociedades presidenciales investigadas en la causa por lavado de divisas, y los papeles bancarios incluidos en el expediente del caso prueba el rol protagónico en el manejo de las finanzas de Máximo.

La causa sobre los hoteles K se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la legisladora y ahora candidata a Presidente, Margarita Stolbizer. Desde entonces, la familia Kirchner usó los medios públicos para minimizar el papel que tenía Máximo en el manejo empresarial del hotel.

En la causa judicial, en cambio, las pruebas indican lo contrario. Después de la muerte de su padre, Máximo fue quien actuó como único accionista –en representación de los demás–, en las asambleas de la empresa, eligió autoridades –con modos irregulares–, y aprobó balances contables también sospechosos, entre otras cuestiones de ese estilo.

Desde el 2009 la familia Kirchner había generado ganancias millonarias gracias al alquiler del hotel que les pagó el contratista del Estado y amigo íntimo de la familia presidencial Lázaro Báez, también investigado por lavado.

Con un poder general amplio

Aunque en el expediente hay indicios que muestran cómo Máximo actuó en la mayoría de las actividades de la cadena de funcionamiento de la sociedad anónima Hotesur, según la versión oficial, ya en agosto de 2013 la familia Kirchner se había apartado del manejo del Alto Calafate, porque desde agosto de ese año le había cedido la administración comercial a la sociedad Idea S.A. El titular de esa firma es Osvaldo Sanfelice, socio del hijo de Cristina en diversos emprendimientos. 

Según consta en la causa, el 30 de septiembre de 2013 el nuevo administrador de Alto Calafate, Sanfelice, le había otorgado a Máximo un “Poder General Amplio de Administración y Disposición” para que controle su negocio.

Tras la difusión de la noticia, que podría complicar aún más a Máximo en los tribunales, la familia Kirchner dejó trascender que no había registros de que ese poder notarial haya sido utilizado.

El pedido de apertura de la cuenta para manejar dinero de Hotesur que Máximo firmó el 1° de noviembre del 2013, se encontró en un allanamiento en el Banco de Santa Cruz ordenado por el ex juez de la causa, Claudio Bonadio. Según fuentes del caso, estaban en una carpeta junto al poder notarial que Sanfelice le firmó a Kirchner hijo el 30 de septiembre del 2013.

Registró como sede un domicilio que era “fantasma”

Máximo Kirchner, candidato a diputado nacional por Santa Cruz en la lista impulsada por su mamá Presidenta, se comprometió con el Banco Central “a colaborar” con información que pudiera necesitar la entidad cuando en noviembre de 2013 abrió la cuenta corriente en el Banco de Santa Cruz. Lo hizo para cumplir con una norma de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo que debe detectar movimientos financieros sospechosos del poder.

Pero enseguida se advirtieron irregularidades. En la apertura de la cuenta de Hotesur, que él controlaría, Máximo registró como sede de la empresa una dirección que se demostró que era “fantasma”, Belgrano al 265. Sin embargo, a  la UIF no le importó ya que su función es garantizar la impunidad.  En julio pasado, el entonces titular de la causa, el juez Claudio Bonadio dispuso 35 allanamientos en las oficinas de las empresas de Máximo Kirchner y Lázaro Báez en Rio Gallegos e incautó pruebas claves. Esto irritó a Cristina, la que cuestionó al magistrado por Twitter.

Días después, tras un pedido de nulidad hecho por la defensa de Romina Mercado, sobrina de Cristina y titular de la firma, la Sala I de la Cámara Federal apartó a Bonadio de la causa. En su lugar se designó a Daniel Rafecas, que acepto la validez de los procedimientos ordenados por su antecesor.

No pagaron ni la multa de 3000 pesos

A pesar de que Hotesur S.A. incurrió en varias irregularidades administrativas, la Inspección General de Justicia (IGJ) cajoneó esas denuncias y aunque había aplicado una irrisoria multa de 3000 pesos el 22 de enero pasado, ese dinero nunca se pagó.

Es que la IGJ  depende del Ministerio de Justicia de la Nación, donde el segundo de esa cartera es el camporista y candidato a intendente de Lanús, Julián Álvarez, por lo que estaría garantizada la impunidad.

Hotesur cometió reiteradas faltas contra la normativa que regula el funcionamiento de las sociedades anónimas y se iniciaron en dos oportunidades procesos sancionatorios. Y si se confirmara la hipótesis de que hubo una maniobra de lavado en asociación con el empresario Lázaro Báez, la existencia de este tipo de faltas menores mostraría una sensación de impunidad sorprendente.