Para el fiscal, López era “un viejo conocido” de las monjas

Germán Moldes solicitó el procesamiento e imputación de las religiosas del convento donde el exfuncionario K intentó esconder US$ 9 millones

A más de cuatro meses de haber sido detenido mientras intentaba ocultar bolsos con US$ 9 millones en un convento de General Rodríguez, el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, continúa recibiendo bofetadas judiciales. 

Ayer, la Oficina Anticorrupción (OA) pidió ante la Sala II de la Cámara Federal que se confirme su procesamiento por enriquecimiento ilícito, luego de que el juez Daniel Rafecas haya dado como probado que la casa que habitaba en Tigre era de su propiedad y que simuló alquilarla para ocultar su patrimonio. Según la OA, “el aumento patrimonial que registró López con la compra y refacción del inmueble excede las posibilidades económicas” del exsegundo de Julio de Vido y “carecen de total justificación”.

En tanto, la Cámara Federal también recibió las presentaciones del fiscal general Germán Moldes, quien solicitó que se revoque la falta de mérito de la monja Celia Inés Aparicio y se dicte su procesamiento, así como también que se impute a las religiosas María Antonia Casas y Marcela Estefanía Albín, quienes hasta ahora solo son testigos. Mientras, la monja superiora, Alba Día de España Martínez Fernández (95), fue declarada inimputable y sobreseída en el expediente.

“La promiscuidad de las acciones desplegadas por las hermanas y López se condice con igual situación respecto a la existencia en el mismo predio de esta suerte de convento con monasterio”, alertó Moldes, tras aludir a las “ambiguas finalidades y funciones” del lugar.

De esta manera, el representante del ministerio público cuestionó el relato de las religiosas, quienes dijeron haber pensado que en los bolsos había alimentos.

“Lejos de ser comestibles, como dicen haber supuesto las monjas, o dinero para realizar obras de reforma edilicia, resultaban artículos de lujo calificados como joyas de relojería que no pueden haber sido llevados allí con otra finalidad que la de que fuesen mantenidos en custodia en esa casa”, argumentó, abonando a la hipótesis de “encubrimiento”.

Además, concluyó que López “era un viejo conocido de la casa religiosa” y que “la relación, cuanto menos, se remonta al año 2007”.

La angustia, la foto y la película

Para la defensora oficial, Perla Martínez, a causa de “la angustia” de López le abrieron las puertas del convento de General Rodríguez. “A raíz de su estado de ánimo se comunicó a través del teléfono celular de su esposa con la Madre Alba, solicitó ir a verla al monasterio y pasar un tiempo en la hospedería. Es decir que existía un motivo válido para que López concurriera al monasterio esa noche, contaba con la autorización de la Madre Alba y de ello fue informada mi asistida, Celia Inés Aparicio, y las hermanas de clausura: López se encontraba en estado de angustia e iba a quedarse a la hospedería, por lo que había que esperar para recibirlo”, justificó en su apelación, al reclamar que se confirme la falta de mérito de la hermana Inés. A su criterio, la fiscalía “solo se ha centrado en la foto’” de la religiosa ayudando a entrar los bolsos de López “y no en la película”. A su vez, sostuvo que Inés “desconocía absolutamente el contenido de los bolsos que llevó López esa madrugada, y en modo alguno colaboró con este para ocultarlos”.

Las presentaciones se realizaron de cara a la revisión del fallo dictado por Rafecas, quien en septiembre pasado procesó por enriquecimiento ilícito a López; a su esposa, Ana María Díaz, y a dos supuestos testaferros de la casa de Tigre que alquilaba pero que, se sospecha, pertenecía al exfuncionario. López y los presuntos testaferros, Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, pidieron prórroga para justificar sus apelaciones, pero ayer la Sala II de la Cámara Federal recibió las apelaciones de las defensas oficiales, así como del fiscal Moldes.