Radiografía de la impunidad en Bahía Blanca

Lo que está sucediendo en Bahía Blanca, donde se ha desplegado una red de protección a Lázaro Baez, es una clara muestra de la forma descarada con la que el kirchnerismo busca consagrar la impunidad

Uno de los protagonistas del entramado de empresas bahienses es el actualmente detenido Juan Suris, el novio de la vedette Mónica Farro, encargado de montar la firma Conde Marketing SRL, que sirvió de pantalla para que el empresario favorito de la familia presidencial pueda lavar dinero y evadir impuestos a través de diferentes facturas apócrifas.

Según pudo saber Hoy, el propio Suris habría reconocido ante el juez bahiense Santiago Ulpiano Martínez  -fue sacado de la investigación por las presiones ejercidas por el kirchnerismo por el avance que venía dando a la investigación- que utilizaba Conde Marketing SRL para favorecer el accionar de las empresas ligadas a Báez.

La metodología que se instrumentó con el juez Ulpiano Martínez es idéntica a la adoptada con Luis Cabral y Claudio Bonadio, quienes fueron apartados de causas sensibles para el gobierno cuando dejaron en claro que estaban dispuestos a no acatar las directrices de la Casa Rosada para que se consagre la impunidad.

De esta manera, tras la separación del juez bahiense, la causa de las facturas truchas quedó en manos del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien integra la agrupación Justicia Legítima creada por la Procuradora de la Nación, la ultrakirchnerista Alejandra Gils Carbó. Ramos Padilla, que fue abogado del actual canciller Héctor Timerman antes de asumir como juez, no oculta su simpatía con el gobierno nacional, al punto que en el año 2013 no tuvo reparos en rechazar in limine   -sin tratamiento- un planteo del Colegio de Abogados de Dolores para la suspensión de las “elecciones populares” de representantes en el Consejo de la Magistratura. De poco le sirvió ya que, tiempo después, la norma que habilitaba esas elecciones fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

En diálogo con Hoy, el senador nacional del GEN y ex intendente de Bahía Blanca durante 12 años, Jaime Linares, señaló que “acá hay una clara connivencia de la AFIP con el gobierno nacional y con algunos sectores de la Justicia. Por eso la denuncia que hizo Margarita Stolbizer en su momento es muy consistente y da datos precisos sobre todo un accionar que ha ido por afuera de la ley”.

El candidato a gobernador bonaerense por el frente Progresistas destacó que “desde el poder están tratando de querer borrar huellas que corroboran el ilícito. En Bahía Blanca hay una denuncia concreta sobre estos temas como lo es el caso Suris, que incluye narcotráfico, facturas truchas. Se ha creado una metodología con funcionarios cercanos a la AFIP que es muy preocupante para la institucionalidad del país”.

“El kirchnerismo utiliza los servicios de inteligencia así como otros organismos del Estado como son el caso de la AFIP, la IGJ (Inspección General de Justicia), la UIF (Unidad de Información Financiera) y otros organismos que han estado en función del partido gobernante. Esto ha hecho que la calidad democrática e institucional de la Argentina haya descendido mucho en muy poco tiempo”, sentenció Linares.

Tras todas las medidas tomadas por la AFIP y por los jueces ligados al oficialismo, lo que queda claro es que lo que busca el gobierno es que esta causa se termine antes de que ellos se vayan del gobierno para lograr impunidad y así terminar con un caso que lo tiene contra las cuerdas y que muestra todo un esquema corrupto con epicentro en lo más alto del poder K.

Causa cajoneada

En expediente diferente al que se tramita en Bahía Blanca,  diputados nacionales del PRO también pidieron a la Justicia que se investigara a Ricardo Echegaray por el delito de confección de facturas apócrifas y evasión fiscal, recayendo la causa en el juzgado del controvertido Norberto Oyarbide.

Federico Pinedo, uno de los legisladores que realizaron la presentación en Tribunales, aseveró a Hoy que “esta causa está cajoneada por el juez Norberto Oyarbide, que no ha dado pie a ninguno de los reclamos que hemos venido planteando junto a las diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso”.

Para el presidente del bloque macrista en la Cámara baja, “nosotros creemos que hay evidencia por demás comprometedora que deja en evidencia una supuesta participación de la AFIP y de su titular, Ricardo Echegaray, en todos los manejos ilegales de las empresas de Lázaro Báez”.

“La Justicia debe investigar sin ningún tipo de presión oficial si el uso de las facturas truchas por parte de firmas de Báez estuvieron destinadas al lavado de dinero. Sólo así podrá dejarse en claro si hubo intervención de los organismos públicos y de funcionarios del Estado en el tema”, subrayó Pinedo.

Un tema urticante para el oficialismo, que deja en evidencia todo un entramado orquestado desde el poder para favorecer a los capitalistas amigos, y que amenaza con estallar por los aires en el fin de ciclo kirchnerista.