Removieron a los directivos de una de las mayores contratistas del país

Luego de una auditoría interna, el grupo español Isolux Corsán echó a la cúpula gerencial de su filial en la Argentina por sospechas de coimas. La firma ya es investigada por la licitación del tren bala, junto con la constructora de Ángelo Calcaterra

La cúpula directiva de la filial argentina de una de las multinacionales que formó parte de la sospechada licitación del tren bala, junto con la constructora Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente Mauricio Macri, fue descabezada por presuntas irregularidades.

Se trata de Isolux Corsán, un grupo español que figura como uno de los mayores contratistas en las áreas de infraestructura y energía del país, y que en enero se adjudicó tres proyectos más por un total de 148 millones de euros. 

El “despido disciplinario” de los gerentes de la compañía en la Argentina fue anunciado ayer a través de un comunicado difundido en España, en el que se explicita que la decisión se tomó luego de una auditoría interna solicitada por la nueva dirección del grupo, que detectó “comportamientos irregulares” por parte de los administradores en nuestro país.

Medios españoles hablan de que los ejecutivos despedidos podrían haber malversado varios millones de euros en beneficio propio o a través de distintas prácticas como la entrega de cheques en diferido. Desde la sede de la firma, en Madrid, se limitaron a decir que serán las autoridades judiciales las que determinen qué tipo de delito cometieron.

La Argentina configura el principal mercado de la empresa española, incluso por encima de su propio país, con un 35% de la cifra de negocio y una cartera de trabajo de cerca de 1.000 millones de euros, según cifras de 2015. 

Entre los proyectos más importantes de Isolux en la Argentina se destaca la central térmica de Río Turbio, un proyecto de 1.260 millones de euros, o la construcción de dos ciclos simples de más de 800 mw por otros 1.000 millones de euros.

Actualmente, el grupo español está implicado en dos procesos judiciales. Uno de ellos, por posibles irregularidades en la adjudicación de las obras del tren de Alta Velocidad de Barcelona.

Sospechas locales

En octubre del año pasado, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, presentó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 12 los resultados de un análisis sobre la licitación realizada, diez años antes, para la construcción del tren bala, un ambicioso proyecto anunciado por el entonces presidente Néstor Kirchner que demandaría una inversión de US$ 4.000 millones y que uniría el corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba.

En ese informe, la PIA informó sobre la detección de un posible direccionamiento en favor del consorcio conformado por el grupo francés Alstom, la española Isolux, la constructora Iecsa, de Calcaterra, y Emepa.

Rodríguez destacó en su presentación que el llamado a licitación no habría cumplido con lo establecido en los artículos 4 y 7 de la Ley n° 13.064, que exigen la existencia de un proyecto, presupuesto y crédito legal previo al llamado.

También se habría omitido el cumplimiento de la publicidad exigida, tanto del llamado a licitación como de las resoluciones que modificaron las fechas de apertura de las ofertas técnicas.