La Plata
Viernes 23 de junio de 2017
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Retoman la ofensiva contra la Ley de ART en la región

Representantes gremiales de la CGT del Gran La Plata solicitaron una entrevista con Jorge D’Onofrio, titular del bloque del Frente Renovador en la Cámara alta bonaerense, con el fin de transmitirle el punto de vista de los trabajadores

Dirigentes sindicales agrupados en la Confederación General del Trabajo (CGT) de la región solicitaron una audiencia al presidente del bloque de senadores provinciales del Frente Renovador, Jorge D’Onofrio, para plantear el posicionamiento de los sectores trabajadores con respecto a la polémica Ley de Riesgos de Trabajo, que ya alcanzó media sanción en la Cámara baja bonaerense.

En el ámbito del Senado de la Provincia, los bloques del PJ y el Frente para la Victoria ya manifestaron que no darán su voto afirmativo a la norma. Por ello será fundamental el rol que desempeñen los legisladores del Frente Renovador. En ese sentido, Carlos Quintana, titular de la CGT regional, señaló a este medio: “Queremos reunirnos con D’Onofrio para contarle lo que nosotros entendemos de esta ley, que más allá del daño que le hace a los trabajadores es una norma anticonstitucional. Por lo tanto, es una barbaridad que después tengamos que recurrir a la Justicia”.

El secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) indicó que lo que se busca con la modificación de la normativa “es prohibirle a la ciudadanía bonaerense” presentarse ante la Justicia frente a un accidente de trabajo, y remarcó que “la Constitución de la Provincia dice lo contrario”. “Los que toman el rol de la Justicia, los que toman la determinación sobre un accidente de trabajo, son los médicos. El médico puede hablar de patologías, pero no de accidentes de trabajo”, manifestó Quintana.

Amplio rechazo

El 31 de mayo pasado, un numeroso grupo de dirigentes gremiales de la zona, junto a referentes políticos y judiciales, se congregó en el edificio Anexo del Senado bonaerense para expresar un amplio repudio a la norma que, con un rápido tratamiento, obtuvo el voto positivo por parte de los diputados de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el foro desarrollado en aquella ocasión, los distintos sectores manifestaron que en caso de que esta situación avanzara en la Cámara alta y el proyecto saliera de la Legislatura, se concurriría a ámbitos judiciales para impedir que el mismo tuviera vigencia en todo el territorio nacional, por considerarlo inconstitucional y contrario a los derechos laborales.

La Ley 27.348 fue promovida por el oficialismo a nivel nacional y ahora se busca que el parlamento provincial adhiera a la misma. Carlos Quintana indicó que “lo que está en juego, ya lo viene diciendo (Mauricio) Macri, es el costo laboral”. Además, se manifestó en contra de las expresiones del Presidente, quien se refirió durante la semana a una supuesta “industria de los juicios”. “¿Qué trabajador querría perder un brazo, una mano o quebrarse una pierna para cobrar una indemnización? Es una locura”, dijo Quintana.

“La problemática está dada porque los sectores empleadores no cumplen con todas las garantías que debemos tener como trabajadores. Si nos dieran los elementos y nos pusieran las cosas como corresponden, no deberían preocuparse tanto por los accidentes de trabajo”, afirmó el representante gremial.

El aspecto más cuestionado de la ley es aquel que pretende que el funcionamiento de las comisiones médicas sea de carácter previo y obligatorio para todos los trabajadores. Esto va en contra del artículo 15 de la Constitución de la Provincia, que garantiza la tutela judicial permanente, y viola el artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que plantea el acceso irrestricto a la Justicia. 

Pese a que desde los ámbitos gremiales confían en que, en caso de dictarse la ley, el camino final de la misma sería el de la declaración de inconstitucionalidad, intentan evitar que se llegue a esa instancia judicial, durante la cual los trabajadores podrían quedarse sin una cobertura adecuada.

Otro de los elementos polémicos es la presunta imparcialidad de las comisiones médicas, que se encargarían de determinar los accidentes de trabajo, ya que las mismas están financiadas por el propio sistema empresarial. 

Desde el sindicalismo de la región también señalaron que es un intento más de continuar flexibilizando los derechos de los trabajadores en el país y es una externalización de los costos de los empresarios.