Revés judicial para el tándem Kirchner-De Vido

El juez Julián Ercolini ratificó la convocatoria a indagatoria de la expresidenta y el exministro K por las licitaciones de obras públicas entregadas durante la década pasada a Lázaro Báez

Por más de 12 años, el kirchnerismo manejó a su antojo los fallos judiciales, cooptando a magistrados y fiscales a través de agrupaciones como Justicia Legítima, sin que desde los estrados se le pusiera algún coto. La salida del poder, concretada en diciembre de 2015, llevó a que las causas por corrupción contra funcionarios K que antes descansaban en los cajones de los despachos empezaran a activarse, llegando a tocar la puerta de la expresidenta Cristina Kirchner.

Ayer, en el marco del avance que están teniendo las denuncias por el desfalco cometido al Estado nacional durante la denominada “década ganada”, el juez federal Julián Ercolini ratificó los llamados a indagatoria contra la exmandataria y el exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, para el 31 y el 24 de octubre respectivamente, por las licitaciones de obras públicas concedidas al empresario Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

Ercolini rechazó de cuajo los planteos realizados por la defensa de CFK, que encabeza el abogado Carlos Beraldi, y ratificó el dictamen que efectuaron en su momento los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El magistrado también censuró el recurso de apelación presentado por la exjefa de Estado para que la nulidad fuera revisada por la Cámara Federal.

En Tribunales lo que se investiga es si el poder kirchnerista privilegió a Báez con la adjudicación indiscriminada de obra pública en la provincia de Santa Cruz para luego beneficiarse con negocios propios a través de prebendas. Además de Cristina y De Vido, en la causa se encuentran indagados el exsecretario de Obras Públicas José López, el propio Lázaro Báez y el exfuncionario Carlos Santiago Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner.

Pruebas contundentes

La causa, que encuentra muy comprometida a Cristina por la gran cantidad de pruebas en su contra que hay en el expediente, tiene bajo la lupa los más de 16.000 millones de pesos con los que fue beneficiado Báez por más de 12 años, donde poco más del 80% de las obras hechas en Santa Cruz recayeron en la empresa Austral Construcciones, propiedad del supuesto testaferro de la familia Kirchner.

Desde el Frente para la Victoria sostienen que la causa se encuentra “direccionada” por Ercolini y que solo toma como base lo sucedido en tierra sureña, dejando de lado lo que pasó a nivel nacional, donde, según sus datos, Báez ocupaba el puesto 38 en el ranking de la obra pública. Además, consideran que se deja de lado “maliciosamente” a la firma IECSA, propiedad de Ángelo Calcaterra, primo hermano del Presidente Mauricio Macri, que seencuentra en el tercer lugar del listado. 

Los abogados de la exmandataria cuestionan la investigación realizada por Pollicita y Mahiques por basarse en “un porcentaje de la obra pública” y por efectuar el “análisis en un único territorio personalizado en un único contratista del Estado”. Además, advirtieron que funcionarios judiciales incurrieron en “vicios que traen al recuerdo momentos oscuros vividos por la Justicia durante los períodos en que imperaron las dictaduras militares, las cuales arrasaron con derechos y garantías constitucionales”.

La situación judicial de Cristina Kirchner se agrava conforme pasan los días y este revés sufrido bajo el accionar del juez Ercolini por irregularidades en la concesión de obra pública se suma al procesamiento que ya tiene la exmandataria por la venta del dólar futuro.