Rívolo y Marijuan ratificaron sus acusaciones contra Gils Carbó

Se acrecienta la grieta en la Justicia y se suman denuncias contra la procuradora general de la Nación. Tras la presentación de los fiscales, la abogada fue convocada a hacer su descargo ante la Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público la semana próxima

Los fiscales federales Carlos Rívolo y Guillermo Marijuan cuestionaron ayer la designación de representantes del Ministerio Público Fiscal por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, al exponer en horas del mediodía ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público del Congreso nacional. Además, ratificaron la denuncia contra la jefa de los fiscales por aparentes irregularidades en la compra de un edificio.

Tanto Rívolo como Marijuan cuestionaron las decisiones de Gils Carbó que promoverían la designación de fiscales en cargos inactivos, debido a que se trataba de juzgados que aún no habían sido creados “por falta de presupuesto”, así como el aparente nombramiento de secretarios como fiscales ad hoc para la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). 

En el caso de Rívolo, ratificó su denuncia contra Gils Carbó por las supuestas faltas respecto de la designación de los titulares en las fiscalías de General Pico, en La Pampa; de 

Tartagal, en Salta; Santiago del Estero y Goya, en Corrientes, a pesar de que los juzgados no están funcionando. El presidente de la Asociación de Fiscales aseguró que el nombramiento de fiscales en las mencionadas ciudades se produjo cuando “no tenían asiento físico”, porque aún no se “habían creado estos juzgados por falta de presupuesto”. 

Irregularidades

“Son ustedes los que nos empoderan y nos dicen dónde tenemos que hacer la función y, cuando algo se modifica, es una frustración para los que concursan, al ver burladas sus expectativas”, dijo Rívolo a los legisladores. “Hay algunas resoluciones en las que se puede mostrar además que con ciertos y determinados fiscales el proceso de ingreso de emplea­dos a sus fiscalías se hacía a través de la Procuración y así se los designaba, una forma elegante de saltear el proceso de ingreso democrático e igualitario que nosotros respetamos”, destacó el fiscal. 

“La designación de un fiscal es un acto constitucional complejo en el que intervienen mediante acuerdo el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo”, expresó Rívolo, por lo que la Procuración no debería “pasar por encima estas cuestiones al designar fiscales, menos en lugares que están inactivos”. Según el fiscal hay casi 1.500 personas “incorporadas durante esta gestión sin respetar el principio de oportunidad”.

Por su parte, Marijuan manifestó que las “unidades fiscales especializadas son creadas para colaborar con el fiscal de la causa y siempre son ocupadas por fiscales”, por lo que agregó que Gils Carbó no debe “designar en una unidad especial como Procelac a dos secretarios”. Marijuan se refirió, en esta acusación, a la decisión de la Procuradora de nombrar al secretario y exabogado en causas de Derechos Humanos, Carlos Gonella, como titular subrogante de la Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Mal desempeño

Gils Carbó es señalada por ambos fiscales de tener responsabilidad en presuntas maniobras en la integración de los jurados para los concursos de designación de fiscales en traslados irregulares, entre otros temas. Pero además, la procuradora general también enfrenta acusaciones por la cuestionada compra del edificio de la calle General Perón 667, en Capital Federal, donde funciona el organismo.

Frente a la presión existente, Gils Carbó aceptó concurrir a la Bicameral el próximo jueves 18 de mayo para hacer su descargo ante las denuncias por un aparente mal desempeño. Una semana después se realizará otra reunión en la que expondrán los fiscales José María Campagnoli, Carlos Castex, Pedro Zoni y Ricardo Sáenz, este último en representación de la Asociación de Magistrados.

Carrió pidió que se investigue a la procuradora general

La diputada nacional de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, y su compañero de bloque Fernando Sánchez, solicitaron ayer a la Justicia que se investiguen las operaciones inmobiliarias por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y que se revise el manejo del presupuesto del organismo. 

Además, aportaron nuevos elementos de prueba para la causa ante el juez de instrucción Rodolfo Cresseri, en una investigación por el alquiler de un inmueble ubicado en avenida Corrientes 1615 que nunca se utilizó. 

Los legisladores nacionales requirieron que se investiguen las compras realizadas por el Ministerio Público, no solo en la locación del edificio de avenida Corrientes, sino también por la adquisición de mobiliario del mismo. 

“En el marco de la causa en la que se investiga la conducta de la procuradora general de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, se investiguen los hechos que se exponen en la presente denuncia, los que podrían configurar delitos”, señala el escrito presentado por los diputados. 

“Nos encontramos ante operaciones que podrían haber constituido delitos, ya que se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros, lo que contraviene la Ley 24.156”, afirma la denuncia contra la “enemiga personal” de Carrió, como la líder de Cambiemos definió a Gils Carbó. 

El escrito de los legisladores afirma que “nos encontramos ante gastos vinculados con cuantiosas operaciones mobiliarias e inmobiliarias que se realizaron de manera irregular y sin observar, como mínimo, los principios de economía, eficiencia y eficacia en el ejercicio presupuestario, circunstancia que debe ser investigada, a los fines de establecer o deslindar responsabilidades”.

Cabe destacar que este caso es una causa distinta a la que tiene a su cargo el juez federal Julián Ercolini por la compra del edificio donde funciona actualmente la Procuración General de la Nación. Dicha operación es investigada ante la sospecha de pago de comisiones indebidas y sobreprecios.