Causa Los Sauces

Santa Cruz: procedimientos contra propiedades de CFK

El juez federal Claudio Bonadio ordenó actuaciones contra domicilios de la exmandataria en el marco de la causa Los Sauces, en la que se la investiga por los delitos de cohecho y blanqueo de activos. Nuevo avance contra la corrupción K 

En su cruzada contra la corrupción acaecida durante la década pasada, el juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer distintos procedimientos en cinco propiedades pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa que se le sigue en Tribunales por presunto cohecho y blanqueo ilegal de capitales en la sociedad hotelera Los Sauces.

La medida implementada por el magistrado se da luego de una solicitud presentada por la diputada nacional del GEN Margarita Stolbizer ante el fiscal federal Carlos Rívolo, tras considerar que Los Sauces SA “posee en los papeles diferentes domicilios y un objeto social muy amplio que le permite realizar tareas inmobiliarias, hoteleras, comerciales y de turismo, todo ajeno al espíritu de la ley”.

Tomando este pedido de la legisladora del Frente Progresistas, Bonadio le solicitó a personal de Gendarmería Nacional que llevara adelante una serie de procedimientos, incluyendo el domicilio particular de la exmandataria en la ciudad de Río Gallegos, situado en la calle Mascarello 441, donde se buscó evaluar la tasación real del inmueble.

Si bien la actuación judicial no se trató técnicamente de un allanamiento, desde el círculo íntimo de CFK creen que la maniobra del juez federal es exponerla ante la sociedad a través de los medios de comunicación con procedimientos montados “con enorme parafernalia” que la dejen mal parada.

Propiedad masiva

No solo la residencia privada de Cristina fue analizada por los peritos enviados por la Justicia, sino que también otras cuatro propiedades correspondientes a la familia Kirchner, como las ubicadas en Mariano Moreno 870 y Alvear 391 de suelo riogalleguense, así como también el hotel La Aldea ubicado en calle Güemes 95 de El Chaltén y la Manzana 670 de la localidad de El Calafate.

En el domicilio de la calle Alvear, los gendarmes se encontraron con un inquilino que vive en la propiedad, quien le aseguró a los representantes de la ley que él alquilaba la misma desde hacía varios meses y que abonaba puntualmente el alquiler en la inmobiliaria perteneciente a Osvaldo Sanfelice, socio histórico de la familia Kirchner desde los años 80 en diversos emprendimientos comerciales.

La comisión de tasación judicial enviada por Bonadio se encuentra conformada por las arquitectas Nora Marta Lucía Leo y Carina Nancy González, quienes contabilizaron la cantidad de habitaciones de cada uno de los domicilios registrados, así como también la calidad de la construcción, en búsqueda de detalles de lujo y disposición para realizar una valuación de los bienes al valor de plaza.

La situación causó estupor dentro del kirchnerismo, porque los procedimientos se llevaron adelante cuando Cristina se encontraba declarando ante el juez federal Julián Ercolini por haber “digitado” la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez.

Un nuevo avance de la Justicia contra la expresidenta en las causas que se le siguen por corrupción, y que dejan a CFK al borde del abismo judicial.

Todo en familia

El encargado de supervisar los procedimientos ordenados por el juez Claudio Bonadio sobre las propiedades pertenecientes a la expresidenta Cristina Kirchner es el abogado Marcelo Bersanelli, hermano mayor de Rocío García, esposa de Máximo Kirchner.

Perteneciente al círculo íntimo de la familia Kirchner, el cuñado del actual diputado nacional del FpV fue quien recibió a la delegación judicial que se acercó a las casas de CFK y quien controló cada uno de los pasos de Gendarmería.

Bersanelli, a lo largo de los diferentes gobiernos kirchneristas en Santa Cruz, se desempeñó como asesor legal en la Municipalidad de Río Turbio, letrado de la regional de la Anses Regional Sur II, miembro del Juzgado de Faltas y fue síndico de Servicios Públicos Sociedad del Estado, además de representante legal de Vialidad provincial y ocupó un cargo en la Anses.

Báez pidió el concurso preventivo

Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, sindicado por muchos como el supuesto testaferro de la familia Kirchner, pidió ayer formalmente ante el Juzgado Comercial N°28, a cargo de la magistrada María José Gigy Traynor, bajo el número 22843/2016, la apertura del concurso preventivo de la firma.

El escrito que dio inicio al trámite está firmado por Martín Báez, hijo de Lázaro, en su carácter de presidente del directorio y representante legal de Austral Construcciones, y sería el paso previo para declarar la quiebra de la compañía. 

El concurso de acreedores -antes llamado convocatoria de acreedores- es una medida judicial que busca evitar la quiebra de una empresa. Este proceso suele ser solicitado por firmas que tienen dificultades económicas para continuar con sus negocios habituales.