Se complica la situación de Cacetta, el extitular del Incaa designado por Macri

El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó ayer al expresidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), Alejandro Cacetta, quien fue nombrado y luego obligado a renunciar por el gobierno de Mauricio Macri. La medida se tomó a raíz de una denuncia por supuestos hechos de corrupción y administración fraudulenta presentada por la Oficina Anticorrupción (OA). 

El funcionario judicial también pidió abrir una investigación sobre Cacetta y sobre otros tres expresidentes del Incaa imputados, entre ellos la diputada nacional Liliana Mazure y el exrector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc), Pablo Rovito, quien en abril pasado renunció a su cargo (al que había accedido por concurso público nacional en el mes de agosto de 2011) cuando surgieron las primeras acusaciones.

Asimismo, Marijuan imputó a la presidenta del Instituto en la gestión anterior, María Lucrecia Cardoso, al exgerente de administración Raúl Segui, al gerente de Relaciones Institucionales, Rómulo Pullol, y al coordinador de Espacios Incaa, Juan Zaffanella. El fiscal requirió que se ordenen medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre los legajos de las sociedades Grupo Aleph SA y Max BS Tour SRL.

La OA radicó a mediados de junio una denuncia penal ante la Cámara Federal contra Cacetta por los supuestos delitos de “defraudación por administración fraudulenta” y “defraudación contra la administración pública”, presentación que recayó en el Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas. El organismo aludió a dos delitos diferentes: por un lado, cuestionó la contratación del complejo de salas Artecinema, perteneciente a la empresa Grupo Aleph, firma de la cual es socio Rovito; por el otro, hizo referencia a irregularidades y contrataciones sin licitación de traslados en combis y automóviles a eventos por más de 1,8 millones de pesos para tres festivales.