Allanaron las oficinas de Odebrecht

Crece el escándalo por las coimas que salpican al macrismo

En momentos en que el Gobierno lleva adelante una polémica negociación con la empresa brasilera, la Justicia investiga las computadoras de los principales directivos de la compañía y los cruces telefónicos. Kirchneristas y actuales funcionarios macristas, contra las cuerdas por las coimas

Mientras crece la polémica por el acuerdo que está negociando el Gobierno nacional con la empresa Odebrecht, vinculado a los sobornos millonarios que la compañía brasilera habría pagado en la Argentina, la Justicia allanó oficinas de la firma y de sus socios en la construcción de la planta potabilizadora de agua Paraná de las Palmas.

La decisión fue tomada por el juez federal Sebastián Casanello, que instruye en la causa que investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $2.700 millones provisto por AYSA, la empresa pública de aguas. El magistrado también ordenó allanamientos en las sedes de Benito Roggio SA, Supercemento SA y Cartellone Construcciones, informaron fuentes judiciales.

La Justicia ya detectó varias inconsistencias en la licitación que ganó Odebrecht en enero de 2008 por la construcción de la mencionada planta potabilizadora. Por ejemplo, cuatro meses después de haberle adjudicado el contrato, sin mediar modificaciones en las condiciones, AYSA implementó una ampliación en el presupuesto por otros $400 millones. 

Los oficiales de la Policía ingresaron a las oficinas de Odebrecht de Capital Federal, ubicadas en el piso 32 de un edificio de la calle Leandro N. Alem al 800, en pleno microcentro porteño. El procedimiento comenzó prácticamente al mismo tiempo que se iniciaba la reunión entre los abogados de la empresa y el ministro de Justicia Germán Garavano para intentar llegar a un acuerdo para aportar información sobre los US$ 35 millones en sobornos pagados a la Argentina.

Hay sospechas de que las coimas no solo habrían alcanzado a funcionarios del gobierno kirchnerista, sino también a empresarios y encumbrados dirigentes de Cambiemos. Entre ellos, el actual de jefe de los espías del macrismo: el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. A su vez, el exministro de Planificación Federal del kirchnerismo y actual diputado nacional, Julio de Vido, también está en la mira de los investigadores.

La medida dispuesta por Casanello tuvo el objetivo de analizar el contenido de las computadoras de los principales directivos de la compañía, así como los cruces telefónicos. En tanto, desde Odebrecht confirmaron el procedimiento y ratificaron que ofrecieron su colaboración en forma “amplia y definitiva” para esclarecer el caso, con la idea de poder seguir, a cambio, operando en la Argentina.

Hay varias causas abiertas y según afirmó la legisladora Graciela Ocaña, una de las denunciantes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ya había hecho un procedimiento el año pasado para estudiar los servidores de las computadoras.

En tanto, el ministro Garavano reiteró que se está “trabajando” para “solucionar” el inconveniente que hay con “la normativa brasilera” en el caso Odebrecht. También volvió a cuestionar a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por no haber liderado procesos en el combate contra la corrupción. 

Sin embargo, tras la reunión del martes con el abogado de la empresa, Guido Tawill, se preveía un nuevo encuentro para ayer, el cual finalmente fue suspendido ante la concreción de los allanamientos.

Garavano explicó que “el inconveniente más grande es que la propuesta (de Odebrecht) está basada en lo que es la normativa brasilera, que es bastante diferente a la de la Argentina en relación a estos temas de empresas. Estamos trabajando en eso para tratar de ver de solucionarlo”.

“La información que se pueda conseguir es para entregarla a la Justicia, no podemos darle otra finalidad”, recalcó Garavano. Sobre las investigaciones en los casos de corrupción, el funcionario consideró que “la Fiscalía es la gran ausente en esto, más allá del esfuerzo de fiscal (Federico) Delgado u otros individualmente”.

Todo indica que a la polémica por las coimas millonarias se le sumarán nuevos capítulos.

Nuevos datos complican al jefe de los espías

El senador nacional de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas presentó ayer ante la Justicia nuevos datos sobre el caso de coimas que involucra al jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y solicitó a la Cámara de Casación Penal que “investigue” a la empresa Orion Brasil Construcciones, que le compró el departamento al funcionario de Cambiemos. 

“Solicité a la Cámara de Casación Penal que investigue a la empresa Orion Brasil Construcciones que le compró el departamento a Arribas. La Justicia también deberá investigar la existencia de 41 procesos judiciales que tiene en Minas Gerais el empresario Atila Reys Silva”, explicó Solanas.

En el mismo contexto, pidió que se investiguen “las irregularidades del Banco Central en la información que brindó a la Justicia y las declaraciones impositivas de Arribas que acrediten las sumas recibidas por la venta”.

“Desde Proyecto Sur votamos en el Senado contra la designación de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani a la conducción de la AFI”, agregó el senador. “Los hechos nos están demostrando que el Presidente (Mauricio) Macri convalidó a todo el viejo equipo ligado a (el exagente de la SIDE, Antonio) Stiuso y (el exsubjefe de la SIDE, Francisco) Larcher, y colocó al frente de la AFI a Arribas, que debe presentar su renuncia y dejar que la Justicia pueda actuar sin ningún tipo de condicionamientos”, concluyó.

Los datos aportados por el referente de Proyecto Sur suman a la denuncia que el senador presentó ante el fiscal Federico Delgado, para que investigue una posible maniobra del Banco Central para encubrir las transferencias bancarias que Arribas habría recibido de Leonardo Meirelles, sospechado por el Lava Jato en Brasil. 

El titular de la AFI enfrenta ahora una reapertura de la investigación en su contra, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal aceptara revisar su sobreseimiento. La decisión se tomó después de la declaración de Meirelles por videoconferencia. 

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