Un fiscal y un juez unidos contra la libertad de expresión

Fueron puestos a dedo por el kirchnerismo y no cumplen con requisitos mínimos para desempeñar esa función. Utilizando la misma estrategia que en el Caso Nisman, buscan imponer la censura y que no se investigue la denuncia del diario Hoy contra Echegaray y distintos funcionarios de la AFIP. Presentación ante la Cámara Federal

Una vez más las componendas que unen a jueces y fiscales truchos, con funcionarios de la administración K sospechados de actos de corrupción, quedaron al abiertamente al descubierto. Ayer, cuando los abogados del diario Hoy se presentaron en el Juzgado en lo Penal Federal Nº 1 de La Plata, a cargo del auxiliar escribiente Laureano Durán que ejerce como subrogante, para solicitar que la directora Myriam Chávez de Balcedo sea citada a ratificar la denuncia que había realizado en octubre del año pasado por los contantes aprietes de la AFIP, se encontraron con que la demanda había sido archivada por el magistrado, con el aval del fiscal que intervino en la causa, Sergio Mola.

En octubre de 2014, tras una intimación y una inspección que se notificó inmediatamente después de una nota de tapa que puso de manifiesto las prácticas autoritarias de la AFIP (inspiradas en normativas aplicadas por Margareth Thatcher y el régimen de Augusto Pinochet), la directora realizó una presentación en el Juzgado solicitando que se investigue a Ricardo Echegaray y sus secuaces por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, violación de secretos y tráfico de influencias.

La causa no pudo avanzar porque tanto Durán como Mola responden sin cortapisas a la Casa Rosada. Fueron puestos a dedo por el kirchnerismo y son severamente cuestionados ya que no reunirían los requisitos mínimos que se requieren para cumplir las funciones que están desempeñando en calidad de subrogantes. Fiel al estilo que suelen utilizar los funcionarios judiciales que responden al kirchnerismo, que disponen el archivo de las denuncias sin abrir la más mínima investigación ni solicitar acciones de prueba (lo mismo hicieron, por ejemplo, con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner), los mencionados funcionarios judiciales cometieron groseras irregularidades en el trámite de la denuncia. Por ejemplo, el juez Durán nunca notificó a la directora del diario Hoy que había dispuesto el archivo de la demanda para evitar así que la medida fuese apelada, algo de lo que estaban enterados los funcionarios de la AFIP –así lo reconocieron en sus testimonios- que se presentaron a declarar a principios de mes en el escandaloso proceso judicial que se sustancia en Comodoro Py.

Cabe recordar que en los tribunales de Capital Federal, los funcionarios sospechados de corrupción emprendieron otra maniobra tendiente a silenciar las investigaciones acusando a la directora del diario Hoy por el delito de “extorsión” y de participar en una “asociación ilícita”. Es tan absurda la demanda que desde la AFIP le pidieron al juez que se le tome declaración a Nicolás Dalesio, un legislador del kirchnerismo que murió hace 5 años. Eso no es todo:  aportaron como prueba una denuncia que fue anulada por la Cámara de Casación Penal de la Provincia en el año 2009 en una decisión que fue confirmada y ratificada por la Suprema Corte bonaerense y Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su rol de fiscal, ante la denuncia de Chávez de Balcedo, el magistrado sólo pidió copias de las actuaciones que se realizaron a partir de las primeras denuncias que los propios funcionarios de la AFIP hicieron para censurar al diario Hoy:  una insólita presentación por  resistencia a la autoridad, motivada en el hecho de que el diario publicó los antecedentes y fotos de algunos los funcionarios del organismo recaudador que intervinieron en las primera inspecciones contra la directora, y otra demanda por evasión simple que tampoco resiste el menor análisis ya que fue impulsada cuando el Tribunal Fiscal de la Nación aún no determinó la validez de las multas aplicadas por el organismo recaudador.    
 
Ante esta situación, la directora Chávez de Balcedo en las próximas horas realizará una presentación para que intervenga la Cámara Federal de La Plata con el objetivo de que se ordene instruir la investigación, en un contexto donde el gobierno nacional intenta censurar y hacer desaparecer al diario Hoy.

Cabe recordar que, en otros casos, miembros del tribunal de alzada no reconocieron a Durán como juez ya que fue puesto a dedo por la Casa Rosada, sin atravesar por ningún tipo de concurso de antecedentes ni demostrar la más mínima idoneidad. Este juez, en caso de que la Corte Suprema de Justicia no disponga lo contrario, estará cargo del controlar las próximas elecciones y ya hizo de las suyas: incorporó masivamente a militantes rentados de La Cámpora en la Justicia electoral.

El accionar de Justicia Legítima

Sergio Mola tiene 46 años, fijó domicilio en la localidad de Ituzaingó y fue nombrado como fiscal subrogante por la Procuradora Alejandra Gils Carbó, fuertemente identificada con el kirchnerismo, utilizando un mecanismo que fue objetado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (ver Gils Carbó: garantía de impunidad).

Mola es un integrante más de la asociación Justicia Legítima, que creó la propia Gils Carbó y que es el instrumento mediante el cual el kirchnerismo intenta desplazar a los jueces y fiscales que no responden al Gobierno con el objetivo de terminar de someter la Justicia a los mandatos de la Casa Rosada. Por ejemplo, este grupo repudió públicamente la movilización que se realizó en febrero pasado desde el Congreso a Plaza de Mayo en homenaje a  Nisman, el fiscal que apareció muerto en su departamento, en extrañas circunstancias, poco tiempo después de haber denunciado por “encubrimiento” a Cristina Kirchner y a distintos funcionarios K que propiciaron el acuerdo con Irán. "Lo más parecido a un partido judicial es la asociación Justicia Legítima, que genera enfrentamientos entre distintos integrantes del Poder Judicial y los fiscales", dijo en aquel entonces José María Campagnoli, uno de los convocantes a la marcha, que se hizo públicamente conocido cuando el gobierno nacional y Gils Carbó emprendieron contra él una inédita campaña de persecución por investigar a Lázaro Báez, el presunto testaferro de la familia presidencial.

Al negarse a abrir una investigación, tanto el fiscal Mola como el juez Duran le están negando a la ciudadanía el derecho a conocer si, efectivamente, lo que venimos investigando y denunciando es cierto. Es decir, actúan como verdaderos gendarmes de la impunidad.

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