Un funcionario nacional, nuevamente ante la Justicia

Hace algunos días, la diputada nacional Margarita Stolbizer dio a conocer su Informe sobre empleo público, en el que acusó al ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, de ser “un empresario agropecuario”, lo que implicaría un claro conflicto de intereses, ya que se encuentra desempeñando a un cargo público. 

El funcionario, que salió rápidamente a desmentir los hechos a través de las redes sociales, se vio en la obligación de recurrir a la Oficina Anticorrupción, encabezada por Laura Alonso, para aclarar si realmente existe incompatibilidad para ocupar el cargo. Este no es el único frente que debe atender Buryaile, quien tiene el sueldo embargado desde 2014 y fue denunciado hace algunos años por una deuda millonaria con el Banco Nación.

Stolbizer señaló que“hay funcionarios de primera línea que tienen una manifiesta incompatibilidad en el ejercicio de sus tareas por haberse desempeñado hasta el día antes de asumir al frente de empresas privadas relacionadas con el cargo público que ahora desempeñan”. Además de poner como ejemplo a Buryaile, la líder del GEN señaló al ministro de Producción, Francisco Cabrera, y al titular de la cartera de Energía, Juan José Aranguren. 

“Estas situaciones deben prevenirse y resolverse anticipadamente, para evitar la colisión en ejercicio de la función, entre los intereses del Estado o públicos y los que pudiera tener el funcionario en cuestión”, sostuvo Stolbizer en el escrito. 

En el documento también expone la inexistencia de un protocolo de actuación, la falta de consultas previas a las designaciones y la insuficiencia de trámites vinculados con las declaraciones juradas de los funcionarios. 

En este marco, Laura Alonso confirmó que su oficina está analizando el caso del ministro de Agroindustria, como ocurrió con más de ochenta funcionarios desde que Mauricio Macri asumió como Presidente.