La protesta convocada para el 7 de marzo

Una movilización legítima y el peligro de los que buscan “lavar culpas”

Todo indica que la protesta convocada para el 7 de marzo será la más importante y multitudinaria desde que Macri asumió como Presidente. Algunos dirigentes buscan colgarse del clamor popular para esconder su complicidad con el Gobierno

Una recesión que no da tregua y la destrucción de miles de puestos de trabajo, sumados a una inflación que licúa aceleradamente el poder adquisitivo, han alimentado lo que promete ser la protesta más importante contra las políticas que viene instrumentando Mauricio Macri. La movilización está prevista para el próximo 7 de marzo y ya cuenta con el apoyo de todos los gremios de la CGT, las distintas CTA y numerosos movimientos sociales.

Ahora bien, en la política argentina, y en el mundo sindical específicamente, “no todo lo que reluce es oro”. Algunos dirigentes pretenden “lavar culpas” con su participación en la marcha, un burdo intento de esconder la complicidad que tuvieron con muchas de las medidas instrumentadas por el Gobierno nacional que impactaron de forma muy negativa en los bolsillos de los trabajadores.

Un claro ejemplo es lo que sucede en el triunvirato que está al frente de la CGT, cuyos integrantes (Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña) mantendrán hoy un encuentro con el titular del Partido Justicialista, José Luis Gioja. Se prevé que, tras la reunión, desde el PJ anuncien un respaldo a la marcha contra el Gobierno.

El triunvirato cegetista está desplegando un accionar que puede resultar contradictorio, pero que en realidad esconde intereses en común con el Gobierno al que dicen criticar. Tanto Daer, como Schmid y Acuña carecen de autonomía y tienen jefes a los que deben responder. A su vez, todos ellos mantienen vínculos directos e indirectos con el Frente Renovador que lidera Sergio Massa, cuyo bloque de diputados (integrado por el propio Daer) garantizó el quorum la semana pasada para que el oficialismo pudiera aprobar la polémica reforma a la ley de ART que atenta contra derechos básicos de los trabajadores. 

Concretamente, la nueva norma limita la posibilidad de que los laburantes puedan recurrir a la Justicia ante accidentes de trabajo que, en muchos casos, están motivados por las deplorables condiciones laborales que proliferan en el país, consecuencia directa de la recesión y el declive productivo provocado por la actual política económica.

Daer, además de ser diputado del FR, habría sido una pieza clave en el entramado oscuro que posibilitó al oficialismo tener una nueva ley de ART, lo que también podría ser un primer paso para que el Gobierno avance con medidas mas profundas de privatización y reforma laboral.

A su vez, desde distintos sectores cuestionan la representatividad de Gioja como titular del PJ. ¿El motivo? Sus estrechos vínculos con algunas de las multinacionales mineras como Barrick Gold. Son empresas acusadas, en sede judicial, de haber contaminado grandes glaciales y reservorios de agua dulce. Estas mismas multinacionales, a su vez, resultaron uno de los sectores más beneficiados por el actual Gobierno,  que, en uno de los primeros decretos firmados por Macri, eliminó de un plumazo las retenciones mineras. 

De esta manera, mientras los trabajadores son obligados a pagar exorbitantes tarifazos, el Estado dejó de recaudar más de 200 millones de dólares al año, en referencia a lo que deberían haber aportado las megamineras a las arcas del Estado.

Gioja no es el único socio encubierto de Macri en el Consejo del PJ. En el encuentro de hoy también estará José Luis Lingeri (“Mr. Cloro”), líder de la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias. Lingeri es uno de los denominados “Gordos de la CGT” que se asoció al menemismo en las privatizaciones de los años ´90 y actualmente maneja, a través del abogado Luis Alberto Scervino, la Superintendencia de Servicios de Salud. 

La mencionada Superintendencia es un área estratégica del Gobierno nacional, con un presupuesto de aproximadamente 8.000 millones de pesos al año. Es una caja que centraliza recursos aportados por trabajadores que deberían derivarse a las obras sociales sindicales. En los hechos, esos fondos terminan siendo utilizados como un mecanismo de extorsión para disciplinar gremios y dirigentes sindicales. Así ocurrió durante la era K y la práctica mantiene plena vigencia en el gobierno macrista.