Unánime rechazo a la nueva Ley de Abastecimiento
La reforma prevé un fuerte y discrecional intervencionismo del Estado y podría afectar sensiblemente los niveles de inversión y empleo en Argentina. En medio de la crisis, la medida sólo promete nuevos y graves problemas
En medio de la convulsionada y crítica realidad económica que atraviesa nuestro país, el gobierno conducido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido ir por más y dar la última estocada antes de dejar el poder. La nueva Ley de Abastecimiento impulsada desde el oficialismo prevé el control discrecional de los precios, lo volúmenes de producción, los márgenes de utilidad y hasta de los canales de distribución, entre otros aspectos; sometiendo así al grueso del sistema productivo argentino a las decisiones del gobierno de turno.
El proyecto oficial es un paquete de leyes que busca reformar la norma sancionada en 1974. Dos de ellos podrían pasar desapercibidos, pero el tercero despertó el rechazo de todo el arco opositor y de numerosas entidades empresarias. Se trata de la medida que establece una nueva regulación de las condiciones de producción y consumo, atada a las disposiciones circunstanciales del Ejecutivo nacional.
El llamado Grupo de los 6 (G-6), que agrupa a las principales entidades empresarias del país, se reunió ayer en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA). Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Adelmo Gabbi, titular de la bolsa porteña; Carlos de la Vega, presidente de la Cámara Argentina de Comercio; Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción; y Jorge Brito, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos; participaron del encuentro y manifestaron su rechazo a las medidas impulsadas por la cúpula kirchnerista. Los empresarios advirtieron que la reforma viola la Constitución Nacional, contrariando el principio de la propiedad privada a partir de la estatización de los mercados.
A todas luces la medida afectará sensiblemente los niveles de inversión e incentivará la ya crítica situación que viven las empresas argentinas, las cuales enfrentan diariamente una corrosiva inflación y la presión tributaria más alta de la historia. Todo, en el marco de la preocupante crisis del empleo, que en los últimos meses se cobró varios miles de puestos de trabajo entre despidos y suspensiones.
Pero el kirchnerismo ha decidido hacer oídos sordos a los reclamos y volvió a mostrarse dispuesto a aprobar la oscura medida: durante la tarde de ayer, y en pleno plenario de comisiones donde se trataba uno de los tres proyectos de Ley; el titular de la bancada K en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, adelantó que su bloque podría realizar un tratamiento exprés de la medida y aprobarla en los próximos días. Momentos antes, el legislador había advertido que la reforma no iba a ser votada “de un momento para otro”, porque “requiere de un debate importante”.
Otra vez el Ejecutivo nacional eligió borrar con el codo lo escrito con la mano y lejos de ruborizarse por el traspié, minimizó los planteos de las centrales empresarias. El propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, llamó a los miembros del G-6 a “dejar las chicanas” y los acusó de “generar permanente zozobra”.
El debate que comenzó ayer continuará durante la tarde de hoy y aunque se espera que amplios sectores de la oposición política, industrial y empresaria hagan públicas sus críticas y preocupaciones ante los legisladores, las esperanzas de que el kirchnerismo genere el marco necesario para una discusión seria y profunda son pocas. Lo cierto es que el Gobierno parece dispuesto a avasallar una vez más al Poder Legislativo al que, en reiteradas ocasiones, sólo ha utilizado como una escribanía de los designios presidenciales.
Cambios sí, cambios no
La ciclotimia kirchnerista hizo pie en el debate por la reforma de la actual Ley de Abastecimiento, sancionada en el año 1974; la cual comenzó a ser discutida en el Senado de la Nación durante la tarde de ayer.
La propia presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la bancada oficialista en la cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, aseguraron que la medida iba a ser discutida y modificada en caso de que fuera necesario. Sin embargo, pocos minutos después de iniciado el debate, el legislador K dejó entrever que el kirchnerismo podría impulsar un tratamiento exprés de la misma, dando despacho de las comisiones en la tarde de hoy, para aprobarla en los próximos días, sin hacer lugar a los reclamos de todo el arco opositor.
La medida continúa sumando rechazos, incluso aunque legisladores como Aníbal Fernández intentaron mostrar un kirchnerismo más conciliador y llamaron a todos los interesados a discutir la norma cuando se retomen las sesiones, previstas para la tarde de hoy. Es que el Gobierno K ya se mostró dispuesto a hacer valer su mayoría parlamentaria y dejar de lado los planteos opositores.
La Ley es “extorsiva” e “inconstitucional”
La reforma impulsada por el gobierno nacional cosechó decenas de críticas en las últimas semanas. En ese marco, los principales referentes de la oposición política y las centrales empresarias calificaron las modificaciones como “extorsivas” e “inconstitucionales” y rechazaron de plano el proyecto kirchnerista.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevere, aseguró que los empresarios creen que la medida podría afectar negativamente a la economía y anticipó: “lo vamos a plantear en el Congreso y en el caso de que sea sancionada vamos a ir a la Justicia”. Mientras que el titular de la bolsa porteña, Adelmo Gabbi, indicó que las críticas también serán presentadas ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y pidió “resaltar la importancia de la empresa en el país”.
En la oposición política, en tanto, los líderes del Frente Amplio UNEN confirmaron que sus legisladores rechazarán la medida y dispararon con munición gruesa contra el Ejecutivo nacional: “Un gobierno irresponsable y sin rumbo, que no puede controlar la inflación, la inseguridad, el narcotráfico y la caída de la producción y el empleo, pretende controlar todas las etapas del ciclo económico a través de una ley que no encuentra ningún asidero con nuestro régimen constitucional”. Además, la propia presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, Patricia De Ferrari, sumó sus planteos y calificó el proyecto como “extorsivo”.
Sin ninguna duda la reforma que prevé realizar el kirchnerismo avivará las llamas de la crisis económica y de empleo que atraviesa el país, pero el Gobierno nacional parece haber tomado una decisión que no está dispuesto a abandonar.