A 20 años del crimen del subcomisario Gutiérrez
Un caso testigo condenado a la impunidad. El salvaje asesinato estuvo vinculado a la “aduana paralela”. La desidia e ineficiencia de los funcionarios judiciales implicados
El subcomisario de la Policía bonaerense Jorge Gutiérrez era asesinado hace 20 años en el vagón de un tren poco después de haber iniciado una investigación por irregularidades en un depósito fiscal de Avellanada ligado a la "Aduana Paralela", un emblemático caso de corrupción derivado de las desregulaciones en el comercio exterior que se impulsaron en los años '90.
Gutiérrez, hermano de Francisco, actual intendente de Quilmes, fue encontrado muerto en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca con un disparo en la cabeza, en la madrugada del 29 de agosto de 1994.
A dos décadas del hecho, el crimen permanece impune, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en diciembre de 2013 al Estado argentino "por impedir el acceso a la Justicia".
En consecuencia, la Corte bonaerense resolvió que el caso sea juzgado nuevamente, al considerar que en el proceso que se llevó a cabo en 1996 "existieron numerosas irregularidades".
"El fallo de la CIDH y el de la Corte bonaerense sostienen lo que ya sabemos: Hubo una deliberada intención de encubrir el hecho. Lamentablemente, desde que se produjeron esas dos sentencias no tuvimos novedades", cuenta el periodista y documentalista Daniel Otero que investiga el crimen desde 1998.
Otero escribió el libro "Maten a Gutiérrez", que describe los pormenores del caso y este año realizó "G. Un crimen oficial", un documental sobre el crimen que se exhibirá a partir de septiembre.
Gutiérrez trabajaba en la comisaría 2da. de Avellaneda, que en ese entonces lindaba con un predio administrado por la firma Defisa, que lo utilizaba como depósito de los vehículos que importaba.
Producto de las privatizaciones en el control del comercio exterior que impulsó el gobierno de Carlos Menem, se crearon, a partir de 1992, cientos de empresas importadoras que funcionaban como depósitos fiscales, en el marco de lo que se denominó como la aduana paralela.
Según Otero, el subcomisario "vio movimientos extraños" desde su lugar de trabajo; realizó algunas indagaciones y se enteró que el depósito era custodiado por efectivos de una empresa de seguridad privada al mando de un policía de la Federal.
"Gutiérrez tenía la sospecha de que en los vehículos que se guardaban en este depósito podía haber droga. Empezó a preguntar y eso selló su suerte", repasó el documentalista.
Amenazas y presiones en pleno juicio
De acuerdo a los testimonios comprendidos en la instrucción del caso, formulada por el juez de La Plata Guillermo Atencio, al oficial de la bonaerense Jorge Gutiérrez, lo asesinó otro policía cuando el tren en el que viajaba circulaba por el viaducto de Sarandí.
El principal sospechoso de haber efectuado el disparo es Alejandro Daniel Santillán, cabo de la Federal, quien habría estado secundado por Francisco Severo Mostajo, efectivo de la Bonaerense.
Ambos uniformados, que trabajaban como policías ferroviarios, resultaron reconocidos por Alejandra Chumbita, una pasajera circunstancial, y David Silva, un vendedor ambulante.
Con esa información, Atencio ordenó detener a Santillán, pero nunca pudo dar con el paradero de Mostajo, que permaneció prófugo mientras se desarrolló el proceso.
"El juicio se hizo contra Santillán, que, pese a ser un simple cabo, contó con la defensa de todo el equipo legal de la Federal. Hubo amenazas a los testigos, presiones a los policías que investigaron bien y con todo eso en el medio se llegó a una absolución", contó Otero.
En 1996, la Cámara de La Plata dejó en libertad a Santillán; el fiscal del caso, Rubén Sarlo, no apeló la resolución y por su actuación, el juez recibió una sanción de la Corte bonaerense.
“Un policía muerto por otros policías”
El comisario Jorge Piazza, primer investigador de la causa, murió asesinado en febrero de 2003, en un confuso episodio que las autoridades presentaron como un simple intento de robo.
La familia de la víctima apuntó en varias ocasiones al entonces propietario de DEFISA, Ernesto Gutiérrez Conte, actual CEO de Aeropuertos Argentina 2000, como presunto instigador del crimen.
"La razón por la que investigué el caso es para responder una chicana que me hacían cuando militaba en una organización de Derechos Humanos (Amnistía Internacional). Me decían que 'no me preocupaba por los policías muertos y sí por los abusos de esta fuerza'", reveló el documentalista Daniel Otero.
Y a modo de conclusión, agregó: "Por eso me enfoqué en el caso de un policía muerto por otros policías. Para demostrar que los delitos más graves son aquellos que involucran a la maquinaria estatal. A Gutiérrez lo mataron por hacer bien su trabajo".