Clausuran calabozos en comisaría de La Plata
Fue tras la presentación de un hábeas corpus por las condiciones de detención de mujeres. Los jueces ordenaron amplios informes psicofísicos a las internas
La Justicia penal de La Plata ordenó la clausura de la comisaría Séptima, con jurisdicción en la localidad de Abasto, al hacer lugar a un hábeas corpus presentado por una ONG que trabaja por la reinserción social de las personas privadas de su libertad. En la resolución se ordena el traslado de las internas a una alcaidía y “amplios informes psicofísicos”.
Según informa el sitio Tintajudicial.com, el Tribunal Oral Criminal IV de La Plata, integrado por los jueces Alfredo Caputo Tártara, Juan Carlos Bruni y Germán Alegre, ordenó la clausura de las celdas en la comisaría, luego de dar vía libre al planteo de la asociación civil “Reinserción Social y Dignidad”, presidida por el abogado Damián Barbosa.
En el hábeas corpus el letrado describió que al visitar a una asistida “me topé con la terrible situación que están padeciendo las detenidas que se encuentran enjauladas (…), y hoy más que nunca voy a sostener que se encuentran ‘enjauladas’, ya que en dicha dependencia las internas que se encuentran alojadas” sufren “un encierro continuo”.
En el escrito el letrado detalla que encontró a seis mujeres alojadas en una celda de nueve metros cuadrados “entre las cuales hay una mujer embarazada de ocho meses y medio, otra enferma de cáncer, hay una carencia total de colchones, carencia total de higiene y ventilación deficiente, alimentación con comida en estado de descomposición, aromas putrefactos”.
Este nuevo revés judicial que sufre el gobierno provincial pone en evidencia que no se cumple con el fallo resuelto en primera instancia y que prohibió el alojamiento de personas privadas de su libertad en comisarías.
En efecto el juez en lo contencioso administrativo Luis Arias dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Resolución 642/2014 que permitió el alojamiento de personas en comisarías. Dispuso, además, que los jueces a cargo de los detenidos que hoy están en las comisarías resuelvan su situación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) habían presentado una denuncia pidiendo la anulación de ese acto administrativo. El juez, de acuerdo con la presentación de los organismos de derechos humanos, entendió que prima facie el contenido de la medida “resulta regresiva respecto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención y podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado” y que desde la declaración de la “emergencia de seguridad” la situación se agravó.