Furia en el fuero penal de 8 y 56

Siete detenidos tomaron de rehén a otro. Lo amenazaron con dos hojas de afeitar y un alfiler. Intervino el Grupo Halcón. La negociación comenzó al mediodía y duró cuatro horas. Familiares, funcionarios y empleados, en vilo

Momentos de extrema tensión se vivieron ayer en los céntricos tribunales penales de calles 8, 56 y 57, cuando siete detenidos tomaron de rehén a otro interno en el interior de los calabozos ubicado en el subsuelo del edificio, por donde transitan a diario funcionarios y empleados judiciales, junto a abogados y familiares.

Fuentes judiciales indicaron que todo comenzó cerca del mediodía cuando un grupo de detenidos, liderados por el interno Pablo Cepeda, quien estuviera imputado por el triple crimen de los policías en la Planta Transmisora, redujo a otro preso, amenazándolo con dos hojas de afeitar y un alfiler. El interno reducido provenía de la Unidad 34 de Melchor Romero destinada a procesados con problemas neuropsiquiátricos.

Con la situación controlada, y sin que los guardias penitenciarios pudieran ingresar, los reos comenzaron a reclamar por las condiciones de detención y por la demora en el trámite de sus causas.

El juez de garantías Juan Pablo Masi junto a la fiscal en turno Virginia Bravo dispusieron la inmediata intervención del Grupo Halcón. Tras una ardua negociación, los internos rebeldes depusieron su actitud recién a las 16 horas. En ese momento, los familiares de esos y otros presos, se habían sumado a las manifestaciones, aunque desde el exterior del Fuero, hacia las calles 8 y 57.

Con la situación controlada, el juez y la fiscal le tomaron declaración al interno que había sido tomado como rehén, quien detalló lo ocurrido e identificó a los agresores, entre ellos a Cépeda, quien como se indicó, estuvo detenido en su ocasión, por la masacre registrada en octubre de 2007 en la Planta Transmisora de 7 y 630, cuando fueron asesinados a tiros y puñaladas los oficiales Alejandro Vatalaro, Pedro Díaz y Ricardo Torres Barboza.

Los magistrados intervinientes dispusieron luego que los protagonistas de la revuelta fueran derivados con urgencia a distintas cárceles.

La alcaidía del fuero penal de 8, 56 y 57 es un lugar de alojamiento provisorio, donde cada día, los internos de las distintas unidades son trasladados desde las unidades donde están alojados para las distintas audiencias previstas en juzgados, defensorías, fiscalías, cámaras o tribunales.

“Hay más seguridad en un supermercado”

No es la primera vez que se registran este tipo de violentas revueltas en la alcaidía de los tribunales penales de La Plata. En una anterior revuelta, donde un preso había llegado con una faca escondida entre sus ropas y que luego utilizó para atacar a otro, el fiscal interviniente, Marcelo Romero había dicho: "estamos a la buena de Dios. Hay más seguridad y más controles en un supermercado, que en la sede de los tribunales penales y del Ministerio Público".

“No necesitan limar barrotes para escaparse”

La polémica en torno al alojamiento de los presos tuvo su epicentro en los últimos días cuando el Tribunal en lo Criminal I de La Plata ordenó clausurar los calabozos de todas las comisarías de nuestra ciudad y de los partidos aledaños, que habían sido reabiertos para alojar detenidos por decisión del ministro de Seguridad, Alejandro Granados, e hizo lugar así a sendos recursos presentados por el jefe de los defensores oficiales platenses, por un fiscal del fuero penal y por la secretaria de Ejecución de ese mismo fuero, quienes consideraron que las seccionales policiales no cuentan con lugares adecuados para la permanencia de detenidos.

En esa resolución, el Tribunal I admitió las presentaciones que habían hecho el defensor general Omar Ozafrain, el fiscal Marcelo Romero y la secretaria de Ejecución Penal, Fabiana Ripani, y ordenó que se desalojaran los calabozos de las comisarías de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, San Vicente y otros distritos del departamento judicial platense, donde cerca de un centenar de personas permanecían alojadas.

Granados había decidido en mayo último, y en el marco de la emergencia en seguridad declarada en la provincia de Buenos Aires, volver a habilitar los calabozos de las seccionales, en vista de la mayor cantidad de arrestos que se vienen produciendo y la falta de espacio en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para alojar a los detenidos.

Entre las voces críticas a esa iniciativa, se alzó la del fiscal Romero, luego de que, en junio último, dos presos escaparon de la comisaría 16a de Villa Ponsati, tras arrancar los barrotes del calabozo. "Ni siquiera los limaron, así de malas eran las condiciones en que estaban", comentó entonces el fiscal.