Muerte en comisaría: médicos y policías procesados

El terrible crimen ocurrió en la Seccional Sexta de Tolosa, cuando Maximiliano Díaz Subils murió en un calabozo. Serán indagados cuatro profesionales y cinco uniformados

Otro caso de salvajes excesos en las dependencias policiales de la Provincia. La Justicia penal de La Plata citó a declaración indagatoria a cuatro médicos y cinco efectivos de la policía bonaerense, sospechados de participar en la muerte de Maximiliano Díaz Subils un joven que agonizó durante horas en la comisaría Sexta de Tolosa.

El hecho ocurrió en 2006, y los ahora procesados serán indagados en las fiscalías de 7 y 56, entre el 21 y el 30 de abril, según informó la Asociación Miguel Bru, organización patrocinante de la familia de la víctima.

Según publica el sitio Tintajudicial.com, la vida de Díaz Subils tuvo un trágico desenlace el domingo 19 de febrero de 2006, cuando murió en la dependencia policial después de agonizar más de catorce horas.

Quienes en ese momento estaban alojados con él, llegaron a romper a patadas las bisagras de las rejas de la zona de calabozos para exigir atención médica.

“Aun cuando fueron muchas las oportunidades de salvarle la vida, ni los policías ni los médicos tuvieron más respuesta que el desinterés, el destrato y las burlas permanentes, que muestran la desaprensión ética y moral que reina en la Provincia por la vida de las personas privadas de libertad”, explicaron en un comunicado desde AMBru.

Cinco días antes de su muerte, el martes 14 de febrero, el joven de de 20 años, pidió que lo llevaran a un médico porque no podía respirar. Recién cuatro días después, el viernes por la mañana, lo llevaron al Hospital Gutiérrez. La médica de guardia le diagnosticó un problema muscular y le hizo tomar un derivado de la penicilina.

De regreso a la comisaría tuvo un brote alérgico y fue trasladado nuevamente, esta vez al Hospital de Gonnet. Lo cierto es que lejos de ser un problema muscular, Maximiliano padecía una infección pulmonar y era alérgico a la medicación que le recetaron.

Para el sábado 18 se sentía cada vez peor y pidió que lo vea un médico otra vez. Antes del mediodía lo llevaron a Gonnet y la médica le detectó por fin una neumonía y dio recomendaciones precisas con los recaudos que debían tomar los policías si presentaba determinada sintomatología. Además pidió que lo trasladen a una nueva consulta dentro de las 24 horas.

Cuando volvió al calabozo empeoró, y después de mucho reclamar, los detenidos lograron que lo lleven de nuevo al hospital, donde el médico de guardia se negó a recibirlo con el argumento de que todo lo que tenía eran “mañas” y que lo que pretendía era quedarse en el hospital porque tenía problemas con el resto de los detenidos.

Ya de regreso, y antes de ser encerrado nuevamente en las celdas, Maximiliano fue amenazado por personal policial: "...Si seguís jodiendo con ir al médico te hacemos trasladar a un penal...".

Incluso - según se deduce del rastro de lesiones informadas en la autopsia- habría sido golpeado en las costillas y los testículos.

El calvario de Maximiliano terminó sobre una frazada en la que otros detenidos lo sacaron al patio de los calabozos, morado, hinchado, con el cuerpo impregnado de manchas, vomitado e inerte.

“Esta causa debe desentrañarse en un debate oral”

Fabio Villarruel, abogado de la Asociación Miguel Bru, refirió que "es muy importante que la fiscalía haya imputado tanto a los médicos como a los funcionario policiales, que es lo que veníamos reclamando, porque esta causa debe necesariamente desentrañarse en un debate oral”.

Paradójicamente, el episodio que terminó con el joven muerte, se produjo meses después de que la Corte Suprema intimara a la provincia de Buenos Aires a que en un plazo de 60 días hiciera cesar el encierro de personas enfermas y menores en comisarías del territorio provincial.

Ocho años de lucha

 Después de ocho años de litigio la investigación fue asumida por el fiscal Alejandro Marchet quien imputó y llamó a declarar a tres médicas por homicidio culposo y a un médico del hospital San Roque y tres efectivos de la Bonaerense por abandono de persona seguido de muerte, imputación que prevé penas de entre 5 y 15 años de reclusión o prisión.

Además un funcionario policial está imputado por falsificación ideológica y encubrimiento y otro por coacción agravada.