Romero se quedará con la investigación al presunto juez coimero

El Juzgado de Garantías Nº2 resolvió rechazar la inhibitoria que había planteado su par de Garantías 1, por lo cual tanto la fiscal Ana Medina como Marcelo Romero continuarán con las investigaciones que venían realizando hasta el momento por separado.

El juez de Faltas Ricardo Di Bella está acusado de cobrar coimas a cambio de dejar sin efecto multas de tránsito y faltas graves en habilitaciones de comercios, por un monto estimado de $250.000.

De esta manera se lo confirmaron fuentes judiciales a HOY. Días atrás, el propio representante del Ministerio Público le había dicho a este medio: "DDictaminamos que ambas causas deben quedarse en esta fiscalía”, le dijo a este medio el representante del Ministerio Público. Tanto la investigación que se inició en 2015 en la UFI 1 de Ana Medina, como la que comenzó él en agosto de 2016 sindican al magistrado por el delito de “recepción de dádivas”. 

Como informó este medio, el titular del Juzgado de Garantías Nº1, a cargo de Guillermo Atencio, había solicitado continuar con el caso a raíz de un planteo del abogado que representa a Di Bella, Alejandro Montone. Para el letrado “no corresponde que intervenga otro juzgado ni otra fiscalía porque se trata de un mismo delito; por eso planteamos la inhibitoria”.  

Si bien la causa de la UFI 1 es anterior a la de Romero, el caso se conoció mediáticamente en noviembre del año pasado cuando se dio a conocer una gran cantidad de pruebas que sindican al juez de Faltas como presunto receptor de las coimas. Para el fiscal, existen “elementos suficientes e indicios vehementes” de que durante el período comprendido entre el 24 de febrero de 2010 y el 30 de septiembre de 2016 Di Bella “cometió diversos delitos en perjuicio de la administración pública”.

Con relación a infracciones tránsito labradas por personal de Control Urbano “en las que se secuestraban vehículos, dicho juez, en forma discrecional, según los casos, cobraba formalmente la multa mínima, mientras que informalmente y de manera paralela solicitaba en su propio beneficio la entrega de otro importe con el objeto de liberar los vehículos”.

“En otras ocasiones, el juez valiéndose de su cargo, e incumpliendo la normativa contravencional asignada, directamente dejaba sin efecto las infracciones y las actuaciones labradas en consecuencia, cobrando dádivas en provecho propio, y en perjuicio del erario municipal, al impedir el ingreso al mismo del dinero en concepto de multa”, sostuvo Romero en aquel momento.