Guillermo Scarcella, el extitular de ABSA

Presunto testaferro de Scioli, “hasta las manos”

El extitular de ABSA, Guillermo Scarcella, quedó muy comprometido judicialmente tras comprobarse su participación en una red de sociedades offshore y cuentas en Estados Unidos. Nuevo capítulo en la corrupción S

La denuncia que realizara la diputada nacional Elisa Carrió contra el exgobernador Daniel Scioli por delitos contra la administración pública sigue su cauce en Tribunales. Luego de que el fiscal Álvaro Garganta dispusiera una serie de medidas contra sus más inmediatos colaboradores, la posición del exmotonauta parecería complicarse. Uno de los nombres más comprometidos ante la Justicia es el extitular de la empresa Aguas Bonaerenses (ABSA), Guillermo Scarcella, indicado por la líder de la CC-ARI como uno de los presuntos testaferros del exmandatario provincial, y al cual en las últimas horas le han descubierto un accionar más que sospechoso.

De acuerdo a los procedimientos ordenados por la Justicia, el exfuncionario sciolista y su exmujer Patricia Harguindeguy, estuvieron ligados a una red de sociedades offshore radicadas en Panamá, Estados Unidos y Uruguay, y a la compraventa de propiedades en Miami.

Según los datos que constan en la causa judicial, Scarcella y su familia aparecen con un poder especial para operar la firma Industria Palatina SA, que fue radicada en el país centroamericano por Mossack Fonseca, la misma que está involucrada en la causa de los Panamá Papers, y que aparece con crecientes y activos registrados en el estado de Florida en el sur estadounidense.

Millones dudosos

La firma ligada a Scarcella fue creada en noviembre de 2013 con diversos prestanombres del país caribeño. Ni bien se fundó la misma, se entregó al exfuncionario sciolista en forma automática un poder especial para realizar movimientos, junto a Patricia Harguindeguy, Lourdes Laulhe Harguindeguy y Gregorio Laulhe Harguindeguy. A través de la sociedad se compraron diversos bienes en los Estados Unidos y se abrieron cuentas bancarias en diversas entidades del país del norte y Centroamérica.

Pero Industria Palatina SA no es la única firma utilizada para hacer negocios por fuera de los cauces normales, sino que solo entre 2010 y 2011, la exesposa de Scarcella compró una serie de propiedades en el exclusivo condominio de Bal Harbour a través de Exetime LLC, una firma de la cual ella es dueña, y por la que gastó casi tres millones de dólares, de los cuales no podría comprobarse su verdadero origen.

Carrió aduce que los fondos con los que Scarcella y su familia compraron propiedades y desarrollaron una red de empresas no provendrían directamente de orígenes genuinos, sino que las inversiones se habrían realizado con el dinero sucio de la política, proveniente del gobierno de Daniel Scioli en el territorio bonaerense.

Se trata de un nuevo capítulo en la corrupción sciolista, que amenaza con sumar varios más con el correr de las semanas. El exgobernador aparece muy comprometido judicialmente por su proceder durante sus ocho años de gobierno en terreno provincial. 

La “caja negra” de la política

Desde el mismo momento en que presentó su denuncia ante la Justicia platense, la diputada Elisa Carrió viene asegurando que los manejos que se hicieron con millonarios fondos durante la era sciolista fueron usados para la inmensa caja negra de la política provincial que sostuvo las campañas del Frente para la Victoria.

Según apunta la chaqueña, ABSA, que en su momento era conducida por Guillermo Scarcella, era uno de los ámbitos del Estado a donde más “dinero sucio” se destinó, con fines “indescriptibles”, ocasionando así un fuerte desfalco a las cuentas públicas de la Provincia.

Carrió ha pedido que se investigue si las firmas relacionadas con Scarcella y su círculo familiar sirvieron para poder “blanquear” la plata que salía de las arcas bonaerenses, la cual el gobierno sciolista no puede certificar en qué fue gastada.

Las principales sospechas radican en el papel que tuvo Scarcella en la fallida campaña presidencial de Daniel Scioli, en la que ofició como uno de los recaudadores del FPV, gracias a lo cual podría haber hecho diversas maniobras para burlar la ley y poner en curso legal dinero proveniente de la corrupción.

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