Caso López: piden procesar hasta a las monjas

El fiscal Federico Delgado acusó a la esposa del exfuncionario, sus presuntos testaferros y las religiosas por haber contribuido a ocultar el “enriquecimiento ilícito”. Apuntó a la hermana Inés por encubrimiento, y pidió agilizar el trámite de la junta médica sobre la madre Alba

José López y toda su parentela, podría titularse la bochornosa saga que inició en la madrugada del 14 de junio el exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, cuando fue detenido al intentar esconder casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Es que, tal como sospecha el fiscal federal Federico Delgado, el exfuncionario no pudo haber consumado la corrupción solo, sin la ayuda de un círculo cómplice y protector.

Con esa presunción, ayer, el representante del Ministerio Público pidió ampliar el procesamiento del sindicado, al tiempo que solicitó procesar a su esposa, María Amalia Díaz, por “su participación en el supuesto enriquecimiento ilícito de López” y tras haber coordinado telefónicamente, según se presume, la llegada de López al monasterio. También ordenó la misma medida con Andrés Enrique Galera y a Eduardo Ramón Gutiérrez “en su carácter de testaferros”, y a “la hermana Celia Inés Aparicio por el encubrimiento”.

“López y su mujer son los verdaderos dueños de la casa de Dique Luján y vivían allí”, sostuvo el fiscal. Además, subrayó que el propio exsecretario, en su indagatoria del jueves“refirió que los nueve millones de dólares los tenía ocultos en su casa, más precisamente, en un contrapiso del tanque de agua ubicado arriba de la habitación personal de él y de su esposa”. 

Puntualmente, precisó que Díaz “junto con López construyeron la casa de Dique Luján en la que vivían y tenían oculta la gran suma de dinero secuestrada en la causa”, además “coordinó telefónicamente la llegada de López al Monasterio” de General Rodríguez.

Respecto a Gutiérrez, sostuvo que “procuró celebrar con López un contrato de locación con opción a compra para enmascarar la verdadera situación”. Sobre Galera, recordó que en 2008 le encomendó al arquitecto que construyó la casa que se reuniera con López y Díaz para las ampliaciones y refacciones a encarar en la casa de Dique Luján. En cuanto a la llamada hermana Inés,  “ayudó a López a ocultar los rastros del delito” por “la colaboración que le brindó la noche en la que este último fue al Monasterio”.

“En el convento sabían que iba a ir López, y de hecho lo estaban esperando en plena madrugada. Tenían conocimiento del contenido de los bolsos. En efecto, son contundentes las imágenes que muestran a la hermana Celia Inés Aparicio, repetimos, en la mitad de la noche, tomando los bolsos con el dinero que va dejando López en la puerta de entrada e ingresándolos al interior de la propiedad”, añadió.

Además, Delgado pidió al juez federal Daniel Rafecas que “agilice el trámite de la junta médica”, solicitada por la fiscalía para chequear el estado de salud de la monja nonagenaria Alba Día de España Martínez Fernández, quien habló por teléfono con López aquella noche del 14 de junio.

“Su resultado será decisivo para la investigación: permitirá revelar que las hermanas María Antonia Casas y Marcela Estefanía Albín mintieron al prestar declaración testimonial y que también formaron parte del encubrimiento, o, por el contrario, la hermana Alba también fue cómplice”, sentenció.

La parentela de la corrupción

María Amalia Díaz (esposa)

Se la acusa de haber contribuido en el supuesto enriquecimiento ilícito de López y por haber coordinado telefónicamente con las monjas el arribo de su esposo al convento de General Rodríguez.

Las monjas

La Justicia sospecha el “encubrimiento” de las hermanas, sobre todo de Inés (foto), quien aparece en imágenes de video ayudando a López a entrar los bolsos al Monasterio. Sin embargo, también se apunta a la complicidad de la madre superiora, Alba, que por su estado de salud y avanzada edad podría ser declarada inimputable.

Los testaferros

El fiscal Federico Delgado pidió el procesamiento del contador Andrés Galera y del constructor Eduardo Gutiérrez, quienes figuraron en los papeles como dueños de la mansión de Dique Luján que habitaba Lopez, pero que habrían actuado como testaferros para que el exfuncionario pudiera disimular que era el propietario del inmueble.