El presidente José Antonio Kast decretó el estado de catástrofe en las regiones de Coquimbo y parte de Atacama, donde las lluvias extremas provocaron inundaciones, cortes de rutas y dejaron aisladas a casi 100.000 personas.
Chile enfrenta una de las emergencias climáticas más graves de los últimos años luego de que un intenso temporal de lluvias dejara al menos cinco muertos, cuatro desaparecidos y cerca de 100.000 personas aisladas en el norte del país. La situación obligó al presidente José Antonio Kast a decretar el estado de catástrofe en la región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en Atacama, para acelerar el despliegue de ayuda y de las Fuerzas Armadas.
El fenómeno, que comenzó el 15 de julio, golpeó especialmente a regiones desérticas donde las precipitaciones intensas son poco frecuentes. Las crecidas de ríos bloquearon caminos, aislaron localidades enteras y provocaron graves inundaciones. Además, unas 150.000 personas permanecen sin suministro eléctrico y miles sufren interrupciones en el servicio de agua potable debido a los daños en la infraestructura.
Las autoridades informaron que más de 2.200 personas resultaron damnificadas y que al menos 1.100 viviendas fueron destruidas o presentan daños de consideración. También se registraron importantes pérdidas materiales en rutas, puentes y redes de servicios básicos.
“Lo que normalmente llueve en un mes cayó en apenas una hora”, explicó el viceministro del Interior, Máximo Pavez, quien calificó el episodio como un evento de precipitaciones “anormales y extremas”. En la misma línea, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, sostuvo que el país no enfrentaba un temporal de esta magnitud desde hacía más de 20 años.
El estado de catástrofe permite movilizar militares, restringir la circulación en las zonas afectadas y agilizar la distribución de recursos para asistir a los damnificados. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante el riesgo de nuevas crecidas, deslizamientos de tierra y fuertes marejadas, que ya obligaron a restringir las operaciones en decenas de puertos del país. La prioridad sigue siendo restablecer los servicios esenciales y llegar a las comunidades que permanecen incomunicadas.
El gobierno chileno también inició un relevamiento de los daños para acelerar la entrega de asistencia a las familias afectadas y planificar la reconstrucción de viviendas e infraestructura crítica. En paralelo, organismos de protección civil insistieron en que la población respete las órdenes de evacuación y evite desplazamientos innecesarios.