Nicolle Salle: “Cada día sin respuestas es una afrenta a la verdad y a la justicia”

La diputada Nicolle Salle propuso una comisión preinvestigadora sobre la gestión del Covid-19 en Uruguay con el objetivo de esclarecer diversos aspectos de la gestión anterior durante la pandemia como las medidas adoptadas por el gobierno durante la crisis sanitaria y la falta de transparencia en la gestión del Covid-19 en Uruguay.

—Hizo hincapié sobre la importancia de investigar sobre las vacunas contra el coronavirus. ¿Cómo viene hasta el momento esa investigación que lleva adelante?

—Lamentablemente, la investigación no avanzó. Y no porque falte evidencia o voluntad ciudadana, sino porque el sistema político uruguayo, en su conjunto, se ha negado a investigar. Presentamos en el Parlamento una solicitud formal para crear una Comisión Investigadora sobre la gestión de la pandemia, como corresponde en una república que se precia de democrática. La respuesta fue clara: todos los partidos políticos y todos los diputados presentes votaron en contra. Es decir, se eligió cerrar los ojos, barrer bajo la alfombra, mirar hacia otro lado.

Lo que se propuso investigar era serio: los contratos secretos firmados con laboratorios, el incumplimiento del control legal de los inoculantes por parte del Ministerio de Salud Pública, los miles de muertes en exceso tras el inicio de la vacunación, la violación del consentimiento informado y la censura de voces científicas críticas. Nada de eso mereció, para el resto del sistema político, siquiera una indagatoria.

—Habló de “falta de transparencia” en la gestión del Covid-19. ¿Qué puntos específicos aún no tienen respuesta?

—Ninguno tiene respuesta. Comencemos por los contratos: Uruguay firmó acuerdos con laboratorios como Pfizer bajo cláusulas de confidencialidad que impiden saber qué se negoció, si hubo exoneración de responsabilidades civiles o si se comprometieron bienes nacionales como garantía, como sí ocurrió en otros países. Hasta hoy, no se han desclasificado.

Tampoco hay respuesta sobre el control de los inóculos. El ministro de Salud Pública, en reiteradas ocasiones, reconoció que no realiza controles propios sobre los lotes que ingresan al país, lo que es una violación a su propia ley orgánica (Ley 9.202). Es decir, Uruguay aplicó millones de dosis sin verificar su composición, su seguridad o su calidad.

Un estudio técnico independiente realizado por la biotecnóloga Lorena Diblasi y la Dra. Marcela Sangorrín analizó vacunas Pfizer y Moderna disponibles en Argentina y detectó 55 elementos extraños en los inóculos, muchos de ellos incompatibles con la vida, que no estaban declarados en las fichas técnicas. Las autoras concluyen que estos productos no pueden ser considerados ni seguros ni biológicamente aceptables para su uso en humanos, ya que contienen componentes cuyo origen y función se desconocen, lo que constituye un gravísimo incumplimiento de normas regulatorias internacionales, y este no es el único. En Japón por ejemplo se suspendieron lotes tras comprobarse su contaminación,

—Muchos de los informes que ha solicitado se le ha negado información. ¿Qué evaluación hace sobre la falta de respuestas por parte de las autoridades?

—Técnicamente, la información no ha sido denegada, pero en la práctica se ha obstaculizado su acceso. En casi todos los pedidos de informes realizados —desde temas de salud pública hasta soberanía territorial— se han solicitado prórrogas para responder. Esto implica que, aunque los plazos legales están formalmente contemplados, muy pocos informes han sido respondidos en tiempo y forma, y algunos continúan sin respuesta meses después de haber sido solicitados. Algunos incluso los hemos tenido que reformular. Este patrón sistemático de dilación revela una resistencia estructural a la transparencia, que afecta directamente el derecho de los ciudadanos a conocer qué decisiones se están tomando en su nombre, con qué fundamentos y con qué consecuencias. Pedir información es ejercer un mandato constitucional; que el Estado se demore o diluya las respuestas es una forma velada de negarla. En conjunto con mi padre, me atrevo a decir que tenemos más de 200 solicitudes en 100 días de gobierno.

—¿Por qué es tan grave que no se investigue?

—Porque si lo que denuncian médicos, científicos, pacientes y familias afectadas es cierto, y hay pruebas que sugieren que lo es, estaríamos ante uno de los episodios más graves de la historia democrática reciente: violaciones masivas de derechos humanos, daños a la salud pública y manipulación institucional con fines políticos y comerciales.

Mientras el Parlamento se niega a investigar, hay niños con efectos neurológicos, mujeres con problemas de fertilidad, hombres con miocarditis, familias destrozadas por muertes súbitas. Y porque cada día que pasa sin respuestas, es una afrenta a la verdad y a la justicia.