10/03/2016 - 06:12hs
Mientras el gobierno de Vidal prepara un nuevo tarifazo, reflota un polémico negocio que armó Scioli con una empresa estatal israelí. Auditorías fantasmas y los polémicos vínculos del gremio Sosba con el vaciamiento de ABSA
Luego de habilitar una suba en las tarifas de luz superior al 170% en La Plata y en el interior de la Provincia, el gobierno de María Eugenia Vidal va por más. Por eso buscará que, en la audiencia pública del próximo 23 de marzo, se allane el camino para que se aumente en un 150% el servicio que se cobra por la prestación de agua y cloacas, en momentos en que desde la empresa se niegan a hacer efectivo el fallo judicial –ratificado por la Suprema Corte bonaerense- que ordena devolver a los usuarios más de $2000 millones que habían sido recaudados por la empresa ilegalmente.
En definitiva, el nuevo tarifazo generará un fuerte cimbronazo en las economías familiares que están afrontando una inflación sin freno, representada por un aumento constante y sistemático de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, en especial en el rubro alimentos.
Ahora bien, una vez que en la audiencia pública se apruebe el nuevo aumento de la tarifa, ¿que se piensa hacer con ese dinero? La realidad es que no avizoran muchos cambios. Más bien, las señales que está dando el gobierno provincial es que se mantendrán los oscuros negociados que llevaron a que La Plata, Bahía Blanca y otras localidades bonaerenses estén al borde del colapso sanitario por los cortes permanentes en el servicio, la baja presión y la elevada concentración de arsénico. Por ese motivo, cada vez son más los intendentes que, ante la imposibilidad de contener el reclamo ciudadano, están planteando –abiertamente- que el servicio de agua y cloaca sea municipalizado.
Ante la situación de colapso en la que se encuentra la compañía, el gobierno provincial emprendió una auditoría. La movida, en realidad, sería una cortina de humo. “Muchos de los que están haciendo la auditoría, son los mismos que vaciaron ABSA”, dijeron distintas fuentes consultadas por Hoy. Y dieron cuenta que uno de ellos sería el contador Héctor Hugo Domínguez, quien fue hasta hace pocas semanas integrante del directorio de la Autoridad del Agua y que ahora habría sido nombrado en un cargo gerencial en la empresa.
A Domínguez se le sindica haber sido quien armó los pliegos de la privatización de Obras Sanitarias en la Provincia a pedido del propio sindicato (Sosba) que, en lugar de defender el patrimonio de todos los bonaerenses, en los años 90 buscó quedarse con la empresa. En aquel entonces, la mejor oferta fue realizada por Azurix, ligada al grupo norteamericano Enron, que terminó huyendo de la provincia en el año 2001 y llevó a la Argentina a los tribunales internacionales por no haber podido aumentar las tarifas.
En tanto, según pudo constatar Hoy, la firma de Domínguez también aparece en una controvertida empresa del año 2013, mediante la cual se crea la figura de los facilitadores, intermediarios privados que recaudan por funciones que debería cumplir la propia Autoridad del Agua (ver más abajo).
Otro caso llamativo lo constituye la ex vicepresidente de la ADA, Liliana Raskovsky, que sigue formando parte del organismo. Fundó la empresa Consultora Hydea SRL en el año 2011 que llamativamente se dedica a realizar proyectos de saneamiento hidráulico y pluvial para empresas que desarrollan barrios privados como Haras del Sur IV, Polo Club y Haras del Sur V. Estos barrios requieren, para poder ser habilitados, la certificación de aptitud de la propia Autoridad del Agua.
Raskovsky, que es esposa de un alto dirigente del Sosba y se desempeñó como vicepresidenta de ADA, en el año 2013 le cedió las acciones Hydea SRL a su hijo, que se desempeña como “facilitador” del organismo. Como si todo esto fuera poco, la empresa en cuestión tiene como clientes a ABSA, al Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR), y a dos empresas estrechamente vinculadas al Sosba como son Mako SA y 5 de Septiembre SA.
El proceso de vaciamiento
Tras la salida de Azurix, en el año 2002 el Sosba se hizo del control de la empresa que pasó a denominarse ABSA y la convirtió en una sociedad del Estado, una polémica figura jurídica que permite hacer contrataciones directas millonarias sin atravesar por todos los mecanismo de control que existen en el Estado bonaerense.
A su vez, los trabajadores de la empresa no están alcanzados por el escalafón del personal de obras sanitarias como regía antes de la privatización (ley 10384), sino que tiene un régimen especial que hace que no aporten al Anses (carecen del beneficio de movilidad que tiene el IS) y tampoco tiene acceso a IOMA. Lo insólito es que el actual secretario general del Sosba, Julio Castro, actualmente es el secretario general de la Federación de Gremio Estatales (Fegeppba) y en las últimas paritarias del gobierno bonaerense negoció con él aspectos relacionados con la Ley 10.430, que rige a la mayoría de los empleados públicos pero que prácticamente no alcanza a los afiliados del Sosba. Castro fue un garante del irrisorio 15%, en dos cuotas, que ahora pretende pagar el gobierno provincial.
En definitiva, cada vez queda más claro que el principal interés que tenían algunos gremialistas bonaerenses, en las últimas paritarias, poco y nada tenían que ver con los salarios.
Cáscara vacía
Desde que fue fundada en el año 2002 ABSA fue y sigue siendo una cáscara vacía regenteada por dos empresas privadas: la firma 5 de Septiembre SA, presidida por el mencionado Julio Castro, y Gral Saneamiento, cuyo titular es el polémico empresario Marcelo Salinas, ex esposo de la vedette María Eugenia Ritó a quien conoció, según reconoció públicamente la propia Ritó, como cliente de sus servicios sexuales. En el juicio de divorcio la vedette le reclamó un barco en Punta del Este, un departamento en la misma ciudad, otro en Miami y tres en Buenos Aires; además, tres autos de alta gama.
Castro y Salinas son protagonistas principales de uno de los negocios más escandalosos de la era sciolista como es el desembarco de la empresa estatal israelí Mekorot, acusada por Amnistía internacional por aberrantes delitos cometidos en Medio Oriente, para ampliar la planta potabilizadora de Punta Lara. Lejos de revisar lo actuado por la gestión anterior, durante la última Asamblea Legislativa la gobernadora María Eugenia Vidal anunció que seguirá adelante con el proyecto.
Tal como informó Hoy, para que se concrete este oscuro negociado, el gobierno de Scioli hizo en el año 2012 una licitación escandalosa al punto tal que, cuando se estaba realizado el proceso de adjudicación, estaba reunido con representantes de la empresa israelí en su despacho. Eso no fue todo: la alternativa a Mekorot –que se presentó en una UTE conformada también por la firma Mako que también preside Salinas y la sociedad 5 de Septiembre- fue presentada por Odebrecht, una empresa brasileña que supo hacer polémicos negocios con Julio de Vido y cuyo ex presidente fue condenado a 19 años de prisión en el vecino país en el marco del escándalo judicial que involucra a Petrobras.
El viernes pasado, desde el diario Hoy, nos comunicamos con el Ministerio de Infraestructura bonaerense y con la empresa ABSA con el objetivo de que respondan una serie de interrogantes: ¿se pretende seguir adelante con la licitación que hizo el gobierno de Scioli, donde resultó como adjudicataria Mekorot, o se va a convocar a nueva licitación?, ¿tiene sentido hacer una planta potabilizadora cuando los propios profesionales de carrera del Ministerio de Infraestructura alertan que primero se debería reemplazar gran parte de la red de distribución, con caños que tienen más de 100 años, a lo que se suman los problemas con la posible suba de napas que podría ocurrir si se tomara toda el agua a potabilizar del Río de La Plata?
La respuesta fue el silencio…
Autoridad del Agua: una caja política y sindical
La autoridad del Agua es un ente autárquico que debería hacer cumplir las leyes en lo que se refiere a reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, captación, uso, conservación y evacuación del agua en la Provincia.
Ahora bien, el 17 de octubre de 2013, las autoridades de ese organismo firmaron una polémica resolución –que lleva el número 465- mediante la cual se ceden facultades a un puñado particulares (se dividieron la provincia en zonas, de forma directa, sin licitación ni compulsa de precios), que pasaron a denominarse “facilitadores externos”. Tal como lo indican su nombre, debería dedicarse a “facilitar” el registro en el denominado Banco Único de Datos de Usuarios de los recursos Hídricos (BUDURH). Para ese fin se les encomendó: poner en conocimientos al usuario, según su actividad y estadio, de las gestiones y trámites que deberán presentar ante la ADA para tramitar o mantener su condición de usuarios registrados y obtener la condición de permisionarios, concesionarios y/o consorcistas. Se calcula que en este Banco se encontraría inscriptas unas 5000 empresas.
Ahora bien, aquellos establecimientos identificados que no se inscribieron voluntariamente el BUDURH pasaron a formar parte de un padrón de morosos y si en su presentación tiene alguna irregularidad es considerado infractor, por lo cual le corresponde penalidades económicas, siendo esta una de los actividades lucrativas de los “facilitadores” que actúan como intermediarios entre el Estado y los usuarios.
En el año 2011, Liliana Raskovsky -quien fue vicepresidenta de la ADA- fundó una empresa llamada Consultora Hydea SRL, con domicilio en La Plata. Pocos meses antes de la firma de la resolución 465, Raskovsky cedió a su hijo –Fernando González- 1500 acciones de la empresa y el 4 de agosto de 2014 el propio Fernando pasó a estar inscripto en el registro de facilitadores externos en el municipio de Pilar, la comuna donde estarían radicadas gran parte de las empresas inscriptas en el BUDRH.