24/06/2016 - 06:06hs
Es por la causa de enriquecimiento ilícito. El operativo judicial fue avalado ayer en la Cámara de Diputados por amplia mayoría. El cajero K, contra las cuerdas
La Cámara de Diputados votó a favor de permitir a la Justicia allanar el domicilio y las oficinas del diputado nacional Julio De Vido en el marco de una causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
Fueron 137 votos positivos contra 49 negativos y una abstención del propio legislador kirchnerista, quien apareció en el recinto luego del escándalo que lo involucra al exsecretario de Obras Públicas, José López.
La iniciativa fue apoyada por el bloque massita, la izquierda, el Frente Progresista y el sector justicialista de Diego Bossio. Por su parte, el Frente para la Victoria dejó entrever un claro quiebre entre sus legisladores: la bancada de Héctor Recalde cuenta con 76 miembros, de los cuales al menos 27 estuvieron ausentes.
Por su parte, los seis diputados que integran el Movimiento Evita también faltaron a la sesión de la cámara baja y decidieron abandonar el bloque, ya que no estaban de acuerdo con defender al exministro de la nación. Frente a esto, anunciaron la conformación de una nueva bancada: Peronismo para la Victoria. La ruptura se suma a los desprendimientos que viene sufriendo desde principio de año el Frente Para la Victoria.
El proyecto fue presentado por el diputado macrista, Pablo Tonelli, luego de que un operativo judicial en un departamento de De Vido debiera ser suspendido el pasado 29 de abril por la ley de fueros parlamentario que protege y da inmunidad a funcionarios, legisladores y magistrados.
La causa
La investigación por corrupción está a cargo del Juez Federal Luis Rodríguez desde el 28 de julio de 2008, cuando el abogado de la asociación civil anticorrupción, Ricardo Mooner Sans, denunció a De Vido por enriquecimiento ilícito. La causa abarca no solo al exministro de Planificación Federal, sino también a su esposa, Alessandra Minnicelli, quien fue adjunta de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), desde 2003 hasta 2007.
Bajo la lupa está la compra de una chacra de cuatro hectáreas en Zárate, el alquiler de un inmueble en Capital Federal, la cercana relación de los imputados con distintas sociedades que tuvieron intervención en las operaciones inmobiliarias y los ingresos y bienes declarados por la mujer de De Vido. El crecimiento patrimonial de quien tuvo a su cargo toda la ejecución de la obra pública nacional durante los 12 años del gobierno K creció de manera descomunal.
Mooner Sans también denunció a José López por el manejo arbitrario de la obra pública y por enriquecimiento ilícito: su patrimonio se multiplicó por catorce entre 2003 y 2011. Actualmente, la causa es tramitada por el juzgado de Daniel Rafecas.
Causas que lo complican
Las irregularidades en los contratos ferroviarios tuvo como efecto colateral la tragedia de la línea Sarmiento, que dejó a 51 muertos y 700 heridos. Por la tragedia de Once, De Vido fue procesado por Claudio Bonadío por ser el supuesto coautor del descarrilamiento y presunto partícipe necesario de la defraudación de la administración pública.
Las causas que lo involucran no terminan ahí: está imputado por lavado de dinero en el marco de la ruta del dinero K, por sobreprecios de obras públicas en Santiago del Estero, y por fraude, abuso de autoridad y sobreprecios en las importaciones de gas natural licuado. Además, fue citado a prestar indagatoria por el desvío de fondos que debían destinarse a la construcción de viviendas del programa Sueños Compartidos.
El procesamiento por los contratos ferroviarios
La causa por enriquecimiento ilícito no es la única que atormenta por estos días a Julio de Vido. El martes, el juez federal Sebastián Ramos procesó al exministro de Planificación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario, en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en la renegociación de las concesiones de las líneas de trenes.
En este contexto, comenzaron las irregularidades: se otorgaron subsidios millonarios al transporte, no se realizaron los controles de las concesionarias, tampoco se ejecutaron las penalidades a las empresas que incumplían las normas y se cedieron numerosos contratos de obras sin licitación. Esto ratifica el informe elaborado por el diario Hoy y que el domingo pasado fue emitido en el programa Todo en uno (A24, de 15 a 17), en el que se mostró formaciones de la firma estatal Ferrobaires en estado deplorable.