Intervención y expropiación

El Presidente de la Nación anunció ayer en conferencia de prensa que se intervendrá a la empresa Vicentin y luego se la expropiará. Además, afirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para su expropiación y así “rescatar” a la empresa de manera que le permita afrontar la crisis financiera.

“Con la expropiación de Vicentin, los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, dijo Fernández y agregó que esto se da en el marco de un mundo pospandemia que va a poner a los alimentos en el “centro de la discusión”.

“Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentin. Todos los activos del Grupo Vicentin serán parte de un fondo fiduciario y la gestión se la encomendaremos a YPF Agro”, añadió el Presidente.

Alberto Fernández precisó la firma del DNU con la intervención de la empresa y a la vez anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación de Vicentin para “declararla de utilidad pública”.

“Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa que continuarán en su puesto de trabajo y a los 2.600 productores que podrán seguir operando y vendiendo sus granos a través de ella”, detalló el mandatario.

“Se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola. Creemos que hoy estamos dando una respuesta a toda una provincia, pero también estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional”, explicó el Presidente.

“Esto no es nada más y nada menos que rescatar una empresa”, insistió Fernández. “No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. Estoy seguro que los santafesinos están contentos con esta noticia”, concluyó Alberto.

Esta empresa agropecuaria fue la que recibió del Banco Nación de la República Argentina (BNRA) durante la gestión del director Javier González Fraga un préstamos de U$S 1.300 millones.

González Fraga está siendo investigado por ello, ya que en enero, el Banco Nación había analizado el financiamiento que le otorgaron a la cerealera durante el gobierno anterior y se la consideró como una “maniobra fraudulenta en complicidad con la anterior conducción del país y de la institución” y determinó que los ingresos de la compañía no justificaban “el estrés financiero” alegado por la empresa.

En diciembre pasado, Vicentin anunció que enfrentaba una cesación de pagos con sus proveedores debido a un “estrés financiero”. A los privados les adeudaba un monto que ronda los 350 millones de dólares y con los bancos tenía otra deuda por unos 900 millones de dólares.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

Además el Grupo Vicentin ha sido uno de los principales aportantes de la campaña del expresidente Mauricio Macri con una suma total de $13,5 millones.

A principios del pasado mes de febrero, el principal exportador de aceite y harina de soja de la Argentina recibió un pedido de quiebra de parte de la empresa Gagliardo Agrícola Ganadera S.A. Luego un grupo de 149 damnificados, en el que se encuentran productores, corredores, y acopios, se sumaron al pedido.

El pasado 10 de febrero, la firma le solicitó a la Justicia el concurso preventivo que terminó siendo aprobado a principios de marzo por el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista.

Vicentin solicitó la convocatoria de acreedores porque le llovían pedidos de quiebra de 150 damnificados.

A finales de mayo, Vicentin anunció que licenciaría en el plazo de 10 días a sus 800 operarios y no descartó posibles despidos. Los anuncios del Gobierno dan “un respiro” a los trabajadores que no se quedarán en la calle.