La CGT cuestionó la iniciativa oficial y advirtió que habilita una entrega inédita de patrimonio argentino a favor de intereses extranjeros.
02/07/2026 - 23:45hs
La Confederación General del Trabajo lanzó un pronunciamiento contra el proyecto impulsado por el Presidente Javier Milei que busca modificar la Ley de Tierras Rurales. La iniciativa oficial pretende eliminar los límites que hoy impiden que personas o empresas extranjeras concentren más del 15% de las tierras a nivel nacional, provincial o municipal. Para la central obrera, esa decisión representa una entrega inédita del patrimonio argentino y coloca al país en una posición de vulnerabilidad frente a actores externos que persiguen recursos estratégicos.
El comunicado sostiene que el Gobierno “intenta regalar el territorio a nuevos vendedores de espejitos de colores”, desconociendo el esfuerzo de generaciones que defendieron la soberanía. La CGT advierte que el plan favorece a quienes concentran poder económico y buscan apropiarse de minerales, tierras cultivables, energía y agua. La crítica sindical se apoya en la idea de que la tierra no es “una mercancía más”, sino un recurso vital que debe ser protegido de la especulación de capitales que no tienen arraigo en el país.
Un límite que protege la soberanía
La ley vigente fue sancionada en 2011 y fijó parámetros claros para evitar abusos en la compra de tierras rurales. Según datos oficiales, los extranjeros poseen 13,2 millones de hectáreas, lo que equivale al 4,97% del total del país. La central obrera subraya que “no existe fortuna ni promesa de inversión que justifique entregar ríos, lagos, glaciares y tierras cultivables a la lógica del mercado”. Esa riqueza, señala el escrito, pertenece al pueblo y debe ser utilizada para impulsar el desarrollo y garantizar bienestar. La CGT insiste en que los límites no son un capricho, sino una herramienta de defensa nacional frente a intereses que buscan apropiarse de recursos estratégicos sin considerar el impacto social y ambiental.
En esa línea, la organización considera que habilitar una liberalización de semejante magnitud implica abrir la puerta a una explotación indiscriminada de recursos estratégicos.
Una iniciativa a contramano del mundo
La CGT advierte que numerosos países mantienen restricciones para evitar que la tierra quede en manos de corporaciones extranjeras. En ese sentido, la iniciativa oficial se presenta como un retroceso que expone al país a una dinámica de concentración y pérdida de soberanía. La central obrera plantea que la riqueza natural no puede quedar librada a la lógica del mercado y que el Estado tiene la obligación de garantizar que los recursos estratégicos se utilicen en beneficio de la población. La advertencia busca instalar un debate sobre el rumbo de la política económica y el alcance de las decisiones que comprometen el patrimonio argentino. La CGT entiende que el proyecto del Gobierno no solo afecta la propiedad de la tierra, sino que abre la puerta a un modelo de país subordinado a intereses externos. La discusión se convierte así en un punto de inflexión sobre el futuro de la Argentina y sobre la capacidad de sus instituciones para defender el territorio frente a presiones económicas globales.