14/07/2016 - 06:07hs
La titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 4 de La Plata, María Ventura Martínez, dictó ayer una medida cautelar que frenó el proceso que se había puesto en marcha en el IOMA para adquirir un servicio de emergencias médicas para los afiliados de la obra social.
La magistrada hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la empresa UDEC. Dispuso que la suspensión de la Contratación nº 63/2016 regirá hasta “el dictado del pronunciamiento definitivo”. Este proceso puesto en marcha por la obra social salió a la luz a partir de un informe publicado por Hoy, que dio cuenta de una denuncia del gremio Suteba sobre presuntos sobreprecios. También se informó que el negocio implicaba unos $400 millones y, además, buscaba favorecer a la empresa Emergencias SA, vinculada a Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN.
“Se advierte liminalmente falta de coherencia y de razonabilidad en el objeto de bases y condiciones particulares con relación a los recaudos que se exigen en función del servicio que se pretende brindar a IOMA, al exigirse al oferente ser propietario de una cantidad mínima de 60 unidades de terapia intensiva móviles polivalentes, sin precisarse cómo deberán desplegarse en todo el territorio provincial y sin determinarse la cantidad de recursos humanos necesarios para el funcionamiento del sistema”, consignó la jueza. También objetó que “la invitación cursada a la firma actora a participar, a tan solo tres días hábiles previos a la presentación originaria de ofertas y apertura de sobres, resulta insuficiente”.