29/02/2016 - 06:09hs
El juez federal Claudio Bonadio avanza en la causa por “dádivas” y “sobreprecios” en la importación de gas, con el foco puesto en el exministro. Buscarán pruebas en España de los ilícitos. Cerco judicial a la corrupción K
La corrupción fue una de las constantes durante la mal llamada década ganada, mostrando un estado de putrefacción dirigencial que llevó a que el país perdiera cientos de millones de dólares de sus arcas. Uno de los funcionarios más cuestionados y acusado de serias irregularidades en el manejo de los dineros públicos, fue el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
En las últimas horas, se pudo conocer que el juez federal Claudio Bonadio, sigue avanzando en la causa en la que investiga al exhombre fuerte del gobierno K, por supuestas "dádivas" o "sobornos" en la importación de gas a través de la empresa estatal Enarsa.
En el marco de esta investigación, el magistrado que es el terror del kirchnerismo, enviará un exhorto diplomático a Madrid para requerir información sobre la firma Contrater Consulting, quien se había asociado a Enarsa para la aventura importadora.
Las graves anomalías que se cometieron en esa operación, llevó a que el contrato entre ambas empresas quedara bajo la lupa. Según se investiga en Tribunales, Enarsa habría pagado 2,5 millones de dólares a la sociedad española por un cargamento de Gas Natural Licuado (GNL) que jamás arribó a las costas argentinas.
Bonadio llegó a esta decisión luego de que en los allanamientos que hizo en septiembre del año pasado a las oficinas del Ministerio de Planificación, Enarsa e YPF, donde encontró e-mails comprometedores en dicho accionar en las instalaciones de la Subsecretaría de Coordinación, que dependía de Roberto Baratta, principal asesor de De Vido.
Negociado millonario
Los operativos judiciales que ha venido ordenando Bonadio, se han hecho con la intención de conocer cuáles eran las funciones que cumplía YPF como intermediario entre los proveedores de gas y Enarsa, con contratos que habrían sido utilizados para facturar con sobreprecios y cobrar grandes sobornos.
De acuerdo a la denuncia presentada por Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso, los valores de los contratos conocidos son precios diferenciales muy distintos a los contratos hechos, dando motivo a que todo esto llevó a una red de corrupción muy grande en donde intervinieron cuantiosos funcionarios kirchneristas y empresarios, tanto nacionales como extranjeros.
Hasta el momento los contratos siguen sin aparecer, no pudiéndose certificar cuánto es lo que gastó el Estado en estos negocios. Solo en 2012 se compraron 80 barcos de gas a un precio de 50 millones de dólares cada uno, unos 4.000 millones de dólares.
Según se apunta, el magistrado contaría con pruebas certeras que muestran como desde el kirchnerismo habrían ideado una maniobra para pagar sobreprecios -con “excesos” de hasta el 200%- en la importación de gas usando intermediarias entre las exportadoras y Enarsa.
El secretismo en que recayó el gobierno K en la mayoría de sus acciones, no hizo más que poner obstáculos en la investigación judicial, buscando frenar el avance de la Justicia a la verdad sobre un caso que deja en evidencia una forma de ejercer el poder oscura y con altos vicios de ilegalidad.
Menemismo oculto
El exministro de Obras Públicas del menemismo, Roberto Dromi, ideólogo del proceso privatizador que le puso bandera de remate al patrimonio nacional, fue uno de los grandes asesores que tuvo Julio De Vido en su paso por el gobierno K.
Fue justamente Dromi, quien en una entrevista dejó entrever el diferencial entre las compras de Enarsa y las compras de YPF, y admitió que él había cobrado una comisión por esa tarea, lo que despertó la labor de la Justicia en el tema.
Un modus operandi que evidencia los manejos oscuros del kirchnerismo, que no dudó en contar para ello con el apoyo de exministros menemistas, no dudando en rematar así la soberanía nacional.