06/07/2014 - 07:02hs
Algo peor que un político mentiroso, es un político que se cree su propia mentira y piensa que el resto de la ciudadanía debe hacer lo mismo. Eso es lo que están haciendo la presidenta y gran parte de los dirigentes que forman parte de esa cáscara vacía que se hace llamar Partido Justicialista, que poco y nada tiene que ver con la estructura política puesta en marcha por Juan Domingo Perón.
La presidenta dio la nota en la semana que pasó intentando defender, de forma indirecta, al procesado Amado Boudou. Para ello cuestionó a la Justicia y no tuvo mejor idea que trazar una penosa comparación con las persecuciones y padecimientos que afrontaron, en distintas épocas, Hipólito Yrigoyen y Perón, presidentes que fueron derrocados por infames dictaduras.
Eso no es todo. En su afán de cuestionar al magistrado, la primera mandataria recurrió a un hecho ocurrido hace 84 años, cuando la entonces Corte Suprema avaló el golpe de Estado de Uriburu. ¿Qué tienen que ver esos acontecimiento con la causa que afronta Boudou, acusado de haberse querido quedar con la ex Ciccone y con el negocio de la impresión de papel moneda a través de presuntos testaferros? ¿Qué tienen que ver aquellos magistrados de la década infame, que llevan varios años muertos, con el juez Ariel Lijo que procesó a Boudou ante el cúmulo de pruebas irrefutables que existen en la causa? Absolutamente nada. La defensa de Cristina carece de toda lógica, roza lo absurdo.
Recurrir de forma permanente y sistemática a la excusa de que habría una mano invisible o un poder oculto que conspira contra su gobierno, como lo hace el oficialismo, es una estrategia de muy corto alcance. El famoso relato K está haciendo agua por todos lados y para lo único que sirve es para arengar a la militancia rentada, que vive de la teta del Estado (que pagamos todos los ciudadanos con los impuestos).
Ahora bien, llama poderosamente la atención que mientras CFK elabora estas teorías conspirativas, la cúpula del PJ sale a avalar esas afirmaciones, solidarizándose con un personaje como Boudou que ni siquiera es peronista. Si algo ha caracterizado al justicialismo, en las últimas décadas, es su pragmatismo. Saberse acomodar según las circunstancias les permitió a varios de sus referentes ser menemistas, luego duhaldistas y ahora kirchneristas. Cabe preguntarse, entonces, ante un ciclo político que se termina y que tiene fecha de vencimiento en diciembre de 2015, qué ganan los popes del PJ con salir a defender a Boudou, haciendo caso omiso a las múltiples pruebas que existen en su contra.
Entre los dirigentes justicialistas que firmaron el respaldo al vicepresidente está el gobernador Daniel Scioli que, en la semana que pasó, desplegó una suerte de juego a dos puntas. Concretamente, un día antes del cónclave partidario, José Pampuro, miembro del directorio del Banco Provincia, salió públicamente a decir que lo más conveniente era que el vicepresidente, que estaba de visita protocolar en Panamá, se tomara licencia y no asumiera su cargo como presidente del Senado. Pampuro habló desde el conocimiento de la gestión. Durante varios años, fue presidente provisional de la Cámara alta, cargo que ahora tiene el exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Scioli se está moviendo de forma pendular en este tablero político, corriendo el riesgo de ser tildado de tibio, en un escenario donde el conjunto de la ciudadanía está reclamando un cambio urgente en el país.
Fiebre mundialista como pantalla
Por otra parte, el gobierno nacional utilizó la pantalla que le otorga el Mundial de fútbol, con una gran parte de la ciudadanía pendiente de los partidos de la Selección, para instrumentar medidas sumamente impopulares. En tan solo una semana, habilitó un importante incremento en el precio de las naftas y en las tarifas del transporte público, decisiones que recalentarán aun más la espiral inflacionaria que afecta al país.
Como si todo esto fuera poco, la frutilla del postre fue la ley aprobada entre gallos y medianoche en el Senado nacional que limita la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. Una vez que esta norma sea promulgada, las disposiciones del Código Civil no se podrán aplicar al Estado de “manera directa o subsidiaria”. De este modo, todas las demandas contra el sector público quedarán sujetas al fuero Contencioso Administrativo.
El gobierno tendrá una suerte de inmunidad civil ante un posible hecho que perjudique a ciudadanos y/o empresas. El ejemplo emblemático es el de la tragedia de la Estación de Once. Los damnificados por un hecho de este tipo, causado por la crisis del sistema ferroviario, ya no podrán reclamarle un resarcimiento al Estado y a sus funcionarios, sino que deberán accionar directamente contra el concesionario privado. Y si este último se declara insolvente, se quedarán con las manos vacías.
Se viven tiempos turbulentos en el escenario político y económico de nuestro país, y el gobierno ni siquiera cuenta con un plan de vuelo para afrontar la tormenta.
Juan Gossen
gossen@diariohoy.net