La entidad pidió al Gobierno suspender las medidas mientras se debate la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal en el Congreso.
05/06/2026 - 00:00hs
La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un pedido formal al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero suspenda embargos y evite aplicar multas a las pequeñas y medianas empresas mientras se discute en el Congreso la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal. La solicitud se conoció tras el anuncio oficial del envío del proyecto y refleja la preocupación del sector frente a un escenario de retroceso productivo y pérdida de empleadores.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde la llegada de Javier Milei al Gobierno se perdieron 24.437 empresas empleadoras, lo que equivale a una caída del 4,8% del total. Se trata de la contracción más pronunciada en los primeros 27 meses de gestión desde al menos 2003, lo que marca la gravedad del contexto en el que se inscribe el reclamo de la CAME.
Propuestas de reducción de sanciones
La entidad solicitó que, en caso de que el contribuyente regularice la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización del período de espera, la multa se reduzca en un 50 por ciento. Además, planteó que recién una vez vencido ese plazo se aplique la sanción completa, acorde a los montos previstos por la normativa. El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la CAME, Vicente Lourenzo, precisó que también se requiere la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas.
Impacto en el entramado productivo
El esquema propuesto debería incluir las deudas vencidas al 31 de mayo, los planes de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado. La CAME subrayó que la medida es necesaria para preservar el entramado productivo y acompañar la competitividad de las pymes en un contexto de caída del consumo y de debate sobre una reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional. La entidad advirtió que resulta clave atender el planteo para evitar que la presión fiscal termine por desarticular a un sector que concentra gran parte del empleo privado en el país.
El pedido expone la tensión entre la política oficial de ajuste y la necesidad de sostener a las empresas que generan trabajo. Mientras el Gobierno insiste en ordenar las cuentas públicas, el impacto social y económico de las medidas se multiplica y deja en evidencia el escenario crítico que enfrentan las pymes.