26/09/2016 - 09:35hs
La diputada nacional por la Coalición Cívica Elisa Carrió ampliará una denuncia contra el empresario del juego Cristóbal López, y la actual gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en base a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que indicaría que durante la administración pasada no se controlaron las máquinas tragamonedas instaladas en los casinos de Palermo y Puerto Madero.
La presentación de Carrió incluye al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ex presidente de Lotería Nacional Roberto Armando López.
La auditoría de control informático de la AGN determinó que Casino Club -la firma que gestiona López junto con otros empresarios- tenía “acceso físico y lógico” a los discos rígidos de Lotería Nacional en los cuales se almacenaba información.
Esta situación es considerada “inadmisible” por el organismo de control ya que, según establece la normativa vigente, “ningún concesionario puede tener acceso a las bases de datos del organismo público que lo supervisa”.
La auditoría de la AGN también detectó que Lotería no controló a los contadores de más de 300 máquinas tragamonedas de los barcos de Puerto Madero, por lo que “no se podría determinar cuánto dinero entró y salió de cada una de ellas”.
Además, el informe de AGN sostuvo que “la mayoría de las tragamonedas carecían de un sistema de energía ininterrumpida, por lo que “se alteraban los algoritmos del curso de las jugadas”.
Carrió ampliará la denuncia sobre la causa por asociación ilícita que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini, porque considera que la auditoría de la AGN es un hecho nuevo que involucra, a muchos de los exfuncionarios y empresarios ya señalados como López y Ricardo Echegaray.
La incorporación de Alicia Kirchner es porque al momento de que se produjeran las presuntas irregularidades, oficiaba como ministra de Desarrollo Social, que tiene bajo su órbita a la Lotería Nacional.
La primera causa por la falta de control de Lotería de las tragamonedas de López y Achával se inició el 3 de abril de 2014 y fue cerrada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.