25/08/2017 - 03:00hs
El Jurado de Enjuiciamiento resolvió ayer, por unanimidad, declarar admisibles las tres acusaciones contra el fiscal platense, señalado por múltiples irregularidades. En diez días podría quedar apartado de manera preventiva y en dos meses, suspendido
Con dos ausentes, nueve presentes y de forma unánime, el Jurado de Enjuiciamiento determinó ayer la apertura de un sumario contra el fiscal platense Fernando Cartasegna, por lo que se inició el proceso que podría concluir en su destitución.
Al mismo tiempo, este organismo aceptó el apartamiento preventivo solicitado por el procurador general de la Provincia, Julio Conte Grand. Por lo tanto, dentro de los próximos diez días Cartasegna podría ser suspendido, mientras que la instrucción se extenderá por dos meses. Sobre el extitular de la UFI nº 4 pesan requerimientos de los fiscales Álvaro Garganta, Ana Medina y Betina Lacki, además de una denuncia de Conte Grand, quien inició el trámite en mayo tras corroborar una serie de irregularidades y la posible comisión de delitos.
En la audiencia estuvieron presentes los legisladores Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador; Manuel Mosca y Marcelo Di Leo, de Cambiemos; además de los conjueces Ricardo Naredo, Pedro Toma, Amílcar Chiodo, Víctor Bernabéu y María Victoria Lorences, y la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Kogan. Faltaron los legisladores Pablo Gárate y Héctor Vitale.
Como se recordará, el cuestionado fiscal enfrenta cargos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del cargo e incumplimiento de promover la persecución y la represión, y falso testimonio agravado”.
Un plazo que fue acotado
Tras poco más de una hora de reunión, el titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios, Ulises Giménez, explicó en diálogo con diario Hoy que se decidió “por unanimidad abrir el sumario por el término de 60 días” y que “se trató un pedido de separamiento preventivo solicitado por Conte Grand, que se resolvió aceptar, por lo que se inicia ese procedimiento que es una cautelar dentro del proceso”. A partir de ahora, “se le corre traslado por 10 días al fiscal. Luego de ello, el Jurado tendrá la facultad de decidir el apartamiento preventivo, por lo que (Cartasegna) no podría volver a su lugar de trabajo”, agregó Giménez.
Si bien la etapa de instrucción en todo proceso es de 90 días, este jurado “acotó el plazo a 60”, al concluir que “se eleva a la presidencia de la Corte, que le corre traslado a los potenciales acusadores y, ya con acusación y defensa del denunciado, el Jurado decide si lo suspende o no”, explicó el funcionario.
“La suspensión trae aparejado que ya no podría renunciar y se le aplicaría una retención del 40 por ciento de sus haberes para las eventuales costas”, indicó el secretario del sistema de Enjuiciamiento provincial.
Las dudas sobre su salud mental
Cartasegna estuvo a cargo de la UFI nº 4 hasta el pasado 3 de mayo, cuando la Procuración lo licenció, luego de que acusara haber sido atacado a golpes por una persona en su despacho. Tras ese episodio, se realizó una auditoria en la que se detectaron varias presuntas anormalidades graves en la fiscalía. Entonces se impulsó una denuncia penal que quedó a cargo del fiscal Álvaro Garganta, quien citó a Cartasegna a indagatoria, lo cual, sin embargo, no se puede concretar hasta que este sea suspendido de su cargo.
En referencia a la salud mental del fiscal, Giménez explicó que tanto la Secretaría Permanente como el Jurado tienen “conocimiento de los peritajes que se hicieron en Gendarmería. Nosotros nos fuimos notificando de las causas, creemos que no va a haber ningún inconveniente y que su estado no le impedirá declarar”.
Luego aclaró que los abogados del extitular de la UFI nº 4 pueden presentar peritos de parte, pero quedará a consideración de la presidenta del jurado, Hilda Kogan, y sus miembros si el requerimiento es pertinente.
A casi cuatro meses de las escandalosas denuncias
Hasta fines de abril de este año, Fernando Cartasegna era el fiscal con mayor caudal de actividad en el Departamento Judicial de La Plata. Era el titular de la UFI nº 4, que además de ser una fiscalía de instrucción como las otras tenía competencia en temas de trata, pedofilia y barrabravas. Asimismo, encabezaba a la UFI nº 9 de Autores Ignorados.
Pero el 29 de abril todo comenzó a cambiar. Cartasegna denunció que fue reducido por dos hombres y una mujer con uniformes policiales en 8 entre 56 y 57, y que los desconocidos lo golpearon y amenazaron.
Horas más tarde aparecieron panfletos en el edificio judicial de 7, entre 56 y 57, y en la propia casa del fiscal, con mensajes intimidantes, junto a una foto suya y la frase “conozca al próximo Nisman”.
Cinco días después, Cartasegna fue hallado maniatado y tirado en el piso de su despacho de la UFI nº 4. Al respecto, dijo que lo habían sorprendido desde atrás para torturarlo y amenazarlo.
Ese día (el 3 de mayo último) el procurador Julio Conte Grand le otorgó una licencia. Fue entonces cuando el fiscal general Héctor Vogliolo designó a cuatro funcionarios para que se hicieran cargo de la UFI nº 4. Luego, una auditoría detectó presuntas irregularidades y eso derivó en una denuncia penal que recayó en la UFI nº 11 de Álvaro Garganta.
Garganta imputó a Cartasegna y a tres de sus empleados: Leandro Milone, Juan Manuel Valdés y Estela Lavalle por “violación de medios de prueba, incumplimiento de promover la persecución y represión e incumplimiento de los deberes de funcionario público” y por “falsedad ideológica de instrumento público”.
Por otra parte, la titular de la UFI nº 1, Ana Medina, con la colaboración de la fiscal Betina Lacki, investigaron las presuntas agresiones a Cartasegna. Esa pesquisa culminó con otra imputación contra el entonces titular de la UFI nº 4. Es que los peritos advirtieron que los afiches habían sido diseñados e impresos en el despacho de la presunta víctima. Por eso Cartasegna enfrenta una acusación por “falso testimonio agravado”.
Citan a declaración indagatoria a una ayudante fiscal platense
En las últimas horas, el fiscal platense Marcelo Romero imputó por los delitos de “incumplimiento en los deberes de funcionario público y omisión de denuncia obligatoria” a la ayudante fiscal adscripta a la ex-UFI nº 4, Patricia Tassano, quien se encargaba de los casos vinculados a la trata de personas.
De este modo, la funcionaria judicial deberá presentarse el miércoles próximo a las 9 para ser indagada. Tassano había sido citada en calidad de testigo semanas atrás, en el marco de la causa que investiga la desaparición del expediente de la búsqueda del cuerpo de Miguel Bru, el estudiante de Periodismo desaparecido en 1993.
En ese encuentro, la funcionaria judicial había dicho que la ayudantía fiscal de Trata se había pergeñado para delinquir y que no lo había denunciado antes porque le tenía miedo al fiscal Fernando Cartasegna. En aquella ocasión, Tassano dio a entender que extitular de la UFI nº 4 y otros empleados se quedaban con el dinero que se secuestraba en los operativos en prostíbulos.
Romero detalló que Tassano fue nombrada en la ayudantía fiscal por la exprocuradora María del Carmen Falbo el 27 de noviembre de 2014, se mantuvo en ese cargo hasta el 3 de mayo pasado y, a pesar de que advirtió irregularidades, nunca las denunció.