Ambas cámaras discuten iniciativas que buscan implementar protocolos de prevención y detección en espacios públicos y privados.
06/07/2024 - 00:00hs
Tras la media sanción del Senado al proyecto que tipifica el delito de compra y venta de menores de edad, endureciendo las penas, la Cámara de Diputados avanza en comisión con una iniciativa que pone en marcha protocolos de prevención y detección del abuso sexual contra niños y adolescentes. La iniciativa ganó terreno en medio del caso Loan Danilo Peña, el niño de 5 años desaparecido en Corrientes, hecho sobre el cual existen variadas hipótesis.
En la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de Diputados se avaló el proyecto de la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, que tiene como objetivo enfrentar la violencia sexual ejercida contra niños, niñas y adolescentes mediante la implementación de protocolos de prevención y detección en espacios institucionales públicos y privados.
“Estamos hablando de un delito totalmente distinto a otros del Código Penal. La mayoría de los casos de violencia sexual suceden en la familia, en el lugar donde los niños y niñas tienen que sentir la mayor protección”, señaló la legisladora respecto al proyecto que también lleva la firma de Carla Carrizo, Marcela Antola, Danya Tavela, Melina Giorgi, Alfredo Vallejos, Mariela Coletta, Natalia Sarapura, Martín Arjol y Marcela Coli.
En tanto, la Cámara alta aprobó esta semana el proyecto que se propone modificar el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años a “quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente de si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad”.
La modificación consiste en elevar la pena de prisión a entre 4 y 10 años al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un “precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa”.
En esa línea, incorpora el artículo 139, que prevé la pena de prisión de “5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa”. La iniciativa fue aprobada en general a mano alzada por los senadores con 63 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones.