03/11/2016 - 04:06hs
El exdirector de la empresa naval, Héctor Scavuzzo, “prendió el ventilador” ante el fiscal Jorge Paolini. Sostuvo en un escrito que el extitular de la cartera de Producción, Cristian Breitenstein, era el que retiraba el salario de empleados ficticios. La estafa alcanzaría los 16 millones de pesos
En todas las denuncias por corrupción durante el gobierno de Daniel Scioli, la Justicia penal aprieta y sale pus. Ahora se conoció que en el marco de la causa que investiga una millonaria estafa en Astillero, uno de los imputados, el exintendente de Coronel Pringles y exdirector de la empresa naval, Héctor Scavuzzo, declaró ante el fiscal Jorge Paolini y acusó al exministro de Producción, Cristian Breitenstein de haber sido el que retiró en varias ocasiones los sueldos de veinte empleados ficticios.
Scavuzzo indicó, de acuerdo a una fuente tribunalicia, que “Breitenstein en persona se presentaba en la dirección de pagos de sueldos y jornales de Astillero Río Santiago para llevarse el efectivo de los veinte empleados que él mismo había pedido designar y que nunca cumplieron funciones en la empresa naval”.
Ahora, Paolini intentará acreditar los dichos del imputado. Un vocero judicial explicó que “el fiscal buscará determinar si hay testigos. Es decir, empleados de Astillero que hayan visto al ministro llevándose el dinero de los supuestos ñoquis, y así lograr entidad probatoria”.
Scavuzzo está imputado como autor penalmente responsable del delito de peculado por los hechos acaecidos entre enero de 2012 y diciembre de 2013. Lo mismo que el exjefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Andrés Omar Ombrosi, mano derecha del extitular de esa cartera, Cristian Breitenstein.
Lo que investiga Paolini, titular de la UFI de Delitos Complejos de La Plata, es una presunta estafa millonaria a través de empleados “ñoquis”, varios de los cuales ni siquiera sabían que habían sido utilizados sus nombres para estas maniobras de ingeniería financiera corrupta. Hasta el momento Paolini acreditó la existencia de 95 empleados “truchos” y un desfalco de unos 16 millones de pesos.
La investigación judicial tiene ribetes escandalosos ya que varias de esas personas, al parecer, desconocían que sus nombres habrían sido utilizados en los contratos. Según informaron altas fuentes judiciales a diario Hoy, hay profesores de educación física y docentes que figuraban prestando asesoramiento, siempre al director de Astillero, de acuerdo a lo que surge de los contratos, en conocimientos de vías marítimas y alta tecnología naval.
Entre la evidencia que tiene Paolini están los legajos del personal sospechado, las listas totales de los agentes que trabajan en Astillero y la documentación que acredita los cheques emitidos para los respectivos haberes liquidados a los empleados “ñoquis”.
Sin bancarización y con domicilios lejanos
Lo que investiga la fiscalía es la participación de altos funcionarios de Astillero en la perpetración de la maniobra delictiva con la contratación de esos agentes “truchos”. Fuentes de tribunales señalaron que ese ardid estaría acreditado a partir de la documentación secuestrada en el área de Tesorería de Astillero.
Si bien la fiscalía realizó un recorte de 58 legajos con el fin de delimitar el análisis de la prueba a demostrar, se sospecha que podrían existir un total de 300 empleados “ñoquis” que percibieron esos beneficios durante los últimos cinco años, o en determinados períodos de ese mismo lapso.
La maniobra consistía en que gente incluida en un listado cobraba personalmente en efectivo en el astillero, cuando todo el cuerpo de trabajadores estaba bancarizado. “Cuando vimos los legajos comprobamos que mucha gente tenía domicilio muy lejos y que era muy difícil que prestaran funciones”, añadió Paolini.
Todo parece indicar que el robo estructural atravesaba varios ministerios durante la era sciolista. Y cabe destacar que Breitenstein se radicó en Alemania desde que se inició la causa por estafas en Astillero.
El origen de la investigación
La megacausa surgió a fines de 2013 cuando una vecina de la localidad bonaerense de Coronel Pringles fue a cobrar la Asignación Universal por Hijo. Pero en la ventanilla le dijeron que su beneficio había caducado debido a que el esposo, un trabajador rural de la zona, aparecía cobrando cerca de 30.000 pesos mensuales en Astillero.
La mujer y su marido, Gustavo Ferreyra, hicieron de inmediato la denuncia policial y judicial. Y esa presentación fue la punta del ovillo que permitió acreditar la existencia de los “ñoquis”.
Ferreyra era un humilde jornalero de Coronel Pringles al que le sacaron su DNI para cobrar un sueldo en el Astillero. Según los registros de la Anses, el hombre ingresó a la empresa naval en noviembre de 2012 con un salario de $24.632, pero nunca vio ese dinero.
Antes que el escándalo se diera a conocer, la familia recibió en su casa la visita inesperada de un desconocido que le dio el dinero correspondiente a dos meses de la Asignación Universal. Poco después, se reunieron en persona con el interventor de Río Santiago, en su estudio jurídico de Coronel Pringles, según consta en la denuncia judicial que hizo Ferreyra ante el fiscal Fernando Enrique Martínez de la ayudantía fiscal de Pringles.
“Ustedes me quieren sacar plata”, los habría acusado Scavuzzo. El funcionario también le adjudicó la culpa a la AFIP. “Es un error, ya está solucionado”, le dijo al jornalero y su mujer. La discusión no terminó en un acuerdo. Igualmente, al poco tiempo, la familia volvió a cobrar la ayuda social en el banco.
Imputados, pero libres
Además de los exfuncionarios sciolistas Héctor Scavuzzo y de Andrés Ombrosi, están imputados por la presunta estafa millonaria en Astillero, Rodolfo Guillermo Elisetch, excoordinador de Sueldos, Jornales y Personal Superior; Oscar Edgardo Borcerio, exsecretario de Presidencia, Julio Rubén Borovik, exgerente general y Emiliano Giri, quien fue detenido en marzo pasado y luego excarcelado.
Giri era en marzo de este año director de Turismo en el gobierno municipal de Mar del Plata, bajo el ala del intendente de Cambiemos, Carlos Arroyo.
Paolini pidió la detención de todos ellos por el delito de peculado, pero el juez de Garantías, Federico Mateos no avaló la medida privativa de libertad. El fiscal apeló, pero los estrados superiores consideraron pertinente que sigan excarcelados.