Causa Maldonado: declararon cuatro gendarmes y el Gobierno reconoció que “no se dijo la verdad”

La familia del joven desaparecido volvió a cuestionar al juez Otranto, quien rechazó el pedido de recusación. La comunidad mapuche busca ser querellante en la causa

Cuatro gendarmes que participaron del operativo de desalojo en el corte de ruta en Chubut donde se presume que de­sapareció Santiago Maldonado declararon ayer como testigos ante la Justicia Federal de Esquel. Mientras tanto, la familia del joven volvió a cuestionar al juez Guido Otranto. 

Ante el magistrado y la fiscal Silvia Ávila, declararon el alférez Emanuel Echazú (quien, aún herido con una fractura en el pómulo, labró el acta por el desalojo del 1º de agosto) y los cabos Darío Zoilán, Diego Ramos y Aníbal Cardozo. Los cuatro uniformados ingresaron al edificio judicial ubicado en 25 de Mayo y San Martín, en la localidad de Esquel, donde los esperaban el cuestionado juez Otranto, la fiscal Ávila y la abogada que representa a la familia de Maldonado, Verónica Heredia.

Zoilán, uno de los cuatro escopeteros del escuadrón El Bolsón, reconoció ante el Departamento de Seguimiento de Causas de Violencia Institucional y Delitos de Interés Federal del Ministerio de Seguridad haber efectuado “uno o dos disparos” con postas de goma a seis metros de distancia, a través de una barrera tupida de sauces, contra un manifestante que cruzaba el río Chubut. De este modo, ya suman quince los gendarmes que declararon en sede judicial.

El abogado de la fuerza de seguridad, Gustavo Dalzone, aseguró que “no existe ningún tipo de encubrimiento” entre los agentes. Sin embargo, el defensor público oficial ante la Justicia Federal de Esquel, Jorge Fernando Machado, señaló que con los testimonios se “va avanzando en un marco de prueba y confirmando hipótesis”. 

Machado dijo que las declaraciones “fueron fructíferas para avanzar en determinada hipótesis” y advirtió que la posibilidad de que agentes de gendarmería estén involucrados en la desaparición del joven es la teoría “que flota en el aire y tiene más fortaleza”. En ese marco, señaló que “más que lo que declaró Echazú es lo que ha declarado el resto” porque, explicó, hay “circunstancias que no se condicen con los dichos” de los declarantes. 

En medio del hermetismo impuesto a la investigación, la familia de Santiago Maldonado volvió a cuestionar al juez Otranto, quien rechazó la recusación que había sido pedida y giró las actuaciones a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con jurisdicción en la zona. Los familiares advirtieron que intentarán “hacer todo lo posible para lograr saber qué pasó con Santiago y dónde está. Eso solo podrá lograrse con una investigación seria, a cargo de un magistrado imparcial y eficaz”.

Sobre la decisión de Otranto de rechazar el pedido de recusación solicitado en las últimas horas, la familia enfatizó que “esto agrava el estado de incertidumbre sobre el futuro de la causa y, en especial, la suerte de Santiago”.

Por otra parte, la comunidad mapuche que tomó terrenos del grupo Benetton reclamándolos como propios realizó un pedido ante la Justicia para intentar sumarse como querellante en la causa. El escrito fue presentado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, la letrada Sonia Ivanoff y la “autoridad espiritual y filosófica” de la agrupación, Facundo Jones Huala.

A su vez, el ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que “lo que está saliendo a la luz” es que “probablemente” haya gendarmes que “no dijeron la verdad en un primer momento” sobre cómo fue su actuación durante el desalojo del 1º de agosto, donde Maldonado fue visto por última vez. El funcionario afirmó que esta nueva situación “ha dado un giro y un envión a la investigación”.

Las declaraciones del ministro de Justicia muestran un cambio de estrategia del Go­bierno nacional que, desesperadamente, busca despegarse del accionar de la Gendarmería, cuando desde la Casa Rosada en reiteradas ocasiones habían defendido con énfasis el accionar de los integrantes de esa fuerza durante el operativo.