21/09/2017 - 02:00hs
Al menos diez integrantes de la comunidad denunciaron malos tratos y exigieron la renuncia del juez Guido Otranto, quien lleva adelante el caso
Al menos diez integrantes de la comunidad mapuche Vuelta del Río, vecina a la Pu Lof de Cushamen, ocuparon ayer, durante cuatro horas, el Juzgado Federal de Esquel para denunciar malos tratos contra dos familias durante el operativo llevado a cabo el lunes pasado en el predio que habitan.
Los rastrillajes para dar con las pistas sobre el paradero de Santiago Maldonado, desaparecido desde el pasado 1º de agosto, fueron ordenados por el juez Guido Otranto, a quien le pidieron la renuncia al mismo tiempo que exigieron que se active la línea de investigación por desaparición forzada.
“Nos vamos a quedar hoy (por ayer) pacíficamente hasta que Otranto se vaya de su cargo. El magistrado quiere desviar la causa que está investigando. Si como juez dio orden de reprimir a nuestra comunidad, se tiene que hacer cargo tanto él como la fuerza de seguridad. Ellos son los culpables y se tienen que hacer cargo (sic), no pueden involucrar a gente humilde, trabajadora que no tiene nada que ver con ese tema”, declaró Marcelo Calfupán, uno de los manifestantes, antes que finalizara la medida.
Además de la renuncia, desde la comunidad exigieron una entrevista con el juez Otranto, quien durante la toma se encontraba a unos metros, en su despacho. El vocero mapuche denunció, además, que los habitantes de la Pu Lof fueron “asediados” por los integrantes de dicha fuerza de seguridad durante el operativo del pasado lunes.
La entrevista efectivamente les fue concedida a los manifestantes, razón por la cual cesaron con la medida de fuerza algunas horas más tarde de haberla iniciado.
Desde el inicio de la toma, los mapuches demandaban ser recibidos por el magistrado y éste se negaba, pero luego la situación se dio a la inversa: Otranto aceptó mantener un diálogo con la comunidad, pero éstos esperaban un consenso para aceptar la reunión. Finalmente, después del encuentro, definieron levantar la medida.
Gendarmería, complicada
Verónica Heredia, abogada de la familia de Santiago Maldonado, aseguró que otra testigo de la comunidad mapuche, Andrea Millañanco, se presentó a declarar ante la Fiscalía Federal de Esquel ante Silvina Ávila y afirmó que los gendarmes se “llevaron” al joven. “Esperamos que de una vez por todas se decidan a investigar la desaparición forzada”, sostuvo Heredia.
Otro pedido de recusación
Ariel Garsi, quien recibió una llamada desde el celular de Maldonado un día después de su desaparición, presentó ayer un pedido de recusación contra el juez Otranto por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “por omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Este pedido se suma a los ya presentados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y por la familia de Maldonado.
Irregularidades durante el rastrillaje
Un efectivo policial, integrante de la fuerza de Río Negro, aseguró haber encontrado cartuchos de bala de arma FAL y 9 mm durante el rastrillaje realizado en el predio que habita la comunidad mapuche Pu Lof. El uniformado, además, sostuvo que se lo informó a la fiscal federal a cargo de la causa, Silvina Ávila, quien le habría dicho que no los recolectara “porque no era lo que buscaban”.
El policía participó del operativo, ordenado por el juez Guido Otranto y llevado a cabo hace un más de un mes, y aseveró esta información en el marco de un procedimiento del Ministerio de Seguridad de dicha provincia patagónica.
Ahora el juzgado federal de Viedma investigará la declaración de este efectivo que pertenece a la división canes. La declaración del policía será investigada por la Justicia porque tanto el Gobierno nacional como la propia Gendarmería negaron haber usado armas de fuego durante el operativo del 1º de agosto, día en que Santiago Maldonado desapareció.